JORGE ARMANDO ARROYO ROMANO y Otros.

Expediente 1229/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1229/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • JORGE ARMANDO ARROYO ROMANO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que concluyó el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de quince de noviembre de este año, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse tenido por haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Principal

    Se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no fue recurrida la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; entonces, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse sobreseído el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Incidente de suspensión. Ahora, toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses a esta fecha, de conformidad con el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes. Finalmente, devuélvase a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las copias certificadas del toca de apelación 16/2021 tomo I, que remitió en apoyo a su informe con justificación y que obra por cuerda separada, solicítese acuse de recibo.

  3. Principal

    Escrito de demanda de ***. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1229/2022. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos reclaman esencialmente la negativa de la responsable para proporcionarles información de las investigaciones que los involucran. Lo anterior, en razón de que dice que el día jueves veinte de octubre del año en curso, acudieron agentes ministeriales quienes les manifestaron que la investigación sería archivada en definitiva por no haberse dado el debido seguimiento, situación que lo motivo junto con sus abogados a acudir el veinticuatro de octubre siguiente, a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para pedir informes a diversos servidores respecto de las carpetas de investigación donde se les involucra, sin obtener respuesta favorable, circunstancia que consideran injusto e ilegal, ya que tienen el derecho a conocer de las investigaciones que pesan en su contra. Cabe destacar que las manifestaciones del promovente de la demanda constituyen una confesión expresa que tiene pleno valor probatorio en el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2, toda vez que fueron hechas en forma voluntaria, sin coacción ni violencia alguna por el propio promovente, quien tiene plena capacidad para obligarse, y finalmente, se hicieron respecto de hechos propios. Ahora, con base en lo expuesto por los impetrantes de amparo, a criterio de quien ahora resuelve estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que, entre otros, rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el que establece como regla general para la procedencia del sumario constitucional que éste únicamente puede promoverse por aquella persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado por sí, por representante legal o por su apoderado; apreciándose que en caso excepcional, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo y los citados preceptos, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, en los siguientes supuestos de procedibilidad: 1. Puede promover el representante legal o apoderado; 2. Puede promover cualquier otra persona en su nombre, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento criminal; 3. Podrá promover por conducto de su defensor o de cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley; 4. Podrá promover cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, o destierro, extradición, desaparición forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Sin embargo, en el caso particular el presente juicio de amparo resulta improcedente, respecto de los actos que reclaman los impetrantes de amparo, en atención a que dichos actos no lesionan los derechos fundamentales de los quejosos, ya que, en su caso, el acto de autoridad que pudiera lesionar sus derechos sería la resolución en donde se ordene su captura, emitida por el juez que corresponda conocer y resolver sobre la petición expresa del agente del Ministerio Público o Fiscal. En esas condiciones, toda vez que los actos de investigación que traen como consecuencia la integración de alguna carpeta en su contra y/o la negativa para proporcionarles información de tales investigaciones no causan daño o perjuicio a las personas contra las que se iniciaron, por ser de orden público, según lo establece el artículo 21 Constitucional, que en lo atinente dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso integrar la correspondiente carpeta de investigación, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. En ese sentido, para el caso de que se tramitara alguna carpeta de investigación en contra de los aquí quejosos, ésta previo a su consignación o judicialización, se integra con una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a sus presuntos responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, pues se insiste, la petición de captura está supeditada a la determinación que en su caso se hiciera al juez que conozca del asunto. Máxime que como se advierte del escrito de demanda suscrito por los impetrantes de amparo, quienes bajo protesta de decir verdad, indicaron que el día jueves veinte de octubre del año en curso, agentes ministeriales les manifestaron que la investigación sería archivada en definitiva por no haberse dado el debido seguimiento, expresión que constituyen una confesión expresa, y de la que claramente se observa que no existe un acto de autoridad que hasta este momento lesiones sus derechos sustantivos o personales para la procedencia del juicio biinstancial, por el hecho de que la indagatoria que se sigue en su contra sería archivada en definitiva. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda, por así solicitarlo expresamente. Asimismo, como lo solicitan, se tienen por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indican en su demanda. En lo referente al correo electrónico que proporciona, téngasele como medio de comunicación no procesal, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Sin mayor acuerdo lo relativo al nombre de usuario que proporcionan, toda vez que no indican los alcances para los cuales lo precisan. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Finalmente, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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