Jorge Armando Santiago Martínez

Expediente 274/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 47 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
274/2021
Año
2021
Actuaciones
47
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Jorge Armando Santiago Martínez
  • Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)
  • Juez de Control de Juicios Orales de Pinotepa Nacional, del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos, como se advierte que en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio principal de donde deriva esta incidencia, causó ejecutoria la sentencia que por una parte sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.En esas condiciones, y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido.Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta determinación, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión.Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó la protección constitucional a Jorge Armando Santiago Martínez (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA SENTENCIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino: Ahora, toda vez que en la sentencia autorizada el veintiocho de febrero del año en curso, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó la protección constitucional a la parte quejosa; transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme la fracción I inciso b) artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución de disco. Por lo anterior, remítasele a la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, residente en Santiago Pinotepa Nacional; un disco versátil digital certificado, que contiene registro de audio y video de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 0056/2016 de su índice; documental que en su momento, envió a este órgano jurisdiccional como apoyo a su informe justificado. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 274/2021, que promovió *** por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadoras señalo A) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PINOTEPA NACIONAL, del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca (.) B) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA (.) C) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA (.) D) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE PINOTEPA NACIONAL, del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca (.) E) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA (.). Y como ejecutoras señalo A) Al Fiscal encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto (.) B) C. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (.) C) al C. Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) de la Agencia Estatal de Investigaciones (A.E.I.) (.) D) Al Vicefiscal Regional de la Costa (.), F) Al Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Río Grande, Tututepec, Oaxaca (.) G) Al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Río Grande, Tututepec, Oaxaca (.) H) Al Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Santiago Jamiltepec, Oaxaca (.) I. Al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Santiago Jamiltepec, Oaxaca (.). J) Al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Pinotepa Nacional, Oaxaca (.). H) Al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Pinotepa Nacional, Oaxaca (.). IV. ACTOS RECLAMADOS: De las ordenadoras reclamo las órdenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia, citación, libradas en mi contra para privarme de la libertad, y de las ejecutoras el cumplimiento material que pretenden darle a dichos mandamientos". Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículo 7, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y fracción I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; asimismo, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Primera prevención. En acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el registro de la demanda en el libro de gobierno, con el número 274/2021; y ante las inconsistencias advertidas, se requirió a la parte quejosa para que realizara lo siguiente: "a) Deberá explicar la relación jurídica que tenga la demanda de amparo promovida con las personas de nombre ***; b) En su caso, deberá precisar quién o quiénes serán los promoventes del presente juicio; c) Manifieste(n) si también reclama la orden de cateo que señala en el capítulo de hechos de su demanda de amparo; y d) Deberá(n) señalar la fecha exacta en que tuvo o tuvieron conocimiento de las órdenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia, citación, o en su caso, cateo". TERCERO. Segunda prevención. Mediante escrito recibido en este Juzgado el seis de abril de dos mil veintiuno, el quejoso pretendió cumplir con la prevención efectuada; sin embargo, al diferir la firma que obraba en el ocurso, se ordenó su ratificación mediante despacho. Una vez ratificado, al existir nuevos elementos para prevenir, en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se requirió de nueva cuenta al quejoso para que, bajo protesta de decir verdad, manifestara la fecha exacta en que tuvo conocimiento de la orden de cateo. CUARTO. Admisión y trámite de la demanda. Según escrito recibido en este Juzgado el siete de junio de dos mil veintiuno, el peticionario de amparo cumplió con la prevención efectuada; por lo que, en proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa manifestando: "A. Las personas de nombre ***, no tienen ninguna relación jurídica con la demanda de amparo que el quejoso presentó, y que sus nombres aparecen en dicha demanda por error de redacción. B. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que el *** es el promovente del presente juicio de amparo. C. Manifiesta que también reclama la orden de cateo, a que hace referencia en el capítulo de hechos de su demanda de amparo. D. Manifiesta que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión el día dieciséis de marzo del presente año; asimismo, la orden de cateo tuvo conocimiento el día diecisiete de marzo de la presente anualidad". Con base en ello, en el citado acuerdo se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diversos diferimientos, se verificó al tenor del acta que antecede. QUINTO. Emplazamiento a la parte tercera interesada. En proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno (fojas 155 y 156 del juicio de amparo), se ordenó emplazar a este juicio, a la parte tercera interesada, carácter que le fue reconocido a la víctima indirecta *** y al agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca; el primero, fue emplazado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 188 y 189) y, el segundo, el veintidós de julio de dos mil veintiuno (fojas 168 y 169). