Jorge Armando Ortiz Zetina

Expediente 235/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
235/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge Armando Ortiz Zetina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite un legajo de constancias relativas al juicio en que se actúa, así como testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.C. 235/2023, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, acúsese recibo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de agosto de dos mil veintitrés. En atención a que se desechó la demanda que originó el presente juicio de amparo, es de señalarse que el presente expediente es DESTRUIBLE, toda vez que corresponde a la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que de conformidad con lo establecido en el numeral invocado, consérvese en el archivo de este juzgado federal durante tres años, y después de ese lapso, procédase a su destrucción. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Tribunal Colegiado oficiante.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio electrónico proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual comunica el proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de queja, registrándolo con el número de expediente Q.C. 235/2023, interpuesto por la parte quejosa contra la resolución de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el presente asunto. Finalmente, como lo solicita el tribunal oficiante, se hace disponible el expediente electrónico del presente cuaderno de amparo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para que esté en posibilidad de vincularlo al medio de impugnación de su índice. NOTIFÍQUESE por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por ***********, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el informe materia de la queja, así como copia certificada por separado de las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno, enviándole por separados el escrito original del escrito de expresión de agravios. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta presentado por el quejoso ****, por medio del cual, desahoga la prevención formulada en autos; por tal motivo, se procede a proveer nuevamente respecto de la demanda de amparo en los siguientes términos: ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que se debe de examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN ESTUDIO. Del escrito de demanda se advierte que la impetrante de garantías, acude reclamando el proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Trigésimo Familiar de la Ciudad de México, en el régimen de convivencias relativo al juicio de divorcio incausado 484/2022, promovido por **** en contra del aquí quejoso, en el cual suspendió temporalmente el régimen de convivencias de la menor R. O. B., con su progenitor hasta en tanto este sea valorado por un perito en psicología, se resuelva la carpeta de investigación que inicio Bárbara Bernal Barroeta y se acredite estar en proceso terapéutico ambas partes. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de las manifestaciones expuestas por la parte promovente, en el escrito de demanda, se desprenden los siguientes antecedentes del juicio natural que dieron origen a la emisión del acto reclamado: 1) El acto reclamado deriva del divorcio incausado promovido por ****, contra ****, tramitada ante el Juzgado Trigésimo Familiar en la Ciudad de México. 2) Seguido que fue el trámite el veinte de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, en la cual se declaró la disolución del vínculo matrimonial. 3) Posteriormente, mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se estableció régimen de visitas y convivencias entre el quejoso y su menor hija, acuerdo que fue notificado de manera personal. 4) Después las gestiones realizadas para llevar a cabo las visitas y convivencias la actora realizo una solicitud de cancelación de visitas y convivencias antes decretadas. 5) Finalmente el siete de febrero del año, en curso, la Juez señalada como responsable, determinó suspender las visitas y convivencias ordenadas el treinta de septiembre de dos mil veintidós. El acuerdo antes relacionado, constituye el acto reclamado en la presente instancia. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Del análisis del escrito inicial de demanda, escrito aclaratorio, así como de la resolución dictada en el Q.C. por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, páginas 83 y 100, se desprende que la demanda de amparo promovida resulta improcedente al surtirse la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." RAZONAMIENTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. De la interpretación sistemática de la fracción señalada en el párrafo anterior (interpretación que radica en considerar el derecho como un sistema, dentro del cual cada norma tiene una función), se advierte que se establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional que sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que la persona que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Ahora bien, en el caso a estudio del acto reclamado consistente en el proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Trigésimo Familiar de la Ciudad de México, en el régimen de convivencias relativo al juicio de divorcio incausado 484/2022, promovido por **** en contra del aquí quejoso, en el cual suspendió temporalmente el régimen de convivencias de la menor R. O. B., con su progenitor hasta en tanto éste sea avalorado, es susceptible de haber sido impugnado a través del recurso de apelación, por tanto, deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que dicho medio ordinario de defensa se contempla en la legislación que rige el procedimiento del juicio primigenio. Tal y como lo dispone el artículo 685 Bis, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, del cual se desprende lo siguiente: "Artículo 685 BIS. La resolución que declare la disolución del vínculo matrimoniales inapelable, pero sí podrán impugnarse las resoluciones que recaigan respecto del o los convenios presentados durante el juicio; de tal manera, que son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." Luego entonces en contra del acto reclamado, procedía el recurso de apelación conforme a lo previsto en los artículos 688 al 692, 692 bis y 950, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, por virtud del cual pudo haber sido revocado, modificado o confirmado tal proveído, preceptos legales que establecen literalmente: "Artículo 688.- El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter. La apelación de tramitación preventiva se sustanciará conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre serán de tramitación inmediata." "Artículo 689.- Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; salvo lo dispuesto en el Artículo 692 Quáter, así también podrá apelar el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas." "Artículo 690.- La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta dentro de los tres días siguientes a la admisión del recurso, expresando los razonamientos tendientes a mejorar las consideraciones vertidas por el juez en la resolución de que se trate. Con dicho escrito se dará vista a la contraria para que en igual plazo manifieste lo que a su derecho corresponda. La adhesión al recurso sigue la suerte de éste." "Artículo 691.- La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." "Artículo 692.