Jorge Armando Villanueva Mercado
Expediente 728/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2021
Partes del expediente
- Jorge Armando Villanueva Mercado
- JORGE ARMANDO VILLANUEVA MERCADO y Otros.
- Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la legislación de la materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal citado en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; por lo que, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso c) del artículo 21, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es destruible, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna; asimismo, se ordena la reanudación de términos que en el cuaderno incidental formado con motivo del incidente de suspensión. Ahora bien, en la continuación de la tramitación de los juicios deberán realizarse los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. En el presente expediente ya se dictó sentencia, la que se notificó el catorce de enero de la presente anualidad, por lo que del plazo contemplado en el numeral 86 de la legislación aplicable, no le ha comenzado a transcurrir, debido a las diversas suspensiones de plazos por la contingencia de salud; por lo cual, una vez que surta efectos la notificación del presente auto comenzará a computarse el referido término. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 5.2. Por lista a la parte quejosa que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese en los términos indicados
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VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 728/2020 promovido por Jorge Armando Villanueva Mercado, por sí y en representación de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales A. J. V. E y J. A. V .E; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veinte, ante este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Jorge Armando Villanueva Mercado, por sí y en representación de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales A. J. V. E y J. A. V.E., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridad siguientes: Autoridad responsable: Gobernador del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados. "1. La emisión del acuerdo relativo al -Regreso a la Normalidad en Nayarit-, dado a conocer por medio de su cuenta de Facebook, el sábado 30 de mayo de 2020, a las 9:00 horas; 2. Los Protocolos para la Reactivación Económica, relativo a la apertura de establecimientos de comercio, industria y servicios (sin turismo), como parte de la Nueva Normalidad en Nayarit; dados a conocer mediante su cuenta de Facebook, así como en la página oficial del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. La omisión de cumplir con los acuerdos emitidos por el Secretario de Salud Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 y 15 de mayo de dos mil veinte, concernientes a las acciones extraordinarias implementadas por la Secretaría de Salud para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), en particular lo correspondiente a permitir la apertura de comercio y servicios, relacionados con actividades consideradas no esenciales; 4. La omisión de proporcionar al suscrito un apoyo económico que garantice el mínimo vital del quejoso y mis menores hijos, por el tiempo que dure la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) .; 5. La omisión de establecer medidas sanitarias acordes a las emitidas por la Secretaría de Salud Federal tendentes a la protección de salud del quejoso en mi carácter de habitante del estado de Nayarit, conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria nacional en el -Semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa-; 6. La emisión del denominado -Calendario de Reapertura a partir del 1 de junio de 2020-; 7. El acuerdo dado a conocer el cinco de junio de dos mil veinte, mediante una transmisión en vivo en su cuenta personal de Facebook. mediante la cual contraviniendo a las disposiciones de sanidad general, permite la apertura en estado de los autolavados y papelerías; 8. La omisión por parte del Ejecutivo Estatal, de realizar las acciones preventivas necesarias para reforzar del sistema de salud, aplicando presupuesto de gasto público extraordinario para la adquisición de instrumentos de medicina critica, a fin de preparar el Estado de Nayarit para afrontar la pandemia COVID-19; y 9. La negligente omisión en atender a las disposiciones que en materia de salubridad general ha implementado la Secretaría de Salud, con la finalidad de mitigar y erradicar la pandemia generada por el virus SARS CoV2; en particular la referente a que únicamente pueden funcionar las actividades catalogadas como esenciales conforme a los acuerdos secretariales publicados en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo, 14 y 15 de mayo, todos de dos mil veinte." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por auto de diez de junio de dos mil veinte, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit tuvo por recibida la demanda en cuestión, registrándose bajo el número de expediente 728/2020; asimismo, se previno a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir de que surtiera efecto la notificación de ese auto, aclarara uno de los actos reclamados y la representación con la que se ostentaba. Luego, en proveído de doce de junio posterior, se tuvo al promovente del amparo dando cumplimiento a la prevención de mérito y, en consecuencia, este juzgado admitió a trámite la demanda en cuestión, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; 52, fracciones I, III y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve contra actos y omisiones emitidos por una autoridad administrativa y las normas legales que los sustentan, cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: Del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit: El acuerdo administrativo por el que se establecen estrategias para el retorno a las actividades en el ámbito de una nueva normalidad para Nayarit (en su denominación correcta), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el treinta de mayo de dos mil veinte. Los protocolos para la reactivación económica, relativo a la apertura de establecimientos de comercio, industria y servicios (sin