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se promueve contra actos de naturaleza penal. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La presentación de la demanda de amparo es oportuna, en la medida que el quejoso indicó que tuvo conocimiento de los actos reclamados, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (por lo que ve a la orden de aprehensión), y diecisiete del citado mes y año (en cuanto a la orden de cateo), según lo manifestó bajo protesta de decir verdad; en tanto que la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; lo que evidencia que dicho escrito se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de forma clara y precisa el acto reclamado, por lo que de la lectura de la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que la parte quejosa reclama: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS: ORDENADORAS Y EJECUTORAS 1. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PINOTEPA NACIONAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. 1. Aprehensión; 2. Detención; 3. Presentación; 4. Comparecencia; 5. Citación; 6. Cateo; 7. El cumplimiento material que pretenden darle a dichos mandamientos. 2. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA. 3. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. 4. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE PINOTEPA NACIONAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. 5. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. EJECUTORAS 6. FISCAL ENCARGADO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ACTO IMPACTO. El cumplimiento material que pretenden darle a dichos mandamientos. 7. COORDINADOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES. 8. COMANDANTE DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES DE REACCIÓN INMEDIATA (FERI), DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES (A.E.I.). 9. VICEFISCAL REGIONAL DE LA COSTA, CON SEDE EN PUERTO ESCONDIDO, JUQUILA, OAXACA. 10. COMANDANTE REGIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES, CON SEDE EN PUERTO ESCONDIDO, JUQUILA, OAXACA. 11. MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA FISCALÍA LOCAL DE RÍO GRANDE, TUTUTEPEC, OAXACA. 12. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE RÍO GRANDE, TUTUTEPEC, OAXACA. 13. MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA FISCALÍA LOCAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. 14. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. 15. MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA LOCAL DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. 16. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOLIO FOJAS 1. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PINOTEPA NACIONAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA, cuya denominación correcta es JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA COSTA, SEDE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Cierto (únicamente en cuanto a la orden de aprehensión reclamada) 9143 y 15921 130 a 132 y 269 2. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA, cuya denominación correcta es JUEZ DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. Niega 8490 y 15928 84 y 273 3. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA, cuya denominación correcta es JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA COSTA, SEDE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. Niega 8487 y 15923 82 y 271 4. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE PINOTEPA NACIONAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Niega en cuanto al citatorio, orden de comparecencia, orden de reaprehensión, detención o localización, y respecto de la orden de cateo, fue omiso en rendir su informe justificado y en remitir las constancias respectivas. 8999 124 5. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. Niega 11717 y 16920 170 y 310 6. FISCAL ENCARGADO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ACTO IMPACTO, cuya denominación correcta es FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO. Niega 8629 Y 16641 99 y 305 7. COORDINADOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES. Niega 8593 y 16152 93 y 294 8. COMANDANTE DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES DE REACCIÓN INMEDIATA (FERI), DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES (A.E.I.). Niega 8556 y 16054 90 y 283 9. VICEFISCAL REGIONAL DE LA COSTA, CON SEDE EN PUERTO ESCONDIDO, JUQUILA, OAXACA. Niega 8753 y 16140 105 y 284 10. COMANDANTE REGIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES, CON SEDE EN PUERTO ESCONDIDO, JUQUILA, OAXACA, cuya denominación correcta es COMANDANTE GENERAL DE LA REGIÓN COSTA, CON RESIDENCIA EN PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAXACA. Niega (orden de búsqueda, localización, presentación, aprehensión o cateo). 9585 141 11. MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA FISCALÍA LOCAL DE RÍO GRANDE, TUTUTEPEC, OAXACA. No rindió su informe, a pesar de haber recibido los oficios 12997/2021 y 24786/2021, el quince de junio y tres de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente. - - 12. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE RÍO GRANDE, TUTUTEPEC, OAXACA. Niega 8574 y 16044 91 y 278 13. AGENTE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA (denominación correcta). Niega 8952 y 17101 117 y 314 14. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. Niega 8881 y 17134 111 y 316 15. MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA LOCAL DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Niega (orden de cateo o cualquier otro acto de molestia en contra del quejoso). 16417 299 16. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Niega 8961 y 16447 119 y 301 Al rendir sus informes justificados, las mencionadas autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos que a cada una se les atribuye; sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna para desvirtuar esa negativa, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a dichas autoridades y actos reclamados, con excepción de las responsables identificadas con los números 4 (orden de cateo) y 11 (la ejecución del acto reclamado). Lo anterior, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Improcedencia y sobreseimiento, página 305, con registro digital 1002350, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por otra parte, aun cuando el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, Sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la orden de aprehensión que le atribuye el quejoso (fojas 130 a 132); tal veracidad se desvirtúa con las diversas documentales contenidas al disco versátil digital que se anexó al diverso oficio PJEO/JCPN/00871/2021-J (fojas 240 y 241), con el cual, el actual titular del Juzgado responsable aclaró el estado procesal de la causa penal 56/2016, de su índice. Es ilustrativa al caso, la tesis aislada VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 433, Materias(s): Común, con registro digital 198320, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". A las referidas documentales, se le concede pleno valor probatorio al tenor de los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su normativo 2, de las que se aprecia lo siguiente: a) Orden de aprehensión. En audiencia privada celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, previa petición del Ministerio Público, el juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Pinotepa Nacional, dentro de la causa penal 56/2016, de su índice, libró orden de aprehensión en contra de *** y otro, como probables responsables en la comisión del hecho tipificado como homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de *** (fojas 130 a 132). b) Ejecución de orden de aprehensión. El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se ejecutó la orden de aprehensión, únicamente respecto al aquí quejoso (foja 240). c) Vinculación a proceso. El dos de marzo de dos mil dieciséis, se vinculó a proceso a ***. d) Auto de apertura a juicio. Seguida la secuela procesal, el diecinueve de agosto del mismo año, se dictó el auto de apertura a juicio, por lo que fue puesto a disposición del Tribunal de Juicio Oral en materia penal de la Región de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. e) Sentencia de primera y segunda instancia. El ocho de marzo de dos mil diecisiete, se emitió sentencia condenatoria, misma que fue recurrida por el aquí quejoso; sin embargo, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal JOTPC/07/2017, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, confirmó la sentencia impugnada. f) Juicio de Amparo 232/2017. En contra de la anterior determinación, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, bajo el expediente 232/2017, en el que se concedió la protección constitucional al peticionario de amparo. g) Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Con motivo de la ejecutoria dictada por el aludido Tribunal Colegiado, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal JOTPC/07/2017, dictó una nueva resolución, en la que ordenó la reposición de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en materia penal de la Región de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca; razón por la cual, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, nuevamente se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso. h) Segunda sentencia. Inconforme con la anterior decisión, el quejoso interpuso recurso de casación, del cual correspondió conocer a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca penal JOTPC/01/2019, en el que mediante fallo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se declaró procedente el aludido medio de impugnación y absolvió a *** de la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ***. Ahora bien, como puede observarse de lo antes reseñado, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de marzo de dos mil veintiuno), no existía orden de aprehensión contra el quejoso, diversa a la emitida el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal 56/2016, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa, Nacional, Oaxaca. Proceso penal que, después de diversas etapas y medios de impugnación hechos valer, concluyó con la emisión de una sentencia absolutoria a favor del aquí quejoso, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, data anterior a la promoción de este juicio de amparo. En consecuencia, al resultar inexistente la orden de aprehensión reclamada, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Orden de cateo. Por otra parte, el juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, con residencia en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, nada expuso al rendir su informe justificado sobre la orden de cateo reclamada, ya que al efecto señaló: "(.) este Juzgado no ha librado CITATORIO Y/O ORDEN DE COMPARECENCIA Y/O REAPREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN (.)"; además, fue omisa en remitir las constancias respectivas sobre dicha orden de cateo cuando le fueron requeridas mediante oficio 24779/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el cual recibió el nueve de noviembre siguiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les atribuye. Tiene aplicación al caso la tesis LXII/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 335, con registro digital 207388, de título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto". Ejecución del acto reclamado. Por último, el Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Río Grande, Tututepec, Oaxaca, quien fue señalado como autoridad responsable ejecutora, no rindió su informe justificado, a pesar de que el quince de junio de dos mil veintiuno y tres de noviembre siguiente (según los acuses de estafeta que obran en autos), recibió los oficios con los que le fue solicitado dicho informe; por lo que, ante la presunción de certeza de la orden de cateo reclamada a la ordenadora, evidentemente su ejecución debe tenerse como cierta. SEXTO. Causales de improcedencia. En relación con la orden de cateo, no se invocaron causales de improcedencia y este Juzgado no advierte alguna de oficio, por lo que se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues además de que ello no es un requisito que la ley exija, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objeto del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Apoya este razonamiento, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, con registro 164618, cuyo texto y rubro establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". OCTAVO. Estudio. Consideración previa. El artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, establece que la carga de la prueba respecto a la inconstitucionalidad del acto que se reclama recae en la parte quejosa cuando depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado en el propio acto. Véase: "Artículo 117. