Jorge Armando Morales Vázquez

Expediente 92/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
92/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Jorge Armando Morales Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, quince de marzo de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, para que practique la notificación presente proveído. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Sección Administrativa de este Juzgado, para que a su vez, lo haga del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la salida y regreso del Actuario comisionado para practicar la diligencia de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso donde guarda reclusión. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Nmr * Mcvp.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual, en atención a la solicitud formulada en auto de veintiséis del actual (fojas 9 a 15), designa como representante especial del quejoso Jorge Armando Morales Vázquez, al licenciado Ignacio Pacheco Gómez. En esas condiciones, como lo solicita, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase al citado profesionista, por conducto de cualquiera de los Actuarios de la adscripción, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezca a aceptar y protestar el cargo de representante especial que le fue conferido. Lo anterior, hágase del conocimiento del quejoso, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, tomando en consideración que el peticionario de mérito, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Michoacán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que le notifique el presente proveído. De igual forma, hágase del conocimiento de la Sección Administrativa de este Juzgado, para que a su vez, lo haga del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la salida y regreso del actuario comisionado para practicar la diligencia de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que el Actuario adscrito a este Juzgado practique la notificación encomendada. Notifíquese personalmente al representante especial y al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B, de los Juzgados de Distrito, al que adjunta la demanda promovida por Jorge Armando Morales Vázquez, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo y regístrese con el número 92/2019. IMPROCEDENCIA De la lectura íntegra de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Es uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, principio rector del juicio de amparo que preserva su carácter verdaderamente excepcional, al cual se podrá acudir si y sólo si se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, ello a efecto de impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en sede común, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Dicho principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos para que opere dicho supuesto, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene tres excepciones al principio de definitividad contemplado en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, la lectura del escrito de demanda que ocupa la atención, reporta que el acto que se reclama no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción precisados. En el caso concreto, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades penitenciarias en su demanda de amparo la omisión de proporcionarle atención médica. Sin embargo, es necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, con motivo de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen:...De los preceptos transcritos, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; incluso, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. De igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial al momento de resolver la controversia planteada. Ahora bien, como ya se precisó, el quejoso acudió al juicio de amparo a efecto de controvertir actos atribuidos a autoridades del centro de reclusión en que se encuentra interno, los cuales se vinculan con las condiciones de internamiento del promovente del amparo. En consecuencia, a dichos actos que tuvieron lugar con motivo del internamiento del quejoso en la indicada Institución penitenciaria, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ello es así pues el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal....En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113 en relación con el 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Tomado en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y notifique al quejoso el presente auto. En la inteligencia de que si el actuario comisionado no lograre notificar al quejoso el día establecido, contará con dos días posteriores para lograr lo encomendado. En el entendido que la salida y regreso del actuario deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Sección Administrativa de este Juzgado, para que a su vez, lo informe a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la salida y regreso del actuario comisionado para practicar la diligencia de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. REPRESENTANTE ESPECIAL. Por otra parte, dado que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no designó autorizado alguno para recibir notificaciones; en esa virtud, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designarle un asesor o defensor público, según sea el caso, que lo asista por lo que se refiere a este expediente, adjuntándole copia simple de la demanda TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de la persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.

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