Jorge Armando Solis Rangel

Expediente 908/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
908/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Armando Solis Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II En la Ciudad de México, a las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas en auto de dieciséis de octubre del año en curso (fojas 6 a 12), para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 908/2018-II-A, promovido por Jorge Armando Solís Rangel, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido del Secretario Víctor Hugo Sánchez Frías, que da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Con motivo de lo anterior, el Juez provee: Se tiene por hecha la relación de constancias y de conformidad con el artículo 117 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Acto seguido, se ordena abrir el periodo probatorio. En el referido estadio procesal, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció algún medio de convicción. Al respecto, el Juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes de ofrecer pruebas, se cierra dicho periodo. En la etapa de alegatos el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; al respecto, el Juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos; se cierra este periodo. Con lo anterior se concluye la audiencia constitucional; el Juez procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 908/2018-II-A; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Armando Solís Rangel, presentó demanda de amparo en la que reclamó de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades: LA ORDEN DE TRASLADO DEL MÓDULO CINCO AL MÓDULO DE ALTA SEGURIDAD DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA Y/O PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA Y/O PENITENCIARÍA, A UN RECLUSORIO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL. SU EJECUCIÓN. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como prerrogativas fundamentales violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales. TERCERO. Trámite seguido en el juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; por auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se radicó bajo el registro 908/2018-II-A, se admitió a trámite, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados, se solicitó a las autoridades responsables informe de suspensión de plano y justificado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que los actos reclamados tendrán ejecución dentro de la demarcación territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción en términos del punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que Jorge Armando Solís Rangel reclama: LA ORDEN DE TRASLADO DEL MÓDULO CINCO AL MÓDULO DE ALTA SEGURIDAD DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA Y/O PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA Y/O PENITENCIARÍA, A UN RECLUSORIO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL. SU EJECUCIÓN. Atribuidos a autoridades administrativas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De autos se aprecia que las autoridades responsables al rendir informe justificado negaron los actos que se les atribuyen. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 180, fracción III, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccionales, que determinan el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, se ordena al Secretario supervise que la analista jurídico encargada del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio promovido por Jorge Armando Solís Rangel. SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena al Secretario supervisar la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que así lo acredite a los presentes autos.

  2. Principal

    MESA II Agréguense los oficios de cuenta mediante los cuales las autoridades suscriptoras rinden informes relativos a la suspensión de plano e informes justificados; con fundamento en los artículos 126 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrar la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que indican las autoridades responsables que los señalaron y como domicilio para recibir notificaciones el que proporcionan. En cuanto a diversas peticiones en el sentido de que se sobresea en el juicio de amparo, sus manifestaciones se tomarán en cuenta al momento de dictar el fallo respectivo. Téngase como denominación correcta de las autoridades oficiantes que lo solicitan, la que refieren; en virtud de lo anterior, se instruye a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice los ajustes respectivos en la base de datos a su cargo.

