Jorge Armando Rodríguez Carrillo
Expediente 219/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jorge Armando Rodríguez Carrillo
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto que desechó de plano la demanda, se ordena archivo y devolución de documentales a autoridad...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo, en vía de notificación personal notifico por lista al promovente Jorge Armando Rodríguez Carrillo, el auto dictado en nueve de marzo de dos mil veintiuno, que dice: Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de oficio: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mismo que remitió a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, bajo el número de oficio 723/2021, de su índice, a través del cual inserta el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de amparo directo 67/2021 de su estadística, en el que se declaró incompetente por razón de vía directa para conocer dicho juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada. Se ordena acusar recibo. Formación y registro de expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 219/2021 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento: Ahora, del contenido del escrito inicial de demanda se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia que necesariamente lleva a desecharla, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". De la lectura integral de la demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107 fracción V, del mismo ordenamiento. El precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así pues, el artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviera sentencia favorable a sus intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en los derechos fundamentales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En esas condiciones, tratándose de una violación procesal en el juicio, que no afecte materialmente alguno de los derechos sustantivos del quejoso, deberá reclamarse en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. En esa tesitura, los actos que reclama la parte quejosa en el presente juicio de amparo no la dejan sin defensa ni constituyen una violación de carácter irreparable. Es así, pues se hace consistir en lo siguiente: - La resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte, que resolvió el incidente de nulidad de emplazamiento, en el juicio 794/2020, del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil, con sede en esta ciudad. En efecto, el acto que el promovente de amparo considera que le agravia, sólo tiene efectos intraprocesales, y en tal virtud no la deja sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable, toda vez que no implica que necesariamente la resolución le vaya a ser desfavorable, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y tendría la oportunidad de ser oído y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar las violaciones procesales insubsistentes al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. De ahí que no se consideren irreparables para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Apoya por identidad de razón, la jurisprudencia número 244, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Página 164 que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada el viernes dos de mayo de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De igual manera, por analogía, tienen aplicación las tesis con los rubros siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO." "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO." "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación a la fracción V del numeral 107; con apoyo en el artículo 113 de la Ley en cita, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo. Habilitación de días y horas: En términos de lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Documentales: En cuanto a los pagarés que remite, se ordena su resguardo en la caja de seguridad de este juzgado. De igual forma, se le tiene remitiendo los autos que integran el juicio 794/2020, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad. En atención a que las referidas documentales resultan ser voluminosas, para facilitar el manejo del presente expediente se ordena la apertura de los anexos de pruebas I, II y III a los cuales quedan vinculadas las partes en términos del artículo 3°, párrafos séptimo y octavo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 14 del Acuerdo General conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3° de la citada ley, no se consideran indispensables para integrar el expediente electrónico e impreso. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en General Piña número 104, entre avenida Tlaxcala y Aguascalientes, colonia San Benito, de esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Zachary Martín Millanes Chocoza, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Gilberto Terán Robles y Francisco Carlos Rodríguez Jaime, hasta en tanto acrediten contar con cédula registrada ante el sistema citado. Del mismo modo, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene al quejoso señalando el correo electrónico lic.gilbertoteran@gmail.com, a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio; en la inteligencia de que, en caso de que sea su deseo recibir las notificaciones derivadas del presente juicio vía electrónica, deberá proporcionar el nombre de usuario autorizado en el sistema integral de seguimiento de expedientes, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese personalmente. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante Gabriel Coria Martínez, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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