Jorge Armando Robles Abarca
Expediente 81/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Armando Robles Abarca
- Juez Mixto de Paz del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Zumpango del Río, Guerrero
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA FIRME EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTIAS. ARCHIVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. ES SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo indirecto, contra actos del Juez Mixto de Paz del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Zumpango del Río, Guerrero, fórmese expediente y regístrese con el número 81/2016-V-V, en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En tal sentido, se tiene que el peticionario de amparo Jorge Armando Robles Abarca, reclama el auto de formal prisión de diez de diciembre del dos mil quince, dictada en la causa penal número 3/2015, decretado por el Juez Mixto de Paz del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Zumpango del Río, Guerrero. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que el juicio de garantías que ahora se intenta, deviene improcedente respecto de acto reclamado expresamente, precisado en el capítulo respectivo, al actualizarse la causal prevista en la fracción XIV segundo párrafo del artículo 61 en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la promoción de la demanda de garantías debió efectuarse, dentro de los quince días siguientes al en que el peticionario tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucional. En efecto, el precitado numeral 61, de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, el normativo 18 de la misma Ley especial establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes; luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, deja transcurrir el plazo que para ejercer la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En este contexto, tenemos que el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad manifiesta en el escrito de cuenta: "(.) 4.- El Juez Sétimo de Distrito, mediante sentencia de amparo dictada el veintiuno de octubre de dos mil quince, me concedió el amparo para los efectos de que la autoridad responsable dictara otro con libertad de jurisdicción para efectos de que valorara mi testigo de descargo, seguidamente el Juez Mixto de Paz, con domicilio en Zumpango del Río, Guerrero, me volvió a dictar auto de formal prisión con fecha diez de diciembre del año próximo pasado, mismo que hoy se recurre..." Y en el tercer concepto de violación, manifestó: ". que si bien es cierto a mí se me notificó el auto de formal prisión el once de diciembre de dos mil quince, pero a mi defensor se hizo sabedor del auto de formal prisión el diecisiete de diciembre del año próximo pasado, luego, la fecha que se debe tomar en cuenta para computar el término de quince días es la que se practicó a lo último." ". la notificación se la hicieron a mi defensor el diecisiete de diciembre de dos mil quince, empieza a computarse a partir del seis de enero del año en curso, luego la notificación surte efectos el seis de enero el primer día para los quince días es el siete de enero del presente año." Luego, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al de la fecha en que dijo el quejoso fue notificado su defensor del auto de plazo constitucional que le fue dictado en la causa penal de origen, por ser este el plazo el que le produce mayor beneficio, esto es, el diecisiete de diciembre de dos mil quince; es inconcuso que el término de quince días para instar esta vía constitucional transcurrió del dieciocho de diciembre de dos mil quince al ocho de enero de dos mil dieciséis, descontando de dicho computo los días del diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil quince, así como el uno dos y tres de enero del año en curso, por ser inhábiles; y su demanda fue recibida en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el veintiséis de enero del año en curso, es decir, fuera del término legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Lo anterior es así, ya que si bien, el Juez Mixto de Paz señalado como responsable se encontraba gozando de su primer periodo vacacional de invierno como se advierte de la circular de veintinueve de octubre de dos mil quince, mediante el cual el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, informó dicho periodo; y documento que se agrega a los autos en copia simple, también lo es que el Secretario de Acuerdos de dicho juzgado entró en funciones por Ministerio de Ley, para cubrir las vacaciones del titular de dicho juzgado, por lo que el órgano jurisdiccional antes citado, siempre estuvo en marcha y nunca estuvo cerrado el mismo, tal y como se observa de la circular de mérito. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro: 2009174 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 12/2015 (10a.) Página: 38 AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. Así también, resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia identificada con el número P./J.115/2010, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En mérito de lo expuesto es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa.
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