Jorge Armando Jimate Galindo

Expediente 326/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
326/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Armando Jimate Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 22), que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Jorge Armando Jimate Galindo, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I, II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte promovente mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, transcurrió del siete al trece de agosto de dos mil dieciocho, sin que desahogara la prevención ahí contenida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el auto de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por JORGE ARMANDO JIMATE GALINDO. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte promovente mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, transcurrió del siete al trece de agosto de dos mil dieciocho, sin que desahogara la prevención ahí contenida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el auto de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por JORGE ARMANDO JIMATE GALINDO. Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Jorge Armando Jimate Galindo, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Justicia para Adolescentes, con sede en Actopan Hidalgo y otras autoridades; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 326/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, y V y 110, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad: Precise a que corporación pertenece la Policía Ministerial del Estado que refiere dentro del capítulo relativo a los antecedentes del acto que reclama; lo anterior, ya que del citado apartado, el promovente señala lo siguiente: "Que con fecha 23 DE AGOSTO del presente año, se presentaron en mi domicilio elementos de la policía ministerial del Estado."; En caso de que se trate de una autoridad diversa a las ya señaladas como responsables, informe si desea señalarla como autoridad responsable dentro del juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, deberá precisar la denominación correcta y con qué carácter la señala, si como ordenadora o ejecutora. Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana del Municipio de Actopan, Hidalgo, ya que de una lectura integral del libelo constitucional, en específico del capítulo mencionado anteriormente, se advierte lo siguiente: "..manifestándole a mi hermana que me tengo que presentar con ellos en virtud de que me tienen que hacer presentes (sic) ante el C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO.."; sin embargo, del capítulo III, relativo al apartado de autoridades responsables no se advierte que la señale como autoridad ordenadora o como ejecutora. Por tanto, una vez aclarados los puntos que anteceden y señale como responsables a las mencionadas autoridades, deberá allegar una copia más del escrito de demanda por cada autoridad para correrles traslado. Los anteriores datos resultan necesarios para determinar con precisión a las autoridades responsables y tramitar el juicio de amparo respecto a la cuestión planteada. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Ahora bien, en virtud de que se tratan de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se apercibe al solicitante del amparo que de no cumplir dentro del término legal concedido para tal efecto, por lo que indica el inciso a) se tendrá por no presentada la misma; y, de no cumplir con lo señalado en el inciso b) se continuará con la secuela procesal únicamente por lo que hace a los actos y autoridades que se precisan en su demanda de amparo. En el entendido, que el escrito aclaratorio correspondiente deberá contar con la firma autógrafa de la quejosa, la cual no puede ser sustituida por autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la parte interesada que influyan en la configuración de la litis constitucional. Es aplicable en lo que interesa, la Jurisprudencia: 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Prado, número 3, altos 2, interior 1, de la colonia Rafael Curiel, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Asimismo, se tiene como autorizado del quejoso en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Enrique Espinoza Hernández; en virtud de que no cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.

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