Jorge Armando Monroy Orive

Expediente 719/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
719/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Jorge Armando Monroy Orive

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que por proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó devolver al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el anexo que fue remitido por el entonces Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, al haber declinado la competencia legal para conocer del presente asunto, sin que se hubiera efectuado dicha devolución. En consecuencia, mediante oficio que derive de la presente determinación, devuélvase a la mencionada autoridad el citado anexo, consistente en: Un tomo en copia certificada del juicio ordinario mercantil 496/2020, de su índice Lo anterior, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, no obstante, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que, al momento de entregar el oficio de mérito, se cerciore que la autoridad destinataria apunte las constancias que recibe. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes . En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Asimismo, devuélvanse al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México el legajo de copias certificadas del Juicio Ordinario Mercantil 496/2020 y al Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito las copias certificadas del juicio de amparo 16/2021 que remitieron. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el ocurso de cuenta, a través del cual el quejoso Jorge Armando Monroy Orive, desahoga la prevención a la que fue conminado mediante determinaciones de doce y veinticinco de agosto del año en curso. En ese sentido, se deja sin efectos el apercibimiento que decretado en autos. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados: El auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda promovida por María Esther Monroy Orive y Silvia Edith Monroy Orive por conducto de sus representantes, en contra del aquí quejoso Jorge Armando Monroy Orive y Organización Empresarial Monori S.A. de C.V., en el juicio 496/2020. El auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, por el que se previno a la parte actora en el juicio 496/2020. El auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, por el que se admitió la demanda promovida por María Esther Monroy Orive y Silvia Edith Monroy Orive por conducto de sus representantes, en contra del aquí quejoso Jorge Armando Monroy Orive y Organización Empresarial Monori S.A. de C.V., en el juicio 496/2020. El ilegal emplazamiento que se realizó al quejoso Jorge Armando Monroy Orive el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Ahora bien, respecto de dichos actos, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, pues este juzgador considera que respecto a los actos reclamados señalados en los incisos a) y b) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia al diverso 6°, párrafo primero, de la legislación en cita y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional puede promoverlo, únicamente, la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la transcripción precedente se obtiene que para la procedencia del juicio amparo es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y ese interés se vea afectado. En el caso particular, sólo se analizará el interés jurídico, pues al presentar la demanda de amparo, la parte quejosa no alegó la titularidad de un interés legítimo para accionar la vía constitucional. En ese sentido, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Sobre el particular, se cita por su aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 225, registro 170500, del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Corolario a lo anterior, es que la afectación a dicho interés jurídico debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. Cobra aplicación la jurisprudencia 321, de la Segunda Sala del más alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 216, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En esa tesitura, se considera que los actos reclamados, precisados en los incisos a) y b) en realidad no generan detrimento alguno a los derechos fundamentales que el quejoso estima transgredidos, al no existir elemento de convicción que fundada y razonadamente patentice lo contrario, pues, con los actos reclamados no existe lesión o perjuicio en sus derechos, pues en todo caso, quien sufre una afectación directa lo es la parte actora en el juicio 496/2020, no así la parte demandada aquí quejosa, quien con dichos actos no sufre un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata. Consecuentemente, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 6º, fracción I, éstos de la Ley de Amparo y 107 fracción I, de la Constitución Federal, procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa en relación a los actos indicados en los incisos a) y b). Por otra parte, respecto a los actos reclamados señalados en los incisos c) y d) se aprecia que son relativos a una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que si bien reclama el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el que se admitió la demanda promovida en su contra en el juicio 496/2020 y que a consecuencia de ello, se le haya emplazado a juicio, lo cierto es que, este Juzgado de Distrito estima que respecto a los citados actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" A su vez, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues, el auto y emplazamiento reclamados, no producen una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias de los actos reclamados, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante la autoridad que señala como responsable. Además, tales actos no constituyen un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos extraprocesales y puede ser reparado si el impetrante obtiene sentencia favorable; de tal manera, la sentencia impugnada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para el quejoso, a través del juicio de amparo directo, por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. Apoya lo anterior, por identidad jurídica el criterio orientador II.1º.C.T.118 C, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 363, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con número de registro 199848, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACION INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA CADUCIDAD." Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Jorge Armando Monroy Orive, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, en relación a los actos reclamados en los incisos c) y d). Máxime que en relación al acto reclamado indicado en el inciso d) se actualiza otra causal de improcedencia que en el caso lo es la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;" A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado, ello, a pesar de que el quejoso indique en su demanda que no pudo combatir lo reclamado a través del incidente de nulidad, en atención a que notó las irregularidades en el procedimiento al momento de consultar el expediente en el archivo del juzgado y de manera electrónica después de contestar la demanda, pues ello únicamente constituyen justificaciones para no agotar el principio de definitividad. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Comercio, debe agotarse el incidente de nulidad previsto en el artículo 1390 bis 6, del citado ordenamiento, dispositivo legal que establece: "Artículo 1390 Bis 6.- La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, se hará de manera escrita, con vista a la contraria por el término de tres días y se citará para audiencia especial, en la que se desahogarán las pruebas que en su caso se hayan admitido, y se dictará la sentencia correspondiente. Si se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que versen. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si éstos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nulidad promovida en audiencia. La nulidad del emplazamiento que se promueva durante las audiencias preliminar o de juicio se realizará de manera oral y la parte contraria la contestará en igual forma y de no hacerlo se tendrá por precluído su derecho. Si se ofrecen pruebas y de ser procedente su admisión, el Juez ordenará su desahogo de ser posible en la misma audiencia o en su defecto, citará a las partes para audiencia especial. Desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas, o las que propongan no se admitan, el juez escuchará los alegatos de las partes en el orden que determine y sin mayores trámites, dictará la resolución interlocutoria si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla también en audiencia, dentro del término de tres días." En atención a los artículos transcritos se evidencia que contra el acto reclamado en la presente vía (precisado en el inciso d)) procede el incidente de nulidad, de conformidad con lo establecido por el artículo 1390 bis 6 del Código de Comercio, medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto la parte quejosa debe agotar los recursos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexos), a través del cual el quejoso Jorge Armando Monroy Orive, pretende desahogar la prevención que le fue realizada en proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante el auto referido, se le previno para lo siguiente: "1. Exhiba seis copias de su demanda de amparo, toda vez en el presente juicio la autoridad declinante sólo remitió la demanda original; y en el presente caso la parte quejosa señala a una autoridad responsable (1) y además se requiere una para el Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado de Distrito (1), dos para las partes tercero interesadas (2), así como dos por solicitar la suspensión provisional (2), por tanto es de establecerse que se requieren seis copias de la referida demanda, para su distribución entre las partes. 2. Abunde en los hechos que constituyen los actos reclamados e indique cuál fue el trámite que recayó al recurso de apelación que indicó promover contra el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, por el que se admitió la demanda en el juicio ordinario mercantil 496/2020, es decir, indique si se admitió o desechó, así como si se encuentra en trámite o ya fue resuelto, caso en el cual, deberá indicar los términos de dicha resolución; asimismo, en relación al punto 10 y 11 de sus apartados de antecedentes y de los preceptos constitucionales que contienen derechos humanos y garantías que se estiman violados, indique si fue el quejoso quién promovió el juicio de amparo indirecto que refiere, contra qué actos y contra cuáles autoridades; asimismo, precise si dicho juicio de amparo se admitió o desechó, así como si se encuentra en trámite o ya fue resuelto, caso en el cual, deberá indicar los términos de dicha resolución." Ahora bien, del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso, no indica cuál fue el trámite que recayó al recurso de apelación que indicó promover contra el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, por el que se admitió la demanda en el juicio ordinario mercantil 496/2020, es decir, si se admitió o desechó, así como si se encuentra en trámite o si ya fue resuelto, caso en el cual, debería indicar los términos de dicha resolución. No se soslaya que en la relación de hechos que menciona como inciso IV, refiera: "iv. El ilegal emplazamiento a juicio del suscrito, en el juicio de origen que como ya se mencionó, se siguió a trámite la apelación interpuesta por las actoras: MARÍA ESTHER MONROY ORIVE Y SILVIA EDITH MONROY ORIVE, que recae en el toca mercantil 7/2021 (ACLARANDO EN ESTE MOMENTO QUE POR ERROR HUMANO SE SEÑALÓ EN TOCA 15/2020, EN EL ESCRITO INICIAL DE AMPARO INDIRECTO, MISMO DEL QUE SE EXHIBEN LAS COPIAS DEL TRASLADO COMO ANEXOS EN EL PRESENTE ESCRITO)."; y posterior a ello en el punto d, apartado 2 señala: ".precisando el estado procesal en que se encuentra, reitero que me refería al mismo que se está tramitando en ese momento, y SE ADMITE, bajo el expediente 16/2021 del índice del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, y por sentencia dictada en fecha SOBRESEE respecto de los agravios cometidos por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito y DECLINA, respecto de los agravios cometidos por el Juzgado de Distrito, que es el mismo que se tramita esta ocasión."; sin embargo, con dichas manifestaciones no se colma lo requerido por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento formulado en el referido auto de doce de agosto del presente año; por tanto, el plazo de cinco días otorgado en el proveído en comento, se interrumpe con la presentación del escrito que ahora se acuerda, por lo que, hágase del conocimiento a la parte quejosa que deberá satisfacer lo anterior dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación; toda vez que intentó desahogar el mismo dentro del segundo día de los cinco concedidos para tal efecto; en la inteligencia que de no cumplir nuevamente en los términos indicados en auto de doce de agosto actual, se hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en dicho auto y se tendrá por no presentada la demanda. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 39/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Pagina 400, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Así como la tesis XXII.1o.8 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Tomo II, Abril de 2014, Página 1414, con registro 178830, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo dentro de los primeros cuatro días que integran el plazo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por la parte quejosa y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Debe precisarse que este criterio no se opone con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.", en el que interpretó el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sino al contrario, resulta acorde con lo sostenido en esa jurisprudencia de la citada Sala del Alto Tribunal.".

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