Jorge Armando Contreras Carraro
Expediente 628/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 39 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Armando Contreras Carraro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el veintisiete de mayo del año en curso, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de trece de enero de dos mil veintiuno se tuvo al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 628/2020 promovido por Jorge Armando Contreras Carraro. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad (a través de su buzón judicial) y turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés de noviembre siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticuatro de noviembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal la Federación adscrita y, emplazar a la tercera interesada (fojas 9-16). En auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, al advertir que en el informe justificado que remitió en su momento la autoridad responsable adjuntó el acta de nacimiento del entonces menor, nacido el veintitrés de julio de dos mil tres, a nombre de JORGE ARMANDO CONTRERAS VÁZQUEZ, el cual ya es mayor de edad, y por tanto, se ordenó correr traslado en su carácter de tercero interesado en el presente asunto. Por lo que el catorce y diecinueve de marzo de dos mil veintidós, se emplazó respectivamente, al presente juicio, por medio de lista de acuerdos a la parte tercera interesada YOLANDA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ y su hijo JORGE ARMANDO CONTRERAS VÁZQUEZ (fojas 273 y 277). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 46) e integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 274) la cual se llevó a cabo en el horario señalado (foja 280-281). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en razón de que el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio ordinario civil 421/2019-I del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que declaró improcedente la reclamación planteada por el demandado (aquí quejoso) y confirmó el monto de la pensión alimenticia fijado de manera provisional, consistente en el veinticinco por cierto de su sueldo y demás prestaciones que percibe de su fuente laboral. (determinación que fue notificada por lista de acuerdos al quejoso el mismo día, según foja 31 del tomo único de pruebas). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 46). Lo que se constata, puesto que dicha autoridad remitió copia certificada de esa determinación (fojas 25-31 del tomo único de pruebas) las cuales tienen valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucionalidad del acto reclamado. En principio, es oportuno precisar que a pesar de que al aquí quejoso le recae la calidad de deudor alimentario en el juicio civil de origen, procede suplir en su favor la deficiencia de la queja, al tratarse de un asunto en materia de alimentos. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.) de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO." Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados, lo que impone negar la protección de la Justicia Federal solicitada, por las razones que enseguida se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán de respaldo para dar solución al problema jurídico planteado, se considera pertinente explicar la institución de los alimentos establecida en el Código Civil de Veracruz. Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador tomó como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aportó, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la celeridad con que se resuelve el recurso de reclamación contra la pensión provisional de alimentos, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Así como la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el mismo órgano colegiado , que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." Así, como para conceder los alimentos provisionales que prevé el artículo 210 referido, cuando se demanden como consecuencia del concubinato u otra forma de familia de hecho, el Juez de instancia debe constatar la existencia preliminar del vínculo familiar con algún medio de prueba que lo demuestre, como lo es con el actas de nacimiento de hijos en común -reconocidos -, como en el caso acontece. Sirve de apoyo por analogía la tesis Aislada, con registro 2016607, del Tribunal Colegiado de Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. PARA CONCEDERLOS CUANDO SE DEMANDEN COMO CONSECUENCIA DEL CONCUBINATO U OTRA FORMA DE FAMILIA DE HECHO, EL JUEZ DE INSTANCIA DEBE CONSTATAR LA EXISTENCIA PRELIMINAR DEL VÍNCULO CON ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE LO ACREDITE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Tratándose de los alimentos provisionales, en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el Juez debe atender a los elementos aportados con la demanda que permitan derivar la existencia de la relación concubinaria y la apariencia del buen derecho que obliga a decretar y asegurar aquéllos. Es entendible que en el momento procesal de que se trata (el inmediatamente posterior a la admisión de la demanda) el juzgador deba atender a pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Pero, tan pronto como considere, preliminarmente, acreditado que se cumplen los requisitos del artículo 1568 del Código Civil para el Estado de Veracruz, debe acordar la concesión de alimentos provisionales y asegurar jurídicamente su otorgamiento. Por tanto, si bien en el caso del concubinato no existen pruebas directas sobre su constitución, lo cierto es que ello no significa que los extremos del artículo 1568 citado, no puedan acreditarse preliminarmente con pruebas indirectas de las que pueda presumirse humanamente la existencia de dicho vínculo familiar. Así, para conceder los alimentos provisionales que prevé el artículo 210 referido, cuando se demanden como consecuencia del concubinato u otra forma de familia de hecho, el Juez de instancia debe constatar la existencia preliminar del vínculo familiar con algún medio de prueba que lo demuestre, para lo cual en forma enunciativa mas no limitativa, en criterio de este órgano jurisdiccional puede acreditarse con: 1) constancias como derechohabiente ante instituciones de seguridad social y médicas; 2) pólizas de contratos de seguro -como por ejemplo de gastos médicos mayores, invalidez y vida-; 3) actas religiosas; 4) actas de nacimiento de hijos en común -reconocidos-; 5) declaraciones patrimoniales; 6) constancias de prestaciones laborales en favor de la familia; 7) reconocimiento judicial y otras constancias judiciales; 8) contratos por servicios domésticos; 9) contratos con instituciones financieras; 10) contratos típicos civiles; 11) pruebas periciales; y, 12) cualquier otra en términos del artículo 235 del código procesal civil invocado. Todas ellas, entendidas desde el contexto de que en algún punto trascienden a la dinámica familiar, ya sea por ser beneficiarios de algún derecho o servicio enfocado a dicho ámbito o porque hacen uso o presuponen la solidaridad familiar." Así como, la tesis aislada, con registro 2002587, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido dicen: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. ANÁLISIS A LA LUZ DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA DEL ELEMENTO NECESIDAD ENTRE CÓNYUGES O CONCUBINOS, POR TRATARSE DE UNA MEDIDA CAUTELAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Este Tribunal Colegiado estableció jurisprudencia en el sentido de que no debe presumirse a favor de los cónyuges -concubinos- la necesidad alimentaria, cuando se dicta sentencia definitiva. La anterior precisión se hace para distinguir ese criterio del impetrante cuando se trata de una medida cautelar. Para fijar la pensión provisional, dada su naturaleza, deben analizarse dos extremos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Acorde con ello, en aplicación del artículo 210, párrafo segundo, del código procesal civil para el Estado de Veracruz, la apariencia del buen derecho se acredita mediante las correspondientes actas del registro civil; y, el peligro en la demora por las circunstancias del caso, donde está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de alimentos. En esta virtud, es posible sostener que para la pensión provisional no se está en el caso de una presunción, como prueba aceptada en un proceso civil, a que se refiere el artículo 299 del citado código, sino que las reglas de la institución jurídica a utilizar y constatar para este tipo de determinaciones, deberá ser aquella relativa a las medidas cautelares como es la apariencia del buen derecho. Por eso se justifica la existencia de un estándar probatorio menos rígido, dado el carácter sumario e instrumental de la providencia, dando plena relevancia a las actas del registro civil -normalmente documentales públicas- para avalar las posturas ofensivas o defensivas de los contendientes. Además, al estar en presencia de actos dentro de una providencia cautelar, el mismo tratamiento debe darse tanto al actor cuando se provee lo que solicita, como al demandado cuando se resuelve su inconformidad en contra de la determinación que la concedió; de ahí que, el análisis probatorio debe realizarse en comunión con los principios de contradicción, equidad procesal e igualdad de armas, dando similar alcance a las pruebas ofrecidas, tanto por el actor como por el demandado, para acreditar cargas alimentarias, lo cual incide en la graduación de la pensión al momento de solicitarla y al resolver la reclamación. Esto también se justifica derivado de los plazos establecidos por el juzgador para resolver la reclamación, al ser poco práctico e improbable para las partes involucradas acreditar para la pensión provisional si el cónyuge o concubinario o concubina depende económicamente o no del deudor alimentario. Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se obtienen de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (tomo único de pruebas): 1). Mediante escrito presentado el treinta de julio de dos mil diecinueve, Yolanda Vázquez Rodríguez por su propio derecho y en representación de su entonces menor hijo de identidad reservada, promovió juicio ordinario civil contra Jorge Armando Contreras Carraro de quien demandó el pago de una pensión provisional alimenticia a favor de su hijo y, en su oportunidad, una definitiva a cargo del demandado, exhibiendo copia certificada del acta de nacimiento número 01460, de dos mil tres, expedida por el Juzgado 51° del Registro civil (fojas 1-6). 2). Por auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, acordó: admitirla y radicarla con el número 421/2019-I; y fijar una pensión alimenticia provisional del 25 % (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones del demandado Jorge Armado Contreras Carraro (fojas 7-9). 3). Luego, mediante proveído de cinco de febrero de dos mil veinte, el ahora quejoso Jorge Armado Contreras Carraro deudor alimentario contestó la demanda e hizo valer recurso de reclamación contra el monto de la pensión provisional allí decretada (fojas 17-22). 4) Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, el abogado del deudor alimentario solicitó se turnaran los autos para resolver la reclamación planteada (foja 23). En dicha reclamación, el demandado alegó que: Que la pensión alimenticia provisional es desproporcionada, ya que no se precisó con fundamento en qué artículos decretó el porcentaje de su suelto y no motivó el porqué de las razones que tuvo para arribar a dicha determinación exagerada, ya que la actora no justifica ni de manera indiciaria a cuánto equivale la necesidad de percibir alimentos por parte de su menor hijo, máxime que a su madre también le recae la obligación de proporcionar alimentos y tiene buenos ingresos derivado de la actividad económica que desarrolla. Asimismo, refirió al contestar la demanda que es cierto lo que dice la actora en relación a la existencia de su hijo, pero que es falso respecto a la relación de concubinato que refiere, dado que ésta todavía se encuentra unida en matrimonio con diversa persona y que es falso que carezca de ingresos económicos, ya que se dedica al cultivo de caña de azúcar Hasta aquí los antecedentes del asunto. SUBSUNCIÓN De la resolución reclamada se advierte que el juez responsable confirmó el monto de la pensión alimenticia fijado de manera provisional, consistente en el veinticinco por cierto de su sueldo y demás prestaciones que percibe de su fuente laboral el ahora quejoso a favor del menor involucrado. Enseguida se pasa al examen de dicha determinación, a fin de verificar si la misma se encuentra ajustada a derecho. Análisis de la resolución reclamada a) Los elementos de prueba que el juez responsable tomó en consideración son: De la parte actora: Copia certificada del acta de nacimiento del entonces menor de edad con número 01460. Un recibo de nómina de Jorge Armado Contreras Carraro, de periodo de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de dos mil diecinueve (fojas 5-6 del tomo único de pruebas). Del demandado: Refirió que no ofreció pruebas de su parte. b) Por cuanto al valor demostrativo que la autoridad responsable otorgó a esos medios de convicción, se advierte que les confirió pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 210, 235, fracciones II y III, 261, fracción IV, 330, 334 y 337, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. c) Los datos que revelaron los medios de convicción, a juicio del juez responsable, son: - La existencia de un acreedor alimentario, quien es hijo de la actora y del demandado (aquí quejoso) el cual contaba con dieciséis años al momento de la presentación de la demanda. d) Con esos datos y elementos de prueba el juzgador civil concluyó que: Se encuentra justificada la relación familiar entre el acreedor alimentario menor de edad y el demandado. Dada la minoría de edad de dicho acreedor al momento de solicitar la pensión alimenticia, surge la presunción legal de necesitar todos los rubros que establece el numeral 239 del Código Civil de la entidad. Que al resolver, tomó en consideración única y exclusivamente las documentales aportadas al promoverlo, así como las pruebas que obraban hasta ese momento, sin proveer en relación a los medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud en que se debe resolver. Se descartó que el monto de la pensión provisional de alimentos sea desproporcionado con los ingresos del demandado, indicando que los derechos alimentarios solicitados por la actora en favor de su entonces menor hijo, sí se encuentran justificados, en forma provisional. Ello atendiendo a la capacidad económica del deudor alimentario para sufragar los gastos de su menor hijo, a quien le corresponde suministrarlos en términos de los numerales 233 y 234, en íntima relación con el 239 del código sustantivo de la materia, comprendiendo los alimentos, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, además los gastos necesarios de educación básica y sobre todo, que los alimentos deben ser otorgados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Y en relación a lo que expresó en sus agravios de que está cumplimiento con su obligación de proporcionar alimentos a su hijo, no lo tuvo por acreditado, precisando que una contribución voluntaria no constituye la prueba idónea en el recurso de reclamación que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo en virtud de que la necesidad de los mismos se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no pude sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que estime convenientes. Cantidad que estimó justa, equitativa y humana a los ingresos del deudor, considerando que no quedó probado ni siquiera de manera indiciaria cuáles son los gastos que eroga y que la medida impuesta sea gravosa. Con base en esas consideraciones resultó improcedente la reclamación planteada por el demandado. Hasta aquí las consideraciones del juez civil. En el caso