turismo), como parte de la "Nueva Normalidad en Nayarit". La omisión de cumplir con los acuerdos emitidos por el Secretario de Salud Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el catorce y quince de mayo de dos mil veinte, concernientes a las acciones extraordinarias implementadas por la Secretaría de Salud para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), en particular, lo correspondiente a permitir la apertura de comercios y servicios relacionados con actividades consideradas no esenciales, pues, a dicho del quejoso, soslaya las disposiciones que, en materia de salubridad, implementó la referida secretaría, con la finalidad de mitigar y erradicar la pandemia generada por el virus de mérito), relativa a que únicamente pueden funcionar las actividades catalogadas como esenciales conforme a los acuerdos publicados el treinta y uno de marzo, de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. La omisión de proporcionarle un apoyo económico que garantice su mínimo vital, por el tiempo que dure la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). La omisión de establecer medidas sanitarias acordes a las emitidas por la Secretaría de Salud Federal tendentes a proteger su salud, conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria nacional en el "Semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa". El "Calendario de Reapertura a partir del 1 de junio de 2020". El acuerdo dado a conocer el cinco de junio de dos mil veinte, por medio del cual permite la reapertura de autolavados, librerías y papelerías. La omisión de realizar las acciones preventivas necesarias para reforzar el sistema de salud en el Estado, aplicando presupuesto del gasto público extraordinario, para adquirir instrumentos de medicina crítica. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en el "Calendario de Reapertura a partir del 1 de junio de 2020". Debe sobreseerse en el presente juicio respecto del acto reclamado materia del presente considerando, en razón de que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues tal acto es inexistente. En efecto, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, por conducto de su representante, negó la existencia del acto reclamado que se analiza, pues al respecto manifestó que no existía un documento con dicha denominación (Calendario de Reapertura a partir del 1 de junio de 2020), sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. Al respecto, es necesario precisar que el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por los quejosos, conduce al sobreseimiento. Ahora, en relación con supuesto precisado en el inciso b), si al rendir informe justificado la autoridad responsable niega el acto que le fue reclamado, corresponde al quejoso aportar los medios de prueba pertinentes a fin de desvirtuar esa negativa. Luego, si a pesar de dicha negativa, el quejoso no demuestra la existencia del acto que reclamó en la demanda de amparo, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Ahora bien, como se dijo, el Gobernador del Estado de Nayarit, al rendir su informe justificado, negó el acto que le fue reclamado, consistente en el "Calendario de Reapertura a partir del 1 de junio de 2020", sin que el quejoso aportara prueba que desvirtuara esa negativa; por tanto, no es cierto el acto reclamado de la autoridad aludida. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el acto en cuestión tiene la característica de una norma de observancia general, en términos del artículo 107, fracción I, inciso g, de la Ley de Amparo, y por ende, su existencia se podría acreditar en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que disponen que solo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Sin embargo, en el portal de internet del Periódico Oficial del Estado de Nayarit no se encuentra publicado el documento reclamado (Calendario de Reapertura a partir del 1 de junio de 2020), por lo que, al no existir prueba en contrario, se tiene como inexistente. En esos términos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el "Calendario de Reapertura a partir del 1 de junio de 2020". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado de Nayarit identificados con los incisos 1 y 2 de la relación citada en el considerando segundo de la presente sentencia Luego, negó el identificado con el inciso 7 de la relación de mérito; sin embargo, para efectos de la presente resolución, se desvirtúa dicha negativa, toda vez que ésta se limita a defender la constitucionalidad de su acto, pues afirma, que el acuerdo dado a conocer el cinco de junio de dos mil veinte, por medio del cual permite la reapertura de autolavados, librerías y papelerías no contraviene disposiciones de "sanidad general"; por tanto, al existir manifestaciones de certeza, se tiene como cierto el acuerdo combatido. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, del rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otra parte, el gobernador responsable negó las omisiones que se le atribuyen identificadas con los números 3, 4, 5, 6 y 8; sin embargo, también se deben tener por ciertos tales actos, en razón de que procede desvirtuar dichas negativas tomando en consideración su naturaleza, a saber, omisivos, pues en ese tipo de actos la carga de la prueba corresponde a la autoridad responsable, ya que es quien debe acreditar que no ha incurrido en las violaciones que se le reclaman, circunstancia que no aconteció en la especie, en virtud de que en el presente juicio no existe medio de convicción alguno que acredite que no han sido omisas en realizar los actos que el quejoso alega; por tanto, se reitera, para efectos de la presente resolución, se tienen como ciertos. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que en ella se informa, la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 392, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario." QUINTO. Sobreseimiento del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, página 553, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit solicita que se sobresea en el presente juicio, debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII del de la Ley de Amparo, pues el quejoso carece de interés para combatir los actos que reclama. El alegato anterior es fundado y, por ende, procede sobreseer en el juicio en que se actúa, toda vez que el quejoso carece de interés legítimo para reclamar los actos reclamados identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de la relación establecida en el considerando segundo de la presente sentencia. En efecto, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Asimismo, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". De dichos preceptos, se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo. La diferencia entre uno y otro estriba en que el primero requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo (es decir, que exista un sujeto titular del derecho involucrado); en cambio, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es decir, en el interés jurídico el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta; mientras que en el interés legítimo, la esfera jurídica del amparista se encuentra sumergida en el derecho jurídico tutelado, lo que lo coloca en una situación calificada dentro del orden jurídico; además, en este caso, no tiene la titularidad exclusiva de ese derecho. Apoya lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), consultable en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En ese orden de ideas, para acreditar el interés jurídico es necesario: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para acreditar el interés legítimo tiene que: a) existir una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. De manera que, en cada caso, la falta de alguno de los elementos que conforman el interés jurídico o el interés legítimo, implica que éstos no se tengan por acreditados. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Página: 1598, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, la falta de cualquiera de los dos elementos citados trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés necesario para ejercer la acción constitucional. En ese sentido, los elementos que conforman el interés jurídico o legítimo deben acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus derechos. De ahí que, el interés debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio de amparo. Por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Ahora, en el caso, el quejoso comparece al presente juicio, en su calidad de habitante del Estado de Nayarit, a reclamar, entre otro, los siguientes actos: El acuerdo administrativo por el que se establecen estrategias para el retorno a las actividades en el ámbito de una nueva normalidad para Nayarit (en su denominación correcta), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el treinta de mayo de dos mil veinte. Los protocolos para la reactivación económica, relativo a la apertura de establecimientos de comercio, industria y servicios (sin turismo), como parte de la "Nueva Normalidad en Nayarit". La omisión de cumplir con los acuerdos emitidos por el Secretario de Salud Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el catorce y quince de mayo de dos mil veinte, concernientes a las acciones extraordinarias implementadas por la Secretaría de Salud para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), en particular, lo correspondiente a permitir la apertura de comercios y servicios relacionados con actividades consideradas no esenciales, pues, a dicho del quejoso, soslaya las disposiciones que, en materia de salubridad, implementó la referida secretaría, con la finalidad de mitigar y erradicar la pandemia generada por el virus de mérito), relativa a que únicamente pueden funcionar las actividades catalogadas como esenciales conforme a los acuerdos publicados el treinta y uno de marzo, de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. La omisión de proporcionarle un apoyo económico que garantice su mínimo vital, por el tiempo que dure la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). La omisión de establecer medidas sanitarias acordes a las emitidas por la Secretaría de Salud Federal tendentes a proteger su salud, conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria nacional en el "Semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa". El acuerdo dado a conocer el cinco de junio de dos mil veinte, por medio del cual permite la reapertura de autolavados, librerías y papelerías. La omisión de realizar las acciones preventivas necesarias para reforzar el sistema de salud en el Estado, aplicando presupuesto del gasto público extraordinario, para adquirir instrumentos de medicina crítica. Lo anterior, sobre la base de que son inconstitucionales, pues transgreden su derecho a la salud, en su vertiente de protección. Ahora bien, de la demanda de amparo, se observa que tales afectaciones el quejoso no las reclama con motivo de la trasgresión su interés jurídico sino sostiene que se vulneran derechos reconocidos en favor de una colectividad de la que dice formar parte; por tanto, en el presente caso, el quejoso ostenta interés legítimo en relación con los actos reclamados. Se considera de esa manera, pues, en su calidad de habitante del Estado de Nayarit, comparece al presente juicio a combatir los actos en análisis sobre la base de que no sólo afectan su derecho a la salud, en su vertiente de protección, sino también el de sus hijos menores de edad y, en general, el de la población del Estado de Nayarit, solicitando protección constitucional con la finalidad de proteger el aludido derecho humano. De manera que la legitimación del quejoso descansa en el hecho de ser habitante del Estado de Nayarit. Entonces, como se explicó, primero es necesario demostrar que la esfera del amparista se encuentra sumergida en el derecho jurídico tutelado, colocándolo en una situación calificada dentro del orden jurídico. Por lo que, en primer término, se debe analizar si se cumple con el requisito previsto en el inciso a, para la demostración del interés legítimo, esto es, si el derecho a la salud se encuentra tutelado dentro del orden jurídico mexicano. Al respecto, se observa que el derecho a la salud se encuentra tutelado en el párrafo cuarto del artículo 4 constitucional; dicho precepto establece: "Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.". De lo anterior se concluye que el derecho a la protección de salud se encuentra tutelado en favor de todas las personas dentro del orden jurídico mexicano; por tanto, se encuentra demostrado el elemento señalado en el inciso a. Por otro lado, se advierte que la esfera jurídica del amparista se encuentra sumergida dentro del derecho constitucional invocado, pues, en efecto, éste reconoce a toda persona el derecho a la protección de la salud. Por tanto, se encuentra demostrado el elemento destacado en el inciso c, pues el quejoso se encuentra comprendido dentro de la colectividad en cuyo favor se establece el aludido derecho. Ahora bien, para analizar si también se acredita el requisito destacado en el inciso b, es oportuno recordar que el quejoso reclama los acuerdos generales y las omisiones destacadas en el considerando segundo de la presente sentencia sobre la base de que impactan de manera directa en su derecho a la salud y en el de sus hijos menores de edad, pues al ser habitantes del Estado de Nayarit, les afectan tales actos. Entonces, en este caso, para acreditar si el acto reclamado afecta derechos tutelados por el orden constitucional, es necesario que el quejoso demuestre ser habitante del Estado de Nayarit, pues únicamente de esa manera se podría demostrar que las acciones y omisiones realizadas por el Gobernador de la citada entidad le afectan. En ese contexto, para acreditar lo anterior -interés legitimo- la parte quejosa adjuntó a su demanda y escrito aclaratorio, los siguientes documentos: Copia fotostática simple de la credencial de elector expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral. Actas de nacimiento de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales A. J. V. E y J. A. V .E. Clave Única de Registro de Población expedida a su favor. Original del recibo de cobro de luz eléctrica y agua potable, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad y Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, respectivamente, a nombre de María Guadalupe Jacobo Vidal, respecto del domicilio ubicado en calle San Juan, número treinta y uno, fraccionamiento Rivera de la Laguna en esta ciudad. Sin embargo, dichas constancias son insuficientes para demostrar el interés legítimo del quejoso, debido a que las identificadas con los incisos 2 y 3 aun cuando tienen valor pleno, no demuestran que los quejosos habitan en el Estado de Nayarit, pues de su contenido se desprende que son originarios de la citada entidad, pero de modo alguno que actualmente ahí radiquen. Ahora, en relación con la identificada en con el número 4, se despende que María Guadalupe Jacobo Vidal celebró contratos de energía eléctrica y de agua potable con la Comisión Federal de Electricidad y Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, respectivamente, respecto del domicilio ubicado en calle San Juan, número treinta y uno, fraccionamiento Rivera de la Laguna en esta ciudad, sin que de su contenido se desprenda que ahí vivan los quejosos. Luego, la identificada en el punto 1, carece de valor probatorio al haber sido presentada en copia simple y no adminicularla con algún otro elemento probatorio para demostrar el hecho en el que descansa su interés legitimo, es decir, de la circunstancia de que demuestre que los quejosos son habitantes del Estado de Nayarit. Lo anterior resulta insuficiente para acreditar dicho interés pues al tratarse de un documento simple no cuenta con valor probatorio, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Es decir, al presentar la copia simple del referido documento no existe certeza de que nos encontremos ante un acto cierto y, por ende, es insuficiente para demostrar el interés del quejoso para combatir los actos materia del presente considerando. En lo conducente, sirve de apoyo el criterio establecido en la Jurisprudencia número IV.3o. J/23, emitida por la Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el página 510, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." De ahí que los documentos exhibidos resultan insuficientes para acreditar el interés legítimo del quejoso, pues es necesario que existan pruebas ciertas a partir de las cuales pueda inferirse éste, lo que, se insiste, no acontece en la especie. Esto, pues la acreditación del interés, parte de la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una inferencia, el juzgador de amparo pueda presumir lógicamente que quien solicita la el amparo y protección de la Justicia Federal resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. De manera que sin la acreditación de hechos, circunstancias o documentos, ciertos y conocidos por virtud de los cuales pueda derivarse el interés en comento, no es posible tenerlo por acreditado. Por tanto, el quejoso no demostró el requisito señalado en el inciso b, ya que no acreditó la afectación a su derecho a la salud, en su vertiente de protección, por los actos y omisiones del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, pues no acreditó ser habitante de dicha entidad. En suma, si bien el quejoso demostró tener la titularidad de derechos previstos constitucionalmente (derecho a la salud), así como que su esfera jurídica se encuentra inmersa en ese derecho, lo cierto es que no demostró la afectación ocasionada por el acto reclamado, pues los actos reclamados los combate por ser habitante del Estado de Nayarit, lo cual no acreditó en juicio. En consecuencia, al carecer de interés legítimo en relación con los actos reclamados materia del presente considerando, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo conducente es sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. En la inteligencia de que los sobreseimientos referidos, impiden el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 57, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos que Jorge Armando Villanueva Mercado, por sí y en representación de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales A. J. V. E y J. A. V .E., reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por las razones indicadas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Josué Jesús Gaona Ortiz, que autoriza y da fe, hasta hoy diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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