  3. Principal

    MESA II Vista la demanda de amparo presentada por Jorge Armando Solís Rangel, contra actos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales, se provee: PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS Tratándose de los actos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, deben existir situaciones de modo, tiempo y lugar, de las cuales se infiera que las violaciones al artículo 22 Constitucional sean reales, y no simples expectativas o suposiciones de su posible existencia. En atención a lo anterior, resulta incuestionable que en el caso a estudio, respecto de las manifestaciones del quejoso en donde señala que "El hecho de trasladarme a diferente centro de reclusión me dejaría expuesto y sin defensa alguna a MALTRATOS, AZOTES, GOLPES por parte de diversas personas", no implican una violación al artículo 22 Constitucional; al ser actos futuros e inciertos por lo cual no es procedente tener tales manifestaciones como actos reclamados, y por tanto, tampoco realizar pronunciamiento en relación a la suspensión de oficio prevista en el numeral 126 de la ley de la materia, dado que la orden de traslado reclamada aún no se ha ejecutado y por ende, los maltratos, azotes, golpes, que refiere podría sufrir, son actos futuros e inciertos. En el entendido que es responsabilidad de las autoridades penitenciarias garantizar la integridad física del quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. ADMISIÓN Con fundamento en los numerales, 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 908/2018-II-A y admítase, respecto de los actos reclamados consistentes en: LA ORDEN DE TRASLADO DEL MÓDULO CINCO AL MÓDULO DE ALTA SEGURIDAD DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA Y/O PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA Y/O PENITENCIARÍA, A UN RECLUSORIO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL. SU EJECUCIÓN. Atribuidos a autoridad administrativa. SUSPENSIÓN DE PLANO Cobra relevancia que la parte quejosa no designó dentro de las autoridades responsables a ninguna de índole judicial. Ahora, se impone traer a contexto los numerales 15, párrafos primero y segundo, y 126 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." En esa tesitura, el acto consistente en LA ORDEN DE TRASLADO DEL MÓDULO CINCO AL MÓDULO DE ALTA SEGURIDAD DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA Y/O PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, carece de alguna intervención de autoridad judicial, por ende, se trata de un acto fuera de procedimiento, lo que hace que se torne procedente decretar la suspensión de plano. En consecuencia, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO para el único efecto de que el quejoso no sea reubicado de dormitorio y/o módulo, y se garantice su integridad en el lugar donde se encuentra recluido. Esta suspensión no surtirá efecto alguno si la reubicación reclamada OBEDECE AL RIESGO EN LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS, EN LA DEL PROCESADO O SENTENCIADO O POR URGENCIA MÉDICA. Es aplicable la tesis aislada I. 4o. A. 89 K, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Página: 536, Octava Época, que señala: "SUSPENSION. CUANDO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO CON EL OTORGAMIENTO DE LA. Si bien la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo dispone que se decretará la suspensión del acto reclamado siempre que no se contravengan disposiciones de orden público, ello se refiere a intereses de tal manera importantes que con la concesión de la medida cautelar se pueda causar daño a la colectividad y no sólo a intereses particulares." Asimismo, en el supuesto de que el quejoso ya haya sido reubicado, con fundamento en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE A JORGE ARMANDO SOLÍS RANGEL, LA SUSPENSIÓN DE PLANO CON EFECTO RESTAURATIVO; esto es, para el efecto de que sea reubicado en el dormitorio que originalmente tenía asignado, en virtud de que, de no paralizarse el acto reclamado, se corre el riesgo de que se sufra en su totalidad la violación alegada y el juicio de amparo principal quede sin materia, lo que contradice la finalidad de la medida suspensional de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.10o.P.1 P (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2725, Libro 33, Tomo IV, Agosto de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de texto y rubro siguientes: "REUBICACIÓN DE UN INTERNO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A UNA CELDA DE CASTIGO COMO MEDIDA DISCIPLINARIA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CON EL EFECTO RESTAURATIVO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 147, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. En la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 y la posterior emisión de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se evidenció la voluntad del legislador de garantizar que el juicio de amparo sea una herramienta eficaz en la protección y restauración de los derechos humanos; en función de lo cual, con el artículo 147, párrafo segundo, de la citada ley, se ampliaron los efectos de la suspensión, para que en los casos en que la naturaleza del acto reclamado lo permita, esa figura sirva como medida restitutoria provisional de los derechos afectados por determinado acto y así evitar que el proceso constitucional autónomo pierda su materia al haberse consumado la afectación irremediable a los derechos del quejoso. Por lo anterior, cuando el acto reclamado se hace consistir en una medida disciplinaria impuesta a un interno de un centro penitenciario, como lo es su reubicación a una celda de castigo, y tomando en cuenta que por la premura con que el Juez de amparo resuelve sobre la medida cautelar, no se cuenta con elementos que permitan presumir la legalidad del referido acto, debe concederse la suspensión solicitada con el efecto restaurativo a que se refiere el precepto mencionado, a fin de restablecer al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado, a efecto de que se le reinstale en el dormitorio que originalmente le fue asignado, toda vez que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela], al estar limitada la utilización de las celdas de castigo al tiempo estrictamente necesario y otros requisitos cuyo incumplimiento se traduce en actos de tortura, de no paralizarse el acto reclamado, se corre el riesgo de que se sufra en su totalidad la violación alegada y el juicio de amparo principal quede sin materia, lo que contradice la finalidad de la medida suspensional de que se trata." Por otra parte, respecto del traslado de reclusorio reclamado, cobra relevancia que la parte quejosa no designó dentro de las autoridades responsables a ninguna de índole judicial. Sobre ese punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 137/2015, determinó que si una orden de traslado se ejecuta sin intervención de alguna autoridad judicial, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, debe considerarse como un acto fuera de procedimiento. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, página 247, registro 2010596, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado." Sentado lo anterior, procede DECRETAR DE PLANO LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA Y/O PENITENCIARÍA, A UN RECLUSORIO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y SU EJECUCIÓN, para el único efecto de que el quejoso no sea trasladado y se garantice su integridad en el lugar donde se encuentra recluido. Apoya lo expuesto la tesis aislada VII.2o.P.9 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el viernes 11 de marzo de 2016, Materia Común, registro 2011274, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CONTRA EL TRASLADO DE UN PROCESADO O SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SI FUE ORDENADO ÚNICAMENTE POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de plano y de oficio, entre otros, contra actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 247, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", precisó que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la orden de trasladar a un procesado o sentenciado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que, cuando tal mandamiento es emitido por una autoridad administrativa sin la intervención de aquél, debe considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. En ese orden de ideas, contra el mencionado traslado ordenado únicamente por una autoridad administrativa, procede decretar la suspensión de plano, en términos del aludido artículo 126." Esta suspensión no surtirá efecto alguno si el traslado reclamado OBEDECE AL RIESGO EN LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS, DEL SENTENCIADO O POR URGENCIA MÉDICA. Es aplicable la tesis 89, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 536, Tomo XIV, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "SUSPENSIÓN. CUANDO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO CON EL OTORGAMIENTO DE LA. Si bien la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo dispone que se decretará la suspensión del acto recamado siempre que no se contravengan disposiciones de orden público, ello se refiere a intereses de tal manera importantes que con la concesión de la medida cautelar se pueda causar daño a la colectividad y no sólo a los intereses particulares." En la inteligencia que las autoridades responsables deben informar dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento de esta determinación. En virtud de lo anterior, se solicita a las referidas responsables, rindan informe de suspensión de plano por vía estafeta, correo electrónico (victor.sanchez.frias@correo.cjf.gob.mx) o por fax; en la inteligencia que si lo envían por correo electrónico o fax, deberán comunicarse al número telefónico 0155-53-22-17-00 extensiones 1307 y para confirmar 1326 ó 1324. Apercibidas que de incumplir con lo que aquí se ordena, se impondrá a la omisa multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, acorde a lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito previsto en el numeral 265, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que los actos combatidos se encuentran en las hipótesis previstas en el artículo 126 de la ley de la materia antes transcrito. La suspensión otorgada en este proveído no surte efectos tratándose de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables. La medida cautelar surte efectos hasta en tanto se les notifique a las autoridades responsables el auto de ejecutoria que se dicte en el presente asunto. INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlos dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación, para lo cual tendrán que acompañar, en su caso, copias fotostáticas certificadas, legibles, completas y en orden cronológico, de las constancias que sean necesarias para apoyarlo. Apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del propio ordenamiento legal, se les impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 251 de la citada ley, así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivo y subjetivo que para tal fin deban cubrirse. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en lo estipulado en el normativo 64 de la ley invocada, se previene a la parte quejosa y a las autoridades responsables para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento e informen, si en relación a los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así indiquen el número de expediente, el Juzgado de Distrito que le tocó conocer y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 251 de la citada ley, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de Unidad de Medida y Actualización, así mismo se apercibe a la autoridad responsable que de no informar a este juzgado, la existencia de un diverso juicio de amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5, fracción IV, de la misma normatividad, se ordena notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados, en términos del artículo 12 de la ley de la materia a Luis Ángel Martínez Espinosa, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las demás personas que señala para tal efecto por así solicitarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a la Secretaria y Actuarios Judiciales adscritos a firmar los oficios de este juicio de amparo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,669 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano