Jorge Armando Naal Pech

Expediente 1735/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1735/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Armando Naal Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Finalmente, toda vez que no existe objeto legal alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado de Distrito las copias certificadas de juicio oral mercantil ********************, del índice del Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse dichas copias certificadas a la autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibieron los mismos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que no se encuentra pendiente de acordar alguna promoción; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, el auto de admisión, el informe con justificación rendido por las responsables; además, se emplazó a *******, a quien se le reconoció el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental que anexó el quejoso a la demanda, consistente en copia simple del auto de doce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *****. Igualmente, la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que las partes no los formularon y el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: En atención a la relación secretarial, se declara cerrada esta fase de la audiencia. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1735/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********, contra actos de la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El uno de agosto de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, recibió la demanda de amparo promovida por**********, contra el acto reclamado a la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se actualizó la planilla de liquidación se sentencia en el juicio ejecutivo mercantil *****. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado de Distrito. En auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1735/2023, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento, y al ****, tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibió el informe con justificación de la autoridad responsable. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: (.....) Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En este asunto, no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida analizar el fondo del asunto, sin que sea necesario estudiar cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Es innecesaria la transcripción de los argumentos contenidos en la demanda, ya que no existe disposición en la Ley de Amparo. Además, los principios de congruencia y exhaustividad se satisfacen cuando se estudian y da respuesta a los argumentos expresados en la demanda de amparo. El examen de los conceptos de violación se realizará bajo la óptica del estricto derecho, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En la demanda de amparo, el impetrante alega que el auto de doce de julio de dos mil veintitrés vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución General, 8 y 21.3 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; petición que sustenta en los argumentos que se estudiarán enseguida. A. Interés usurario. El porcentaje sobre el cual se cuantificó el interés moratorio es del nueve por ciento mensual, el cual resulta usurario, por lo tanto, aun ante la existencia de una sentencia ejecutoriada, el Juez de Mercantil debió prevenir que el acreedor obtuviera un lucro desmedido y desproporcional con el cobro de intereses moratorios que se generaron posteriormente al dictado de la sentencia, pues la suma de éstos es superior a la suerte principal por la cual se ejerció la acción ejecutiva mercantil. Citó en apoyo la jurisprudencia I.3o.C. J/20 (10a.) que emitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS QUE CONTIENEN CONDENAS USURARIAS. EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO OBTENIDO A TRAVÉS DE LA COSA JUZGADA Y EL DERECHO HUMANO DE PROHIBICIÓN A LA USURA, SÓLO PUEDE ESTABLECERSE A TRAVÉS DE UN JUICIO DE PONDERACIÓN QUE HAGA PREVALECER EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, CON LA MENOR AFECTACIÓN POSIBLE A LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA." Es infundado el concepto de violación, ya que el análisis de la usura encuentra su límite en la cosa juzgada, por lo tanto, el Juez Mercantil no tenía obligación de limitar los intereses moratorios cuyo porcentaje quedó establecido en una sentencia firme. En principio debe indicarse que el artículo 1348 del Código de Comercio, se obtiene que la controversia incidental sobre liquidación de intereses debe ser resuelta atendiendo a los argumentos formulados por las partes en el incidente de liquidación, pero sin modificar, anular o sobrepasar las bases decididas en sentencia definitiva, ya que únicamente se liquidan las prestaciones que no fueron determinadas en cantidad cierta en el fallo definitivo. La liquidación tiene que apegarse a las bases establecidas en la sentencia definitiva, por lo que justifica que el Juzgador pueda analizarla de manera oficiosa, incluso en el caso de que no exista oposición del condenado, pues como rector del proceso, corresponde