Jorge Armando Sifuentes Martínez
Expediente 1104/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Armando Sifuentes Martínez
- Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad.
- Licenciado Luis Hernández Zúñiga, Juez de Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, por haberse sobreseído en el juicio, y en la inteligencia de que en el presente asunto, no obra algún documento original exhibido por las partes, este es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el artículo 20, fracción I del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". Conforme a lo ordenado en el numeral 34, segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 1104/2022-VII, promovido por Jorge Armando Sifuentes Martínez contra el acto que reclamó al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada en el buzón judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, el nueve de diciembre de dos mil veintidós y recibida en este juzgado por razón de turno, el doce de diciembre siguiente, la parte quejosa Jorge Armando Sifuentes Martínez solicitó la protección constitucional contra el acto que reclamó al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, el cual hizo consistir en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, mediante la cual, el juez de ejecución responsable concedió al ahora quejoso el beneficio de la remisión parcial de la pena dentro de la carpeta de ejecución 3/2015, por el lapso de 1,795 días. SEGUNDO. Admisión de demanda. El trece de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, asignándole el expediente 1104/2022-VII, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, emplazó a juicio al tercero interesado, y programó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede, por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, el suscrito Juez es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, 49, 50, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde puede tener ejecución la orden de aprehensión reclamada. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Del análisis íntegro y cuidadoso del cúmulo de constancias que integran el presente asunto, se colige que el acto que el quejoso reclama, se hace consistir en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, mediante el cual, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, concedió al ahora quejoso el beneficio de la remisión parcial de la pena dentro de la carpeta de ejecución 3/2015, por el lapso de 1,795 días. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la resolución reclamada, para lo cual, a fin de apoyar su dicho, el juez de ejecución responsable remitió copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta de ejecución de origen, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tal consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En efecto, en el caso procede decretar el sobreseimiento en el juicio, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que indican lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.-." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos establecen los términos para promover el juicio de amparo indirecto; de donde se aprecia, que es improcedente cuándo este se promueve fuera del plazo de quince días siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento del acto que le ocasiona perjuicio; al día siguiente al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado o; al en que se hubiere ostentado sabedor del mismo. De lo expuesto, se advierte que la intención del legislador fue la de establecer en forma clara y precisa, que el término para la interposición de la demanda de amparo, empezará a computarse al día siguiente al en que se actualice cualquiera de las citadas hipótesis. Tiene aplicación al respecto, por no contravenir lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1a./J.30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y seis, del Tomo XXV, Mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Así, en el caso, el quejoso reclama la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, mediante el cual, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, concedió al ahora quejoso el beneficio de la remisión parcial de la pena dentro de la carpeta de ejecución 3/2015, por el lapso de 1,795 días. Luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se aprecia que la resolución reclamada fue notificada al quejoso el veinticinco de febrero de dos mil veintidós; de ahí que, resulta evidente que a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación inició el cómputo del plazo para ejercitar la acción de amparo, habida cuenta que las resoluciones pronunciadas en las audiencias judiciales se entienden notificadas a los intervinientes en ese mismo acto. Por tanto, el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la presentación de la demanda de amparo, en el caso como el que nos ocupa, se computa a partir del día siguiente hábil al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada, iniciando así dicho término el veintiséis de febrero de dos mil veinte, concluyendo el diecisiete de marzo siguiente, sin contar los días veintinueve de febrero, siete, ocho, catorce y quince de marzo de dos mil veinte, al haber sido inhábiles, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, es evidente que la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, no fue presentada dentro del término de quince días que prevé el mencionado numeral 17 de la ley en aplicación, pues la misma se presentó hasta el nueve de diciembre de dos mil veintidós, tal como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta localidad, asentado al margen superior del escrito de demanda; de lo cual resulta evidente, que entre esta fecha y en la que tuvo conocimiento la parte quejosa del acto reclamado, ha transcurrido en exceso el término de quince días indicado, quedado de manifiesto su extemporaneidad. Cabe señalar, que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido cardinal 17 de la Ley de Amparo, en la medida en que no se reclama una ley general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); ni tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que la resolución reclamada se emite dentro de un procedimiento penal; ni existe incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se realiza la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sobre el particular, es puntualmente aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Cabe precisar, que, primero se debe verificar las cuestiones de procedencia de dicho juicio, las cuales no puede soslayar el suscrito con el hecho de que en la demanda se aluda a cuestiones como violaciones a los derechos humanos contenidos en los Tratados Internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, aplicación de la jurisprudencia respecto al tema, al principio pro homine, al principio de supremacía constitucional y al ejercicio de control de convencionalidad. Ello es así, porque si bien, la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio hermenéutico de pro persona o pro homine, mismo que consiste por parte del Juzgador en interpretar las normas relativas a los derechos humanos conforme a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a la luz del derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 del Pacto Federal; efectuando además un control de convencionalidad ex officio en el marco de las respectivas atribuciones, inaplicando las normas generales que se consideren violatorias de los derechos humanos contenidos en la normatividad precisada. Sin embargo, ello no implica, que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe el que no se cumplan con los requisitos previstos en los ordenamientos internos como condición para emprender tal análisis, pues el respeto a las normas procesales, es precisamente la vía a través de la cual se garantiza una resolución adecuada. Por tanto, la incorporación del referido principio de interpretación no implica el dejar de observar los principios constitucionales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo considerado, en la parte que interesa, la Tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, del Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es oportuno citar la Tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." De lo que se sigue, que resulta incuestionable el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVII y con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Armando Sifuentes Martínez contra el acto que reclamó al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ya fue emplazado al presente juicio el tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, encargado de la carpeta de ejecución de origen 3/2015; por tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le pone a la vista el informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que se imponga de su contenido y haga valer lo que a su derecho corresponda, sin perjuicio de hacer relación de él, en la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería de celebrarse en esta fecha, y en su lugar se programa para las once horas con diez minutos del trece de abril de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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