concreto, contrario a lo alegado por el quejoso en su demanda de amparo, se estiman ajustadas a derecho las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en la emisión de la resolución reclamada, ya que se encuentran dotadas de la debida fundamentación y motivación exigidas constitucionalmente, por las razones que a continuación se expresarán y que dan respuesta puntual a sus conceptos de violación. En principio, se observa que la resolución combatida proviene de autoridad judicial competente, como lo es el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, ante quien se encuentra radicado el juicio ordinario civil en donde se planteó el recurso de reclamación de que se trata, el cual conforme al artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, tenía la obligación de resolverlo. Tocante a la necesidad del acreedor alimentario: el adolecente contaba con dieciséis años al momento en que se dictó la resolución reclamada, lo que revela la necesidad de recibir alimentos, así como los gastos de comida, vestido, calzado, asistencia médica, servicios básicos, habitación, educación, transporte y esparcimiento, como acertadamente lo consideró el juzgador de origen, al establecer que requiere de la gama de alimentos que establece el numeral 239 del Código Civil de Veracruz. En torno a la posibilidad económica del deudor alimentario: se atiende a que obra en autos el oficio signado por la fuente de trabajo del deudor alimentario; de lo que se colige que al momento de presentarse la demanda civil en su contra que lo fue el treinta de julio de dos mil diecinueve, contaba con ingresos económicos para hacer frente a sus obligaciones alimentarias. Establecido lo anterior, en el caso particular no se trasgrede el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de la legislación civil local, pues el juzgador de origen al fijar de inicio la pensión alimenticia provisional de que se trata, se basó únicamente en las manifestaciones externadas por la parte actora en su escrito de demanda, así como las pruebas que aportó, por ser los únicos datos con los que hasta ese momento contaba. Pero el demandado (aquí quejoso) al plantear la reclamación, no acreditó documentadamente la existencia de otros hechos que influyeran directamente en su capacidad económica y las necesidad del acreedor, lo que conllevó a que el juez declarara improcedente la reclamación de alimentos interpuesta y confirmara el monto de la pensión provisional alimentaria fijada por el veinticinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe el quejoso. Además, cabe señalar, que la valoración que se realizó resulta substancialmente correcta, en tanto que el porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional se ajusta al citado principio de proporcionalidad, previsto por el precepto 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, porcentaje fijado no obstante que la actora en su escrito inicial solicitaba del deudor alimentario un cumplimiento no menor a un cuarenta por ciento. Derivado de lo anterior, las pruebas aportadas hasta la resolución de la reclamación de alimentos, permiten advertir que al determinar la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional de que se trata, se debe considerar que la misma está dirigida a cubrir las necesidades de un acreedor (en el caso, un menor de edad al momento de la solicitud de la demanda civil) y que el obligado demandado en el juicio de origen no acreditó esa circunstancia en la reclamación, ni demostró ni siquiera de manera indiciaria, cuáles son los gastos que por su supervivencia tiene que erogar y que por ello la medida impuesta le sea gravosa. Asimismo, fue correcto que la autoridad explicara que, si bien el demandado refirió estar cumpliendo con su obligación de proporcionar alimentos a su hijo, dicha contribución voluntaria no constituye la prueba idónea en el recurso de reclamación, que justifique a reducción del monto de la pensión provisional decretada, debido a que la obligación de dar alimentos a su entonces menor hijo, al ser ésta de orden público, las necesidades básicas de éste son de tracto sucesivo y se van generando de momento a momento, de modo que tiene la obligación de continuar proporcionándolos. Derivado de lo anterior, este juzgador federal advierte que las pruebas aportadas hasta la resolución de la reclamación de alimentos, permiten advertir que al determinar la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional de que se trata, se debe considerar que la misma está dirigida a cubrir la necesidades alimentaria de un acreedor (menor de edad al momento de promover el juicio ordinario civil) y que el obligado demandado en el juicio de origen, no demostró cumplir de manera ininterrumpida y completa con la obligación de proporcionar los alimentos al mismo conforme a un convenio celebrado. Extremos que el juez responsable justamente estimó demostrados con las pruebas aportadas hasta esa etapa de la reclamación, como lo fue el acta de nacimiento de entonces menor, a la cual se otorgó valor demostrativo pleno, al tratarse de documento expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones; máxime que efectivamente arroja la información que expuesta por la autoridad y que se detalló con antelación. Lo que además es acorde con la ya citada jurisprudencia