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley". [Lo subrayado no es de origen] Ahora bien, el citado artículo señala dos hipótesis sobre las que puede versar: a) La constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; y, b) La inconstitucionalidad del acto en sí mismo. El referido artículo proporciona una base para determinar cuándo un acto es o no inconstitucional en sí mismo. Cuando el acto reclamado pueda ser realizado mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no puede ser considerado por sí mismo, como violatorio de derechos humanos, y en cambio, cuando en ningún caso la responsable puede realizar el acto reclamado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de derechos humanos en sí mismo, liberando con ello al quejoso de probarlo. La presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de circunstancias que lo rodean, pues el precepto antes aludido, es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Un acto es en sí mismo inconstitucional, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por la Constitución Federal. En consecuencia, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos humanos, no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surge de la existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, el acto de molestia que no consta en mandamiento escrito, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de 36 horas, etcétera. Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. De ahí, que el artículo 117 establezca que corresponde a la parte quejosa probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de sus derechos fundamentales; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Caso en particular. Aplicando las ideas anteriores al punto jurídico en específico, se tiene que el acto reclamado consistente en la orden de cateo emitida en contra de la parte quejosa, atribuida al juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, con residencia en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, que se presume cierto, no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para actuar de ese modo, pues, en su caso, el análisis de su constitucionalidad versaría respecto de si es legal o no la orden que se reclama, en cuanto que cumplen o no con los requisitos previstos en la ley correspondiente; para lo cual desde luego, es necesaria la aportación de pruebas; de ahí que dichos actos no son inconstitucionales en sí mismos, pues a simple vista no se puede determinar que son violatorios de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 551, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, página 366, Materia(s): Común, con registro digital 394507, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. INCONSTITUCIONALIDAD DEL. QUIEN DEBE PROBARLA. Cuando se reclama en un juicio de amparo un acto de autoridad en sí mismo violatorio de garantías, estando acreditada la existencia del acto, también lo está su inconstitucionalidad, y en estos casos la carga probatoria para demostrar su constitucionalidad corre a cargo de la autoridad responsable. En cambio, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, entonces la demostración de su existencia es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y la carga probatoria corresponde al quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo." En esas consideraciones, como los actos reclamados no son inconstitucionales en sí mismos, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, y en el caso, éste no demostró los hechos afirmados en la demanda de amparo, como lo es la inconstitucionalidad de la orden de cateo, de la que se duele; por tanto, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Determinación que se hace extensiva respecto del acto atribuido al Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Río Grande, Tututepec, Oaxaca, señalado como autoridad responsable ejecutora, al impugnarse en vía de consecuencia y no por vicios propios, de conformidad con la Tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1998, página 357, Materia(s): Común, con registro digital 207616, cuyo contenido es el siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". NOVENO. Ley de Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . DÉCIMO. Anotaciones y firma de oficios. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se faculta al actuario adscrito para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***, por lo que respecta a las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando tercero de este fallo, con excepción de las responsables identificadas con los números 4 (orden de cateo) y 11 (la ejecución de esa orden de cateo), por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra la orden de cateo atribuida al juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, con residencia en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca y su ejecución reclamada al Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Río Grande, Tututepec, Oaxaca, por las razones expuestas en el considerando octavo de este fallo. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los considerandos noveno y décimo de esta sentencia, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica al tercero interesado; personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por oficio a las autoridades responsables y diverso tercero interesado.

