Jorge Armando Preciado Navarro
Expediente 133/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jorge Armando Preciado Navarro
- Jorge Armando Preciado Navarro y Otros.
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por los quejoso Jorge Armando Preciado Navarro y Liliana Carrillo Contreras, por medio del cual desahogan la prevención realizada en auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno; al respecto, agréguese a los autos y provéase lo conducente. Ahora, previo a acordar lo conducentes, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Ahora, del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduce al desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello, pues la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de siete de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio hipotecario 90/2016, en el cual el juez responsable dio por iniciado en contra de los quejosos el procedimiento de ejecución forzosa. En la especie, quien aquí resuelve advierte que es improcedente el juicio biinstancial, pues acorde al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, siempre y cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. El objetivo primordial de que contra actos en ejecución de sentencias, sólo proceda en los términos antes indicados, radica en que el propósito del legislador busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad predominando la celeridad que debe otorgarse al procedimiento de ejecución de las sentencias, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de las mismas a favor del actor en el menor tiempo posible, evitando así la promoción de múltiples amparos contra actos o resoluciones intermedias que obstaculicen su ejecución, de tal forma que el amparo indirecto sólo procede una vez agotado el principio de definitividad contra la última resolución pronunciada cuando se tiene por cumplida la sentencia, o declara su imposibilidad material o jurídica de cumplimiento. En ese sentido la Primera Sala del Alto Tribunal ha establecido criterio en el sentido de que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, y dicho procedimiento no necesariamente inicia con el requerimiento al demandado para que dé cumplimiento forzoso y está encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. Desde esa perspectiva, ha quedado establecido que la ratio legis de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, lo que también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado, y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. En ese mismo orden de ideas, el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del propio Tribunal, estableció que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución, no solo debe cumplirse el hecho de que sean dictados en dicha etapa, sino que también deben ser ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Y estableció que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. La determinación antes precisada fue deducción que el propio Pleno del Alto Tribunal, realizó de la fracción III del artículo 114 de la abrogada ley de la materia, cuyo texto guarda identidad con la norma vigente; donde enfatizó que dicha fracción establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, pero sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. El anterior criterio dio pie a la jurisprudencia P./J.108/2010, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." [Énfasis propio] Ahora, en el caso concreto, como se indicó, los quejosos se duelen de la resolución en la que se dio inició al procedimiento de ejecución forzosa en el juicio hipotecario de origen. Asimismo, del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que los quejosos, manifestaron bajo protesta de decir verdad, entre otras cosas: "."BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" el ACTO RECLAMADO lo es el auto del 07 DE ENERO DEL 2021 DONDE SE ACUERDA POR LA ORDENADORA C. JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, DAR POR INICIADO EN NUESTRA CONTRA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL PRESENTE JUICIO, ni se nos requirió el cumplimiento voluntario, ni se nos apercibió de la ejecución forzosa, ni se ordena la escrituración, ni adjudicación, ni la entrega del bien inmueble ni mucho menos una orden de lanzamiento, por lo que al acordar la ordenadora ".SE INICIA EN SU CONTRA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL PRESENTE JUICIO." resulta confuso para los ahora quejosos." Manifestaciones las anteriores, que constituyen una confesión expresa, a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ante esas circunstancias, es claro que el presente juicio biinstancial es improcedente, pues se advierte que la resolución reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia dictado en el juicio natural, puesto que los propios quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que en la actuación reclamada no se decretó en contra de los quejosos algún auto con efectos de mandamiento ni se aprobó o reconoció el cumplimiento total de la sentencia del juicio de origen, tampoco con dicha determinación se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena su archivo, sino que, como lo afirman los agraviados, se determinó el inicio del procedimiento de ejecución forzosa; de ahí que se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia que no afecta a un derecho sustantivo de la parte quejosa, ajeno a la cosa juzgada. En ese sentido, hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución será cuando proceda el juicio amparo indirecto, en el cual los ahora quejos podrán impugnar la resolución de mérito, la cual en su caso, podría constituir una violación al procedimiento de ejecución que de trascender al resultado final de dicho procedimiento puede ser reparado por la vía del amparo biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Armando Preciado Navarro y Liliana Carrillo Contrera, contra actos del Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Río Bravo, Tamaulipas, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo, que se lleva en este órgano jurisdiccional, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 133/2021-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo en estudio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II, y 114, fracciones I, II y V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: I. Aclare el acto que reclaman, puesto que en el capítulo correspondiente señala como tal el auto de siete de enero de dos mil veintiuno y, el apartado de antecedentes, entre otras cosas, refiere ".Siendo entonces que el juicio hipotecario, así como todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente que se menciona con antelación como acto reclamado, constituye una verdadera violación flagrante a las garantías individuales consagradas en la Constitución, y que es en si el ACTO RECLAMADO objeto del presente juicio de garantías."; de igual manera, en el apartado de antecedentes, manifiesta que se le pretende privar de sus derechos de propiedad de un inmueble sin haber sido oído ni vencido en juicio; de ese modo, no se tiene la certeza del acto que se reclama en esta instancia constitucional. II. De ser el caso, que la intención de los quejosos sea señalar como acto reclamado el auto de siete de enero de dos mil veintiuno, abunde en los antecedentes de dicho acto, esto es, bajo protesta de decir verdad y de forma breve, precisen lo que se decretó en la citada actuación, puesto que en la demanda de amparo indican que con dicha actuación se inició el procedimiento de ejecución forzosa; no obstante, dicha afirmación resulta ambigua, puesto no se tiene la certeza si en dicho auto se requirió el cumplimiento voluntario y se apercibió con la ejecución forzosa; si se ordenó la escrituración o la adjudicación; la entrega del inmueble o bien si se libró alguna orden de lanzamiento. III. Precise el nombre de su contraparte en el juicio hipotecario 90/2016, a quien le reviste el carácter tercero interesado, conforme al artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; lo anterior, pues en la demanda de amparo señala como tercero interesado a Grupo Acser, sin embargo, en la propia demanda, indica que el juicio hipotecario de origen fue promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. IV. Exhiba cinco copias de la demanda inicial, puesto que solo exhibió dos, cuando debió exhibir siete, para distribuirla entre las partes de la siguiente manera: dos para la autoridad responsable, una para la Agente del Ministerio Público de la adscripción, dos para los terceros interesados (de ser el caso que también señale como tal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) y dos más para la formación del incidente de suspensión que solicita. V. De igual manera, deberá exhibir siete copias de su escrito aclaratorio para distribuirlas de la forma descrita en el párrafo que antecede. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo indicado en los párrafos precedentes, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia; en la inteligencia que si sólo omite exhibir las copias necesarias para la formación del incidente de suspensión, únicamente se postergara la apertura de éste.
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