de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Asimismo, se considera ajustado a derecho la consideración del juez responsable realizada con base en el artículo 210, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el sentido que en caso de que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias fijar una pensión alimenticia provisional, sin necesidad de conceder la garantía al deudor alimentario, pues únicamente se exige que se satisfagan los particulares detallados en términos de los numerales 233 y 234, en íntima relación con el 239 del Código Sustantivo de la Materia, siendo que dicho juzgador para fijar el porcentaje de pensión alimenticia en el presente asunto, ponderó los hechos narrados por el actor y los medios de convicción ofertados por ésta en su escrito de demanda, supuestos que se probaron con la partida del acta de nacimiento de su menor hijo, con la que se acreditó la relación paterno filial que vincula al menor con su padre, y de donde nacen sus derechos a ser alimentado por éste; concluyendo que el elemento de necesidad se prueba fehacientemente en autos, al tratarse de los acreedores alimentarios que por disposición expresa de la Ley tienen a su favor la presunción legal de necesitarlos, correspondiendo al deudor alimentario su destrucción, esto es la carga de la prueba, siendo que el deudor debe acreditar sus afirmaciones a fin de reducir la pensión decretada. Por tanto, con base en esas circunstancias acreditadas en autos, es posible concluir que el juez responsable actuó correctamente al confirmar la pensión provisional impugnada en este juicio constitucional. Lo que se insiste, en la medida que tales circunstancias son preponderantes para la fijación de la pensión alimenticia provisional y, por tanto, debieron ser tomadas en cuenta al resolver la reclamación, como así se hizo; pues del análisis de dicho recurso y de las pruebas aportadas, se tuvieron por probadas esas circunstancias, lo que se ponderó por el juez responsable y le llevó a concluir en la confirmación del monto de la pensión alimenticia provisional fijado en favor del acreedor, a razón de un veinticinco por ciento de su salario y demás prestaciones, de acuerdo con la regla de proporcionalidad de los alimentos y que es suficiente para cubrir sus necesidades durante la tramitación del juicio de origen, conforme con el numeral 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. En ese contexto, si en esa etapa del procedimiento no se justificó que el deudor alimentario cumple de manera ininterrumpida con su obligación de proporcionar los alimentos a su acreedor alimentario, a pesar de contar con la posibilidad material y económica de hacerlo, sin que se observe alguna circunstancia que le impida su incumplimiento total o parcial, ni que el porcentaje impuesto sea desproporcionado a la necesidad del acreedor y a las posibilidades del deudor. CONCLUSIÓN. En conclusión, la resolución reclamada resulta ajustada a derecho, dado que, aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja de los conceptos de violación, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 1308 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Jorge Armando Contreras Carraro, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria de Juzgado Claudia Leticia Hernández Cabrera, con quien actúa y da fe, hoy veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. Lo que se notifica por este conducto a la parte tercero interesada por así estar ordenado en autos
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Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que obra en autos, se advierte que se emplazó por lista de acuerdos al tercero interesado 2. Jorge Armando Contreras Vázquez, sin que a la fecha haya señalado domicilio donde oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante acuerdo de dieciocho de febrero pasado, por lo que se ordena hacer por lista de acuerdos la presente notificación, al citado tercero, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale un domicilio para tal efecto en esta plaza. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que obra en autos, se advierte que se emplazó por lista de acuerdos a la tercera interesada 1. Yolanda Vázquez Rodríguez, sin que a la fecha haya señalado domicilio donde oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de dieciocho de febrero pasado, por lo que se ordena hacer por lista de acuerdos la presente notificación, al citado tercero, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale un domicilio para tal efecto en esta plaza. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de siete de marzo pasado, se ordenó emplazar también al tercero interesado 2. Jorge Armando Contreras Vázquez; sin embargo, se omitió practicar la diligencia; en mérito de ello, se ordena regularizar el procedimiento, y al efecto, se instruye a la actuaria judicial adscrita a este juzgado a practicar la diligencia antes mencionada, en los términos que establece el acuerdo de siete de marzo y dieciocho de febrero del presente año. En virtud de lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DIFIERE anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el veinticinco de marzo del presente año, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese en términos de ley.
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