Jorge Armando Ortiz Lara
Expediente 835/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Armando Ortiz Lara
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de septiembre del año en curso, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, el anexo que remitió en apoyo a su informe justificado, agregando a los presentes autos la carátula que los contenía.
- Principal
Visto, el oficio 13974/2017, por medio del cual la secretaria de acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Zacatecas, remite el juicio de amparo directo administrativo 975/2017-5; expediente en el que obra acuerdo pronunciado por el Presidente de dicho Tribunal Colegiado, el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Jorge Armando Ortiz Lara, por propio derecho; y en cumplimiento al mismo, remitió los autos del citado juicio, así como el expediente PFC.ZAC.C.1/000312-2017, y cinco copias del escrito de demanda que dio origen al citado amparo; del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 13974/2017 de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el Delegado en Zacatecas, de la Procuraduría Federal del Consumidor, en que resuelve declarar infundadas las consideraciones de agravio hechas en el recurso de revisión interpuesto por la hoy parte quejosa, dentro del expediente PFC.ZAC.C.1/000312-2017; y como consecuencia, confirmó la resolución administrativa recurrida de quince de junio de dos mil diecisiete y, por ende, la sanción económica impuesta en dicha resolución. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto anterior se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. El citado principio (definitividad) tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Bajo esas consideraciones, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es pertinente reiterar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el Delegado en Zacatecas, de la Procuraduría Federal del Consumidor, que resolvió el recurso de revisión interpuesto dentro del expediente PFC.ZAC.C.1/000312-2017; y como consecuencia, confirmó la resolución administrativa recurrida de quince de junio de dos mil diecisiete y, por ende, la sanción económica impuesta en dicha resolución. Como se puede advertir de lo antes expuesto, la resolución de mérito debe considerarse como aquella que pone fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelve un expediente, lo anterior para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal. Se afirma lo anterior, en virtud de que el artículo 14, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispone lo siguiente: ". ARTÍCULO 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; ." En ese contexto, es inconcuso que contra dicha determinación, previo a instar la acción constitucional, la impetrante del amparo debió promover juicio de nulidad respectivo, ya que de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para la suspensión de la ejecución del acto administrativo, este no exige mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y, por ende, no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Tiene sustento lo esgrimido con antelación, la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del tomo XX, julio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por tanto, como se dijo, la parte promovente debió de agotar el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente a instar la acción constitucional. No es óbice a lo expuesto el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1103, del tomo XXV, mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro son: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. Del examen comparativo del citado precepto con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo, a saber: 1) circunscribe la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obliga al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constriñe a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales se considera que se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condiciona el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establece que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. En ese tenor, al actualizarse la excepción al principio de definitividad aludido, es factible acudir directamente al juicio de amparo sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Se afirma lo anterior, pues el entonces vigente artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, del cual derivó el criterio jurisprudencial apuntado, fue reformado mediante decreto publicado el diez de diciembre de dos mil diez, y acorde al segundo transitorio, entró en vigencia noventa días posteriores a su publicación. Esto es, al ser derogada la disposición normativa que dio luz a la jurisprudencia que consideraba innecesario agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo, previamente al amparo, debe decirse que quedó sin efecto legal alguno, pues la actual redacción del numeral 28 de la referida ley administrativa, no establece mayores requisitos para la otorgar la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo. En las referidas circunstancias, se insiste, no obstante que el criterio jurisprudencial que se ha venido haciendo referencia fue emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya observancia para este órgano jurisdiccional es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la disposición legal sobre la cual se erigió fue derogada. Igualmente, no se está en la excepción al principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado carezca de fundamentación, o se aleguen violaciones directas a la constitución, o que el medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, por lo siguiente. La resolución reclamada, sí cuenta con fundamentación al apoyarse en los artículos 19, fracción XXIV, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; 1° del Acuerdo del Procurador Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, 135 de la Ley Federal del Consumidor y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, no se alega una violación directa a la Constitución, ya que sólo señala violación a los derechos humanos de certeza y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que debió agotar, se encuentra previsto en una Ley Federal, y no en un reglamento; de ahí que no se actualice ninguna excepción prevista en el citado numeral. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Jorge Armando Ortiz Lara, por su propio derecho, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Amparo al licenciado Héctor Hugo Ortiz Lara, y como domicilio para tal efecto, el ubicado en calle Canteros número veinte (20), colonia Infonavit Tres Cruces, en esta ciudad de Zacatecas.
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