Jorge Armando Araujo Sandoval

Expediente 1475/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1475/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Armando Araujo Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la notificación personal de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, realizada por la Actuaria de este juzgado, practicada al directo quejoso ***, a través de la cual se le hizo del conocimiento el auto de veintiuno de noviembre del presente año, dictada en el presente juicio de amparo, de la cual se advierte que la fedataria de este juzgado asentó las siguientes manifestaciones (se transcribe): "Manifiesta bajo protesta de decir verdad que si desea ampliar la demanda respecto de los actos que se le atribuyen a las autoridades a que se hace referencia en el requerimiento del auto que se le notifica" (sic). Por cuanto, en el proveído de veintiuno de noviembre del presente año (fojas 825-828), se ordenó notificar al Defensor Público del quejoso ***, sin que a la presente fecha conste la notificación del mismo; en consecuencia, se ordena también, dar vista a dicho profesionista de las manifestaciones realizadas por el quejoso en la notificación personal de cuenta; y se le requiere al referido Defensor Público, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, posterior a la notificación del presente proveído, acredite ante este juzgado con las constancias respectivas que realizó visita carcelaria a su representado en el presente juicio de amparo; asimismo, se le hace del conocimiento que dicha visita es para asesorarlo. Bajo el apercibimiento que de no informar sobre lo requerido o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hará del conocimiento a su superior jerárquico de la omisión de realizar la referida visita carcelaria a su representado, a fin de que dé cumplimiento con lo aquí requerido. Atento lo anterior, este Juzgado se reserva de proveer lo conducente respecto a las manifestaciones del citado quejoso, hasta en tanto su defensor de cumplimiento al requerimiento ordenado en líneas antecedentes, a fin de brindarle al quejoso el acceso a una tutela judicial efectiva. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón de imposibilidad de veintitrés de noviembre del año en curso, suscrita por la Actuaria de la Adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar al quejoso ****, el proveído de veintiuno de noviembre del presente año (fojas 825- 828); toda vez que el mismo fue egresado del centro penitenciario por libertad. Atento a lo anterior y tomando en consideración que en el mismo acuerdo de veintiuno de los cursantes, también se ordenó notificar a través de su Defensor Público Estatal de los quejosos ***, dicho acuerdo, en consecuencia, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto a la razón actuarial de cuenta. Asimismo, se precisa que en cuanto al impetrante de amparo Francisco Landín Gutiérrez, las notificaciones subsecuentes se harán a través de su Defensor, para lo cual hágase de su conocimiento de lo anterior a dicho defensor, con copia de la razón de imposibilidad. Notifíquese; y, personalmente al directo quejoso en el lugar de su reclusión, así como a su defensor público. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que la notificación y razón actuarial que generaron este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, al defensor particular, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa ***, mediante el cual pretende ampliar su demanda por actos y autoridades que a continuación se precisan: 1. Del Juez de Control, Distrito 02, con sede en Tonalá, Chiapas, reclama la formulación de imputación realizada a la quejosa a las once horas, dieciocho minutos con veintidós segundos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en la audiencia inicial relativa a la causa penal ***. 2. De los Agentes de la Policía Investigadora adscritos a la Comandancia de la Fiscalía Istmo-Costa, en Tonalá, Chiapas, reclama actos de tortura e incomunicación, a los que fue sometida la quejosa el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en que se inició la carpeta de investigación número ***, relativa a la causa penal ***. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, y a efecto de proveer lo que en derecho proceda es necesario que la parte quejosa aclare su escrito de ampliación de demanda. SUSPENSIÓN DE PLANO Sin que se realice pronunciamiento con relación a la suspensión de plano que solicita la parte quejosa respecto a los reclamados consistentes la tortura e incomunicación, si bien se encuentran dentro de los señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la lectura integral del escrito de ampliación demanda, se advierte que dichos actos ocurrieron el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, y actualmente la quejosa se encuentra a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, derivado de la causa penal 92/2023. Máxime, que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 38 a 40), este órgano jurisdiccional ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, respecto a los actos de tortura y malos tratos en agravio de la quejosa ****, que hizo del conocimiento el Defensor Particular de la quejosa ***, a través del escrito identificado con el folio 14665, a efecto que realizara la investigación correspondiente. En ese contexto, en acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso (foja 73 a 74), se tuvo por recibido el escrito signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, exhibiendo copia simple del oficio ***, del que se desprende que la vista dada en el presente juicio fue turnada por incompetencia al Fiscal General del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. PREVENCIÓN En principio, conviene traer a colación el contenido del artículo 108 de la Ley de Amparo, que señala: (...) Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación al 108, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que al momento de la notificación o en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo, por escrito y "bajo protesta de decir verdad", realice lo siguiente: PRIMERO. Manifieste si la ampliación que pretende es respecto a la ratificación de la detención realizada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, a fin de tenerla como acto reclamado en ampliación, y tener como única autoridad responsable al citado juez de control. Ello, en consideración a que la incomunicación y tortura que refiere debieron haber sido analizadas en el momento en que se calificó de legal su detención conforme a lo establecido en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dio inicio a la carpeta de investigación número ***, relativa a la causa penal 92/2023, de índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas. Ello, en razón a que el control de detención involucra la verificación del cumplimiento de obligaciones y deberes constitucionales, de protección de los derechos humanos e internacionales, así como prevenir la detención arbitraria, tortura o malos tratos hacia el imputado por las autoridades del Estado, incluyendo el Ministerio Público Investigador. (...) SEGUNDO. Manifesté si promovió diverso juicio de amparo o controversial contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman; de ser el caso, informar el número y ante que autoridad se encuentran radicados, así como el estado procesal que guardan. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado; acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la ampliación demanda de amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la propia parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". (...) SE GIRA EXHORTO PARA NOTIFICAR A QUEJOSA Ahora, dado que la quejosa ***, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 14, El Amate, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; y en consideración que dicho domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se gírese atento exhorto, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione al Actuario Judicial de su adscripción, para que se constituya en el referido centro de reclusión y le notifique la presente determinación a la quejosa ***, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de la diligencia encomendada. Por otra parte, se otorga amplias facultades al juzgado que corresponda, a fin de diligenciar satisfactoriamente la presente comunicación oficial, como acordar promociones e imponer las medidas de apremio que considere necesarias para hacer cumplir sus determinaciones relativas a este asunto. Hecho lo anterior, devuelva la comunicación oficial a la brevedad posible las constancias correspondientes a su diligenciación, en su caso, a través de medios electrónicos atendiendo, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. Con el apercibimiento, que de no informar lo solicitado o manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, se les impondrá multa equivalente a CINCUENTA UNIDADES de medida y actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. En atención a lo ordenado en párrafos que anteceden, se ordena crear el expediente correspondiente y registrar en el Libro de control electrónico designado para tal efecto para su diligenciación. Notifíquese personalmente y por exhorto a la parte quejosa y a su Defensor Particular.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se obtiene, que ha transcurrido el plazo legal de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo el veinte de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 67-78), que sobreseyó en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. 1. Expediente Destruible. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que como se dijo, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 23, del acuerdo multicitado. 3. Se ordena estampar el sello de DESTRUIBLE en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 34 del acuerdo en comento. 4. Incidente conservable. El cuaderno del incidente de suspensión (negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), se considera como CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el cuaderno incidental respectivo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, será transferido al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 28, todos del acuerdo multicitado. 5. Hágase constar en la carátula del incidente de suspensión, la leyenda "CONSERVABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 34 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés (fojas 18 a 20), remite original del juicio de amparo 1576/2023-VI, de su índice, toda vez que dicho órgano jurisdiccional, determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, al considerar que los actos reclamados tienen ejecución material en el territorio donde ejerce Jurisdicción este Juzgado. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se desprende que el acuerdo de nueve de octubre del presente año (fojas 18 a 20), se reservó proveer respecto a la competencia planteada por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, hasta en tanto, se recibiera los autos originales del juicio de amparo 1576/2023-VI, lo que en esta data aconteció; al respecto se provee: NO SE ACEPTA COMPETENCIA Debe decirse que este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por las razones que a continuación se describen. A fin de sostener dicha cuestión, debe tenerse presente el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En congruencia con ese artículo, el legislador ordinario trazó tres reglas diferentes para determinar la competencia, por razón de territorio, de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: Así, la primera regla determina que con independencia de dónde radique la autoridad responsable, será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda regla indica que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y La tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda), no consisten en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución, pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realizará en dos o más distritos diferentes. De ahí que si un acto comienza a ejecutarse en un distrito determinado y continúa ejecutándose en otro, la competencia recae en el juez de distrito que haya prevenido en el conocimiento, es decir, en el primero que haya conocido de la demanda y -tenga jurisdicción en el lugar- donde inició a ejecutarse o continuó la ejecución del acto reclamado (segunda regla). Precisadas las reglas básicas de competencia que tienen como eje rector tanto la jurisdicción como la ejecución material del acto reclamado para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación, el acto reclamado y naturaleza, para delimitar cuál de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 de la Ley de la Materia, se actualiza en el caso y, por tanto, determinar cuál es el Juzgado Federal competente que habrá de conocer del asunto en cuestión. En ese orden, a partir de lo expresado en la demanda de amparo por los promoventes Carlos Javier Córdoba Castro, Johan Javier Pérez Pupo y Helen de la Caridad León Ramírez, se advierte que señalaron como actos reclamados los siguientes: La negativa de las autoridades migratorias para permitir que los quejosos transiten de forma libre por territorio mexicano, a efecto de llegar a Estados Unidos de América. La posible orden de deportación y alerta migratoria que las autoridades migratorias pretenden ordenar en contra de los quejosos. Por ende, el juzgado de mérito declinó la competencia por razón de territorio al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; lo anterior, en virtud que el mencionado acto tiene ejecución material y ésta estriba en este municipio, por así desprenderse de la demanda, actualizado el primera regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, conviene traer a colación el informe de suspensión de plano rendido por la Directora de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrita a la Oficia de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por sí y en representación del Titular del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la referida Estación Migratoria, adscritos al Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas (foja 72), mediante el cual manifestó que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que después de realizar búsqueda de registro de las personas extranjeras en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias y dentro de las bases de datos de y archivo migratorio con los que cuenta la Estación Migratoria Siglo XXI, NO encontró registro con motivo de alojamiento de los extranjeros de nombre Johan Javier Pérez Pupo, Helen de la Caridad León Ramírez y Carlos Javier Córdoba Castro. Lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia XXII. J/12 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, del Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 199531, Novena Época, que literalmente refiere: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. (...)." De lo anterior se destaca QUE NO SE LOCALIZARON A LOS DIRECTOS QUEJOSOS en la multicitada Estación Migratoria Siglo XXI, de esta localidad. Bajo ese panorama, se concluye que no existe acto reclamado que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se éste ejecutando o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, dado que en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias y dentro de las bases de datos de y archivo migratorio con los que cuenta la Estación Migratoria Siglo XXI, con residencia en esta ciudad, NO se encontró registro con motivo de alojamiento de los extranjeros de nombre ****; por ende, no se actualiza la primera regla deducida del artículo 37 de la Ley de Amparo -actos de ejecución dentro de la jurisdicción-. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que no es posible aceptar la competencia propuesta; por lo que a través del servicio de mensajería acelerada Estafeta, mediante oficio remítase el juicio de amparo 1242/2023-III-B, del índice de este juzgado y anexos al Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, solicitándole de la manera más atenta que, vía electrónica, acuse de recibo de dicho comunicado e informe la determinación que se sirva emitir. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).

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