  4. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD) VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 274/2021, que promovió *** por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadoras señalo A) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PINOTEPA NACIONAL, del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca (.) B) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA (.) C) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA (.) D) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE PINOTEPA NACIONAL, del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca (.) E) En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora al C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA (.). Y como ejecutoras señalo A) Al Fiscal encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto (.) B) C. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (.) C) al C. Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) de la Agencia Estatal de Investigaciones (A.E.I.) (.) D) Al Vicefiscal Regional de la Costa (.), F) Al Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Río Grande, Tututepec, Oaxaca (.) G) Al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Río Grande, Tututepec, Oaxaca (.) H) Al Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Santiago Jamiltepec, Oaxaca (.) I. Al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Santiago Jamiltepec, Oaxaca (.). J) Al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Pinotepa Nacional, Oaxaca (.). H) Al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones del Grupo de Pinotepa Nacional, Oaxaca (.). IV. ACTOS RECLAMADOS: De las ordenadoras reclamo las órdenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia, citación, libradas en mi contra para privarme de la libertad, y de las ejecutoras el cumplimiento material que pretenden darle a dichos mandamientos". Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículo 7, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y fracción I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; asimismo, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Primera prevención. En acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el registro de la demanda en el libro de gobierno, con el número 274/2021; y ante las inconsistencias advertidas, se requirió a la parte quejosa para que realizara lo siguiente: "a) Deberá explicar la relación jurídica que tenga la demanda de amparo promovida con las personas de nombre ***; b) En su caso, deberá precisar quién o quiénes serán los promoventes del presente juicio; c) Manifieste(n) si también reclama la orden de cateo que señala en el capítulo de hechos de su demanda de amparo; y d) Deberá(n) señalar la fecha exacta en que tuvo o tuvieron conocimiento de las órdenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia, citación, o en su caso, cateo". TERCERO. Segunda prevención. Mediante escrito recibido en este Juzgado el seis de abril de dos mil veintiuno, el quejoso pretendió cumplir con la prevención efectuada; sin embargo, al diferir la firma que obraba en el ocurso, se ordenó su ratificación mediante despacho. Una vez ratificado, al existir nuevos elementos para prevenir, en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se requirió de nueva cuenta al quejoso para que, bajo protesta de decir verdad, manifestara la fecha exacta en que tuvo conocimiento de la orden de cateo. CUARTO. Admisión y trámite de la demanda. Según escrito recibido en este Juzgado el siete de junio de dos mil veintiuno, el peticionario de amparo cumplió con la prevención efectuada; por lo que, en proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa manifestando: "A. Las personas de nombre ***, no tienen ninguna relación jurídica con la demanda de amparo que el quejoso presentó, y que sus nombres aparecen en dicha demanda por error de redacción. B. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que el *** es el promovente del presente juicio de amparo. C. Manifiesta que también reclama la orden de cateo, a que hace referencia en el capítulo de hechos de su demanda de amparo. D. Manifiesta que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión el día dieciséis de marzo del presente año; asimismo, la orden de cateo tuvo conocimiento el día diecisiete de marzo de la presente anualidad". Con base en ello, en el citado acuerdo se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diversos diferimientos, se verificó al tenor del acta que antecede. QUINTO. Emplazamiento a la parte tercera interesada. En proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno (fojas 155 y 156 del juicio de amparo), se ordenó emplazar a este juicio, a la parte tercera interesada, carácter que le fue reconocido a la víctima indirecta *** y al agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca; el primero, fue emplazado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 188 y 189) y, el segundo, el veintidós de julio de dos mil veintiuno (fojas 168 y 169). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se promueve contra actos de naturaleza penal. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La presentación de la demanda de amparo es oportuna, en la medida que el quejoso indicó que tuvo conocimiento de los actos reclamados, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (por lo que ve a la orden de aprehensión), y diecisiete del citado mes y año (en cuanto a la orden de cateo), según lo manifestó bajo protesta de decir verdad; en tanto que la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; lo que evidencia que dicho escrito se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de forma clara y precisa el acto reclamado, por lo que de la lectura de la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que la parte quejosa reclama: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS: ORDENADORAS Y EJECUTORAS 1. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PINOTEPA NACIONAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. 1. Aprehensión; 2. Detención; 3. Presentación; 4. Comparecencia; 5. Citación; 6. Cateo; 7. El cumplimiento material que pretenden darle a dichos mandamientos. 2. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA. 3. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. 4. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE PINOTEPA NACIONAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. 5. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. EJECUTORAS 6. FISCAL ENCARGADO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ACTO IMPACTO. El cumplimiento material que pretenden darle a dichos mandamientos. 7. COORDINADOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES. 8. COMANDANTE DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES DE REACCIÓN INMEDIATA (FERI), DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES (A.E.I.). 9. VICEFISCAL REGIONAL DE LA COSTA, CON SEDE EN PUERTO ESCONDIDO, JUQUILA, OAXACA. 10. COMANDANTE REGIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES, CON SEDE EN PUERTO ESCONDIDO, JUQUILA, OAXACA. 11. MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA FISCALÍA LOCAL DE RÍO GRANDE, TUTUTEPEC, OAXACA. 12. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE RÍO GRANDE, TUTUTEPEC, OAXACA. 13. MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA FISCALÍA LOCAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. 14. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. 15. MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA LOCAL DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. 16. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOLIO FOJAS 1. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PINOTEPA NACIONAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA, cuya denominación correcta es JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA COSTA, SEDE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Cierto (únicamente en cuanto a la orden de aprehensión reclamada) 9143 y 15921 130 a 132 y 269 2. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA, cuya denominación correcta es JUEZ DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. Niega 8490 y 15928 84 y 273 3. JUEZ DE CONTROL DE JUICIOS ORALES DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA, cuya denominación correcta es JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA COSTA, SEDE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. Niega 8487 y 15923 82 y 271 4. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE PINOTEPA NACIONAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Niega en cuanto al citatorio, orden de comparecencia, orden de reaprehensión, detención o localización, y respecto de la orden de cateo, fue omiso en rendir su informe justificado y en remitir las constancias respectivas. 8999 124 5. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. Niega 11717 y 16920 170 y 310 6. FISCAL ENCARGADO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ACTO IMPACTO, cuya denominación correcta es FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO. Niega 8629 Y 16641 99 y 305 7. COORDINADOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES. Niega 8593 y 16152 93 y 294 8. COMANDANTE DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES DE REACCIÓN INMEDIATA (FERI), DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES (A.E.I.). Niega 8556 y 16054 90 y 283 9. VICEFISCAL REGIONAL DE LA COSTA, CON SEDE EN PUERTO ESCONDIDO, JUQUILA, OAXACA. Niega 8753 y 16140 105 y 284 10. COMANDANTE REGIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES, CON SEDE EN PUERTO ESCONDIDO, JUQUILA, OAXACA, cuya denominación correcta es COMANDANTE GENERAL DE LA REGIÓN COSTA, CON RESIDENCIA EN PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAXACA. Niega (orden de búsqueda, localización, presentación, aprehensión o cateo). 9585 141 11. MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA FISCALÍA LOCAL DE RÍO GRANDE, TUTUTEPEC, OAXACA. No rindió su informe, a pesar de haber recibido los oficios 12997/2021 y 24786/2021, el quince de junio y tres de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente. - - 12. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE RÍO GRANDE, TUTUTEPEC, OAXACA. Niega 8574 y 16044 91 y 278 13. AGENTE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA (denominación correcta). Niega 8952 y 17101 117 y 314 14. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. Niega 8881 y 17134 111 y 316 15. MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA LOCAL DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Niega (orden de cateo o cualquier otro acto de molestia en contra del quejoso). 16417 299 16. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. Niega 8961 y 16447 119 y 301 Al rendir sus informes justificados, las mencionadas autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos que a cada una se les atribuye; sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna para desvirtuar esa negativa, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a dichas autoridades y actos reclamados, con excepción de las responsables identificadas con los números 4 (orden de cateo) y 11 (la ejecución del acto reclamado). Lo anterior, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Improcedencia y sobreseimiento, página 305, con registro digital 1002350, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por otra parte, aun cuando el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, Sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la orden de aprehensión que le atribuye el quejoso (fojas 130 a 132); tal veracidad se desvirtúa con las diversas documentales contenidas al disco