al órgano jurisdiccional vigilar la adecuada ejecución de los fallos que constituyen la verdad legal, por lo mismo, que su liquidación se ajuste a la condena decretada, para lo cual debe atender primordialmente las bases fijadas en el fallo, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas. En ese sentido, aun cuando la parte reo no hubiese realizado manifestación alguna dentro del término de tres días que se concedió, respecto a la planilla de liquidación presentada por la actora, esa circunstancia no obliga a aprobar en su totalidad su importe, ni que las cantidades propuestas no coincidan con las resultantes en el presente incidente, en virtud de que, el juez como máximo rector del proceso, está facultado para analizar las cantidades propuestas por el promovente y corregir de oficio las cantidades que resulten incongruentes. Por las razones que la integran, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA." A pesar de que el Juez Mercantil tiene la obligación de analizar el contenido de la planilla de liquidación, ello no lo faculta para ejercer control más allá de la cosa juzgada, aun tratándose de la regulación de intereses moratorios por considerarlos usurarios. En efecto, la posibilidad de regularizar los intereses usurarios no puede realizarse a través del incidente de liquidación, cuando éstos fueron determinados en la sentencia definitiva. Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 284/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió la interrogante siguiente: ¿Es posible ejercer el control oficioso o a petición de parte de la usura, como una forma de explotación del hombre por el hombre, prohibida en el artículo 21.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede realizarse respecto a los intereses derivados de un préstamo que ya han sido materia de condena, en una sentencia que, por encontrarse firme constituye cosa juzgada; o si ello ya no es posible debido a la institución de referencia? Sustancialmente, la respuesta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia consistió en que "(.) aunque el análisis de la usura puede efectuarse de manera oficiosa mientras la sentencia que condena al pago de los intereses derivados de un préstamo se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, hecho valer por el acreedor de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura, pues la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa especifica en monto porcentual, debe considerarse firme." Además, el Alto Tribunal destacó que aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. Consideraciones que dieron origen a la 1a./J. 28/2017 (10a.) de rubro y texto siguiente: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." Así, en el caso que se analiza, en sentencia de uno de marzo de dos mil dieciséis, el Juez Mercantil declaró procedente la acción cambiaria directa, condenó al pago de diecinueve mil seiscientos pesos por concepto de suerte principal; más los intereses moratorios a razón del nueve por ciento mensual generados desde el doce de enero de dos mil catorce hasta el pago total del adeudo, y el pago gastos y costas. Fallo que adquirió la categoría de cosa juzgada sin que existiera modificación. En ese panorama, contrario a lo que alega el quejoso, el Juez Mercantil no tenía la obligación de regular los intereses moratorios, pues la pretensión de la parte actora se apoyó en el derecho reconocido en una sentencia con la categoría de cosa juzgada, la cual debe acatar en sus términos al liquidar el monto de los intereses moratorios. Así, con independencia de la cantidad de incidentes que se han planteado sobre liquidación de sentencia, en el caso particular se entiende que el promovido por el tercero interesado tiene sustento en la cosa juzgada, por lo que no puede considerarse que se trate de un enriquecimiento indebido, habida cuenta que el citado incidente tiene sustento en una determinación judicial que le otorga el derecho al ejecutante. No es obstáculo a lo considerado la tesis en la que apoyó el concepto de violación, pues sobre su contenido la Primera Sala determinó que el criterio contenido en ella fue analizado en la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. B. Dilación en la ejecución de sentencia y extinción del derecho para actualizar la liquidación. Con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, dada su estrecha relación, se dará respuesta en forma conjunta a los argumentos expuestos sobre estos temas. Al respecto, el quejoso alega que desde el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se liquidaron los intereses moratorios, por lo que el actor contaba con una base cuantificada para ejecutar la sentencia; sin embargo, dilató arbitrariamente la ejecución de la sentencia a pesar de que existía un embargo sobre un bien inmueble que estuvo en aptitud de rematar y cobrar el adeudo, pues se tramitó el procedimiento de remate, incluso se citó a la audiencia de remate en primera almoneda, pero no se llevó a cabo por causas imputables al actor, lo que evidencia que retardó el remate para incrementar el monto de la deuda con el transcurso del tiempo. Sustenta su argumentación en la tesis I.3o.C.303 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro: "MORA PRODUCTIVA. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, PARA EVITARLA, DEBE ADECUARSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO COMO UN LÍMITE MÁXIMO Y REDUCIR PRUDENCIALMENTE LOS INTERESES USURARIOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." Además, sostiene que es improcedente una nueva liquidación de intereses, ya que el derecho del actor se extinguió cuando solicitó la liquidación de la sentencia en diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se determinó que adeudaba la cantidad de setenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos, suma que abarca el adeudo principal y los intereses moratorios, sin que pueda actualizarse con posterioridad, pues implica permitir violentar los derechos del demandado, ya que la deuda de intereses moratorios será superior a la principal. Son inoperantes los conceptos de violación. Ciertamente, en los juicios de amparo analizados bajo la óptica de la suplencia de la queja, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados. Bajo esa consideración, si la parte quejosa no controvierte las razones que sustenta el acto reclamado o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, el órgano de control constitucional no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. También ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso. Ahora, la inoperancia de los argumentos expuestos por la quejosa descansa en que al contestar la vista con la planilla de liquidación, esencialmente, propuso al Juez Mercantil la misma problemática, la cual fue desestimada, porque: A. La existencia de una planilla de liquidación no limita el derecho del actor para solicitar su actualización hasta la fecha de pago de la suerte principal, el cual ocurrió el dos de marzo de dos mil veintidós. B. A pesar del pago de la cuantificación de intereses contenida en la planilla de liquidación de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, los intereses moratorios continuaron corriendo hasta la fecha en que se realizó el pago. C. La suma generada por intereses moratorios es resultado de incumplimiento de pago, pues desde el nueve de noviembre de dos mil dieciséis se le requirió el cumplimiento de la sentencia. Las consideraciones reseñadas no fueron controvertidas, ya que los conceptos de violación reiteran las premisas de que el actor incurrió en dilación en la ejecución de sentencia y que el derecho para solicitar la liquidación de sentencia se había extinguido; aspectos que fueron abordados por la autoridad responsable al analizar la planilla de liquidación. Además, sobre la mora productiva por incumplimiento tardío de la obligación convenida que genera un lucro excesivo en los intereses convenidos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido lineamientos claros y suficientes para examinar la existencia de la usura en el pacto de los intereses acordados con motivo de pagaré y la forma en que deben reducirse prudencialmente; por tanto, innecesario crear una categoría diferenciada de la usura, misma que, se reitera, sí se abordó por la responsable en la sentencia definitiva. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito de rubro y texto siguiente: "MORA PRODUCTIVA. ES INNECESARIO CONSIDERARLA COMO UNA CATEGORÍA DIFERENCIADA DE LA USURA EN EL PACTO DE LOS INTERESES ACORDADOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido lineamientos claros y suficientes para examinar la existencia de la usura en el pacto de los intereses acordados con motivo de un préstamo y la forma en que deben reducirse prudencialmente; por lo tanto, es innecesario crear una categoría diferenciada de la usura, denominada "mora productiva", por incumplimiento tardío de la obligación convenida que genera un lucro excesivo en los intereses convenidos, pues ese concepto limita el ejercicio prudencial que corresponde hacer al Juez, atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso, las que debe tener en cuenta, de acuerdo con los parámetros objetivos y subjetivos fijados por el Más Alto Tribunal del País." D. Incorrecta regulación de la temporalidad. El Juez Mercantil cuantificó la condena en meses, pero debió hacerlo en días calendario, aunado a que los sesenta y siete meses en que, supuestamente, incurrió en mora, no corresponden a la fecha en que realizó el pago de la suerte principal. Es infundado del concepto de violación. Ciertamente, para justificar lo anterior, primero debe decirse que los derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas contenidos en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referidos a los actos de las autoridades jurisdiccionales, se cumplen con el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y con una sentencia que resuelva la totalidad de las cuestiones efectivamente planteadas, durante el juicio. La obligación de fundar y motivar las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, implica que éstos expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que consideraron para resolver la problemática jurídica sometida a su