Jorge Armando Rodríguez López
Expediente 662/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jorge Armando Rodríguez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, mediante oficio 1/2021, se tuvo al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, informando que el catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante diligencia de cotejo de documentos compareció ante ese órgano jurisdiccional el licenciado Gustavo Héctor Bello Tamalatzi, quien asistió al aquí quejoso Jorge Armando Rodríguez López, en la audiencia de control de detención de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, así como la audiencia de vinculación de uno de octubre de ese año, quien exhibió original de su cédula profesional número 2489671, expedida el diez de julio de mil novecientos noventa y siete. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de acto y protección constitucional. El acto reclamado por el que se concedió el amparo consistió en: i) Las resoluciones judiciales dictadas en la audiencia de control de detención y en audiencia de vinculación a proceso, dentro de la causa penal 1057/2020. La protección constitucional se concedió para los efectos que a continuación se transcriben: i) Deberá verificar que quien asistió al imputado en la audiencia inicial con control de detención, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable, mediante el original o copia certificada de la cédula profesional. ii) Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá reponer la audiencia de control de detención de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, así como la diversa dictada en audiencia de vinculación de uno de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 1057/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso Jorge Armando Rodríguez López, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante. iii) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. El proceso de verificación debe ser inmediato a que cause ejecutoria esta resolución constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia inicial, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, a través de su oficio 1/2021, remitió la constancia relacionada con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de veintinueve de enero del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que lo hubiera hecho. 3.1. Primer efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, el catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante diligencia de cotejo de documentos compareció ante el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, el licenciado Gustavo Héctor Bello Tamalatzi, quien asistió al aquí quejoso Jorge Armando Rodríguez López, en la audiencia de control de detención de veintinueve de septiembre de dos mil veinte así como la audiencia de vinculación de uno de octubre de ese año, quien exhibió original de su cédula profesional número 2489671, expedida el diez de julio de mil novecientos noventa y siete. 3.2. Segundo efecto. Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, a través de su oficio 1/2021, se advierte que los documentos mencionados en el párrafo anterior, fueron agregados a las actas de las audiencias inicial y de vinculación a proceso de veintinueve de septiembre de dos mil veinte y uno de octubre de ese año, respectivamente, dentro de la causa penal 1057/2020. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo, el oficio y anexo remitido por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, se concluye que la responsable atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 9. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción del duplicado una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria Siva Visnú López González, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.dsPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a cinco de marzo de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, mediante oficio 1/2021, se tuvo al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, informando que el catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante diligencia de cotejo de documentos compareció ante ese órgano jurisdiccional el licenciado Gustavo Héctor Bello Tamalatzi, quien asistió al aquí quejoso Jorge Armando Rodríguez López, en la audiencia de control de detención de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, así como la audiencia de vinculación de uno de octubre de ese año, quien exhibió original de su cédula profesional número 2489671, expedida el diez de julio de mil novecientos noventa y siete. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de acto y protección constitucional. El acto reclamado por el que se concedió el amparo consistió en: i) Las resoluciones judiciales dictadas en la audiencia de control de detención y en audiencia de vinculación a proceso, dentro de la causa penal 1057/2020. La protección constitucional se concedió para los efectos que a continuación se transcriben: i) Deberá verificar que quien asistió al imputado en la audiencia inicial con control de detención, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable, mediante el original o copia certificada de la cédula profesional. ii) Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá reponer la audiencia de control de detención de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, así como la diversa dictada en audiencia de vinculación de uno de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 1057/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso Jorge Armando Rodríguez López, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante. iii) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. El proceso de verificación debe ser inmediato a que cause ejecutoria esta resolución constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia inicial, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, a través de su oficio 1/2021, remitió la constancia relacionada con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de veintinueve de enero del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que lo hubiera hecho. 3.1. Primer efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, el catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante diligencia de cotejo de documentos compareció ante el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, el licenciado Gustavo Héctor Bello Tamalatzi, quien asistió al aquí quejoso Jorge Armando Rodríguez López, en la audiencia de control de detención de veintinueve de septiembre de dos mil veinte así como la audiencia de vinculación de uno de octubre de ese año, quien exhibió original de su cédula profesional número 2489671, expedida el diez de julio de mil novecientos noventa y siete. 3.2. Segundo efecto. Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, a través de su oficio 1/2021, se advierte que los documentos mencionados en el párrafo anterior, fueron agregados a las actas de las audiencias inicial y de vinculación a proceso de veintinueve de septiembre de dos mil veinte y uno de octubre de ese año, respectivamente, dentro de la causa penal 1057/2020. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo, el oficio y anexo remitido por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, se concluye que la responsable atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 9. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción del duplicado una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto.
- Incidental
1. Archivo de asunto. Visto estado procesal que guardan los autos, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en el cuaderno original del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos de la fracción XVIII, del artículo 3° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se concedió la medida cautelar, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, previa depuración, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes legitimadas; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio de amparo, remitiendo copia certificada de la causa penal 1057/2020. 2.1 Vista sobre el cumplimiento al fallo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga.
- Principal
(.) DECISIÓN 1a. Se concede la protección constitucional a ***, respecto de los actos reclamados al Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, consistentes la resolución dictada audiencia de control de detención de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, así como la diversa dictada en audiencia de vinculación de uno de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 1057/2020; y por consiguiente, la medida cautelar impuesta, para los siguientes efectos: i) Deberá verificar que quien asistió al imputado en la audiencia inicial con control de detención, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable, mediante el original o copia certificada de la cédula profesional. ii) Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá reponer la audiencia de control de detención de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, así como la diversa dictada en audiencia de vinculación de uno de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 1057/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso Jorge Armando Rodríguez López, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante. iii) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. El proceso de verificación debe ser inmediato a que cause ejecutoria esta resolución constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia inicial, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias.
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