versátil digital que se anexó al diverso oficio PJEO/JCPN/00871/2021-J (fojas 240 y 241), con el cual, el actual titular del Juzgado responsable aclaró el estado procesal de la causa penal 56/2016, de su índice. Es ilustrativa al caso, la tesis aislada VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 433, Materias(s): Común, con registro digital 198320, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". A las referidas documentales, se le concede pleno valor probatorio al tenor de los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su normativo 2, de las que se aprecia lo siguiente: a) Orden de aprehensión. En audiencia privada celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, previa petición del Ministerio Público, el juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Pinotepa Nacional, dentro de la causa penal 56/2016, de su índice, libró orden de aprehensión en contra de *** y otro, como probables responsables en la comisión del hecho tipificado como homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de *** (fojas 130 a 132). b) Ejecución de orden de aprehensión. El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se ejecutó la orden de aprehensión, únicamente respecto al aquí quejoso (foja 240). c) Vinculación a proceso. El dos de marzo de dos mil dieciséis, se vinculó a proceso a ***. d) Auto de apertura a juicio. Seguida la secuela procesal, el diecinueve de agosto del mismo año, se dictó el auto de apertura a juicio, por lo que fue puesto a disposición del Tribunal de Juicio Oral en materia penal de la Región de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. e) Sentencia de primera y segunda instancia. El ocho de marzo de dos mil diecisiete, se emitió sentencia condenatoria, misma que fue recurrida por el aquí quejoso; sin embargo, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal JOTPC/07/2017, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, confirmó la sentencia impugnada. f) Juicio de Amparo 232/2017. En contra de la anterior determinación, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, bajo el expediente 232/2017, en el que se concedió la protección constitucional al peticionario de amparo. g) Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Con motivo de la ejecutoria dictada por el aludido Tribunal Colegiado, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal JOTPC/07/2017, dictó una nueva resolución, en la que ordenó la reposición de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en materia penal de la Región de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca; razón por la cual, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, nuevamente se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso. h) Segunda sentencia. Inconforme con la anterior decisión, el quejoso interpuso recurso de casación, del cual correspondió conocer a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca penal JOTPC/01/2019, en el que mediante fallo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se declaró procedente el aludido medio de impugnación y absolvió a *** de la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ***. Ahora bien, como puede observarse de lo antes reseñado, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de marzo de dos mil veintiuno), no existía orden de aprehensión contra el quejoso, diversa a la emitida el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal 56/2016, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa, Nacional, Oaxaca. Proceso penal que, después de diversas etapas y medios de impugnación hechos valer, concluyó con la emisión de una sentencia absolutoria a favor del aquí quejoso, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, data anterior a la promoción de este juicio de amparo. En consecuencia, al resultar inexistente la orden de aprehensión reclamada, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Orden de cateo. Por otra parte, el juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, con residencia en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, nada expuso al rendir su informe justificado sobre la orden de cateo reclamada, ya que al efecto señaló: "(.) este Juzgado no ha librado CITATORIO Y/O ORDEN DE COMPARECENCIA Y/O REAPREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN (.)"; además, fue omisa en remitir las constancias respectivas sobre dicha orden de cateo cuando le fueron requeridas mediante oficio 24779/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el cual recibió el nueve de noviembre siguiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les atribuye. Tiene aplicación al caso la tesis LXII/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 335, con registro digital 207388, de título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto". Ejecución del acto reclamado. Por último, el Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Río Grande, Tututepec, Oaxaca, quien fue señalado como autoridad responsable ejecutora, no rindió su informe justificado, a pesar de que el quince de junio de dos mil veintiuno y tres de noviembre siguiente (según los acuses de estafeta que obran en autos), recibió los oficios con los que le fue solicitado dicho informe; por lo que, ante la presunción de certeza de la orden de cateo reclamada a la ordenadora, evidentemente su ejecución debe tenerse como cierta. SEXTO. Causales de improcedencia. En relación con la orden de cateo, no se invocaron causales de improcedencia y este Juzgado no advierte alguna de oficio, por lo que se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues además de que ello no es un requisito que la ley exija, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objeto del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Apoya este razonamiento, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, con registro 164618, cuyo texto y rubro establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". OCTAVO. Estudio. Consideración previa. El artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, establece que la carga de la prueba respecto a la inconstitucionalidad del acto que se reclama recae en la parte quejosa cuando depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado en el propio acto. Véase: "Artículo 117. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley". [Lo subrayado no es de origen] Ahora bien, el citado artículo señala dos hipótesis sobre las que puede versar: a) La constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; y, b) La inconstitucionalidad del acto en sí mismo. El referido artículo proporciona una base para determinar cuándo un acto es o no inconstitucional en sí mismo. Cuando el acto reclamado pueda ser realizado mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no puede ser considerado por sí mismo, como violatorio de derechos humanos, y en cambio, cuando en ningún caso la responsable puede realizar el acto reclamado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de derechos humanos en sí mismo, liberando con ello al quejoso de probarlo. La presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de circunstancias que lo rodean, pues el precepto antes aludido, es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Un acto es en sí mismo inconstitucional, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por la Constitución Federal. En consecuencia, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos humanos, no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surge de la existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, el acto de molestia que no consta en mandamiento escrito, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de 36 horas, etcétera. Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. De ahí, que el artículo 117 establezca que corresponde a la parte quejosa probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de sus derechos fundamentales; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Caso en particular. Aplicando las ideas anteriores al punto jurídico en específico, se tiene que el acto reclamado consistente en la orden de cateo emitida en contra de la parte quejosa, atribuida al juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, con residencia en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, que se presume cierto, no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para actuar de ese modo, pues, en su caso, el análisis de su constitucionalidad versaría respecto de si es legal o no la orden que se reclama, en cuanto que cumplen o no con los requisitos previstos en la ley correspondiente; para lo cual desde luego, es necesaria la aportación de pruebas; de ahí que dichos actos no son inconstitucionales en sí mismos, pues a simple vista no se puede determinar que son violatorios de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 551, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, página 366, Materia(s): Común, con registro digital 394507, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. INCONSTITUCIONALIDAD DEL. QUIEN DEBE PROBARLA. Cuando se reclama en un juicio de amparo un acto de autoridad en sí mismo violatorio de garantías, estando acreditada la existencia del acto, también lo está su inconstitucionalidad, y en estos casos la carga probatoria para demostrar su constitucionalidad corre a cargo de la autoridad responsable. En cambio, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, entonces la demostración de su existencia es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y la carga probatoria corresponde al quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo." En esas consideraciones, como los actos reclamados no son inconstitucionales en sí mismos, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, y en el caso, éste no demostró los hechos afirmados en la demanda de amparo, como lo es la inconstitucionalidad de la orden de cateo, de la que se duele; por tanto, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Determinación que se hace extensiva respecto del acto atribuido al Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Río Grande, Tututepec, Oaxaca, señalado como autoridad responsable ejecutora, al impugnarse en vía de consecuencia y no por vicios propios, de conformidad con la Tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1998, página 357, Materia(s): Común, con registro digital 207616, cuyo contenido es el siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". NOVENO. Ley de Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . DÉCIMO. Anotaciones y firma de oficios. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se faculta al actuario adscrito para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***, por lo que respecta a las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando tercero de este fallo, con excepción de las responsables identificadas con los números 4 (orden de cateo) y 11 (la ejecución de esa orden de cateo), por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra la orden de cateo atribuida al juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, con residencia en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca y su ejecución reclamada al Ministerio Público encargado de la Fiscalía Local de Río Grande, Tututepec, Oaxaca, por las razones expuestas en el considerando octavo de este fallo. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los considerandos noveno y décimo de esta sentencia, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica al tercero interesado; personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por oficio a las autoridades responsables y diverso tercero interesado.

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