- Las apelaciones de tramitación inmediata, ya sea en ambos efectos o en el devolutivo, deben interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada, expresando los agravios que considere le cause. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria de tramitación inmediata deberán hacerse valer en el término de ocho días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de doce días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." "Artículo 692 Bis. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato, en efecto devolutivo los supuestos previstos en las fracciones I a VI, y en ambos efectos la hipótesis prevista en la fracción VII, según proceda, las apelaciones que se interpongan contra: I.- El auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento; la resolución que se dicte en el incidente; y la resolución en la que el juez de oficio decrete nulo el emplazamiento; II.- Las resoluciones que resuelvan excepciones procesales; III.- El auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos casos; IV.- Las resoluciones o autos que impongan una sanción o medida de apremio; V.- El auto que no admite la reconvención; VI.- Las resoluciones o autos, que siendo apelables, se pronuncien en ejecución de sentencia; y VII.- Las sentencias definitivas o de autos o resoluciones que suspendan o pongan fin al procedimiento, salvo disposición en contrario." TITULO DECIMO SEXTO. DE LAS CONTROVERSIAS DE ORDEN FAMILIAR "Artículo 950. Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore. Artículo 951.- Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía." En ese entendido, la parte promovente debió seguir las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, e interponer con sus requisitos y formalidades el recurso de apelación, que de acuerdo a la interpretación armónica de los artículos 688 al 692, 692 bis y 950 del Código señalado, es procedente dicho recurso respecto; sin embargo al no haberse agotado ese medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, el acto en estudio carece de definitividad. De lo expuesto, se concluye que el acto que reclama el promovente era factible de ser modificado o revocado mediante el recurso que prevé la codificación procesal civil por lo que al no haberse agotado en este caso dicho medio de defensa, no se cumple con el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo. De igual forma, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el acto reclamado en la presente demanda de amparo, no se encuentra contemplado en alguno de los supuestos de excepción establecidos en los incisos a), b) o c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que la parte promovente se encontraba obligado a agotar dicho medio de defensa ordinario, antes de acudir a la presente vía constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 C (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Materias Común y Civil, página 2557, que dice: "RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diferentes al analizar si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor es necesario agotar, previamente, el recurso de apelación, o si se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la no idoneidad y eficacia de ese medio ordinario de defensa, pues mientras uno consideró que no se actualiza la excepción a dicho principio, en virtud de que el medio ordinario de defensa sí admite el efecto suspensivo, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, las personas que pretendan promover el juicio de amparo están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Justificación: La Primera Sala, al fallar la contradicción de tesis 139/2013, resolvió que en los casos en que esté involucrado un menor de edad, la regla de definitividad encuentra una excepción si el recurso ordinario no admite la suspensión del acto, ya que ello torna que el recurso no sea idóneo ni eficaz. Luego, contra la determinación que decreta un régimen de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo; sin embargo, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé la posibilidad de que contra los autos y las interlocutorias de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la apelación se admitirá en ambos efectos, siempre que el apelante así lo solicite al interponer el recurso, señale los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación y, finalmente, la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De esa forma, las resoluciones que decreten de forma provisional un régimen de visitas y convivencias son susceptibles de colmar dichos requisitos y, en consecuencia, de tramitarse de forma inmediata en ambos efectos. Ello, dado que, en las controversias del orden familiar, las apelaciones son de tramitación inmediata en efecto devolutivo por mandato del artículo 950 del código mencionado, por lo que bastará que la parte inconforme solicite que la apelación sea tramitada en ambos efectos para que el medio de defensa se tramite en efecto suspensivo, por así permitirlo el artículo 696 citado. Lo anterior es así ya que, por cuanto hace a que se señalen los motivos por los que se considera que el daño es irreparable o de compleja reparación, éste es susceptible de colmarse porque bastará con que el apelante formule un ejercicio mínimo de argumentación por el cual demuestre que el acto recurrido causa afectaciones graves en su esfera jurídica y, aun cuando no lo hiciera, se estima que dicha omisión quedaría subsanada, ya que al tratarse de una controversia del orden familiar procede aplicar la suplencia de la queja en términos del artículo 941 del código procesal citado, por lo que aun cuando el apelante no expresara los argumentos de referencia, el juzgador estaría obligado a suplirlos en atención a la naturaleza del juicio, sin que en este tipo de controversias el juzgador pueda exigir al apelante que exhiba la garantía a que hace referencia el artículo 696 de la legislación procesal, ya que ésta sólo es exigible en contiendas judiciales de orden económico cuya resolución, eventualmente, pudiera causar afectaciones patrimoniales y no así en controversias del orden familiar, ya que en éstas sólo se deducen derechos de orden público e interés social. Consecuentemente, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, es un recurso idóneo y eficaz para los justiciables, ya que admite la suspensión del acto recurrido y, por ello, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala." De igual manera apoya a lo anterior la Jurisprudencia I.6o.C. J/37 de la Novena Época con número de registro 187016, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, visible a página 902 de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También sirve de apoyo a los anteriores razonamientos la tesis XVII.1º.C.T.15K, de la Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, del tomo 3, Abril de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro IUS 2003381 del tenor siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), que surgió al resolver la contradicción de tesis 265/2013, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Luego entonces, al surtirse en el caso la improcedencia en comento, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por ****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHABILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL PROMOVENTE

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