conocimiento, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de fuerza legal suficiente. Ahora, a parte de una adecuada fundamentación y motivación, la resolución debe ser congruente y exhaustiva. El principio de congruencia obliga a que la sentencia debe tener concordancia no sólo consigo mismo, sino también con la materia del juicio, tal y como se haya establecido en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna y externa. La primera, es aquella característica en que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. La congruencia externa, atañe a la relación que debe existir con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que no distorsione o altere lo pedido o lo alegado, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes, sin introducir alguna que no se reclame, ni se condene o se absuelva a alguien que no es parte en el juicio. Por otra parte, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad, respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos por las partes. En otras palabras, para que una decisión judicial cumpla con los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, deberá atender a todos y cada uno de los argumentos que aduzcan las partes, a fin de solucionar la totalidad de los puntos materia de la controversia. Además, no contendrá contradicciones en las consideraciones contenidas en ella o con lo pretendido por las partes. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el caso, tales principios se prevén en el artículo 1077 del Código de Comercio, que establece que todas las resoluciones judiciales deberán ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Ahora, como se señaló en párrafos anteriores, el Juez Mercantil está obligado a analizar de oficio la planilla de liquidación correspondiente, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 35/97, antes citada. Por consiguiente, a fin de obtener el monto líquido de intereses moratorios generados durante el lapso indicado en la planilla resultaba necesario atender el contenido del artículo 84 del Código de Comercio que, en lo conducente, dispone ".en todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano; y el año, de trescientos sesenta y cinco días.". De esa porción normativa se obtiene que cada mes calendario tiene el mismo valor para efectos de la cuantificación de intereses, sin importar la cantidad de días que le correspondan según el calendario; ello implica que en este caso a cada periodo mensual le corresponde el mismo monto de intereses, sin importar que algunos sean de veintiocho o veintinueve días, como acontece cuando se incluye el mes de febrero, aun y cuando se trate de año bisiesto, y que algunos meses sean de treinta o treinta y un días; ya que el legislador mercantil fue claro al establecer que en todos los cómputos, los meses se entenderán según estén designados en el calendario. En el caso concreto, en la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil en 21/2015, a través del cual la actualizó la planilla de liquidación de sentencia por el periodo del trece de agosto de dos mil dieciséis al doce de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable consideró transcurrieron 67 meses, y sobre ese lapso de tiempo realizó la cuantificación. Ciertamente, en la segunda liquidación de intereses el actor solicitó la cuantificación del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis al dieciocho de marzo de dos mil veintidós, pero la autoridad responsable la reguló estableciendo que el periodo a cuantificar era a partir del trece de agosto de dos mil dieciséis al doce de marzo de dos mil veintidós; sobre esa base., la actualización de la planilla de liquidación fue 67 meses. Lo anterior, es acorde al artículo 84 del Código de Comercio ya que la responsable cuantificó los intereses con base en el calendario, de ahí lo infundado del concepto de violación. Además, destacó que en términos del artículo 364, segundo párrafo, del Código de Comercio el pago que realizó la parte demandada, era aplicable a los intereses moratorios, de ahí que el resultado del adeudo sea ciento dieciocho mil ochenta y ocho pesos, por concepto de suerte principal e intereses moratorios al doce de marzo de dos mil veintidós; consideración que no controvirtió la quejosa en sus conceptos de violación. En ese panorama, lo procedente es negar el amparo a Jorge Armando Naal Pech, contra el acto reclamado a la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se actualizó la planilla de liquidación se sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 21/2015, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a *******, contra el acto reclamado a la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se actualizó la planilla de liquidación se sentencia en el juicio ejecutivo mercantil ******, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, con el informe justificado rendido por la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe copia certificada del juicio oral mercantil 21/2015 de su índice, fórmese UN LEGAJO, con dichas constancias, sin que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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