Jorge Arganiz Díaz Leal
Expediente 1191/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Arganiz Díaz Leal
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio número AF-994 de la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q.A. 238/2021, al cual acompaña los autos del juicio de amparo 1191/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, en la cual resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo vía interconexión, del oficio número AF994, del testimonio de la ejecutoria de mérito y de los autos del juicio de amparo 1191/2021 del índice de este Juzgado de Distrito. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y glósense las constancias que se encuentren en original en el cuaderno de antecedentes que obra por separado. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de los autos del presente juicio de amparo, el original de agravios del recurso de revisión interpuesto y dos escritos signados por los terceros interesados; asimismo, se advierte que admitió el citado recurso, quedando registrado bajo el toca RA 301/2021. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, quedando en espera de la determinación. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio registrado con el folio 16541, del Director de Control Presupuestal de la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el que, en atención al requerimiento de trece de septiembre de dos mil veintiuno, informa que la citada Secretaría realizó lo siguiente: *El seis de septiembre de dos mil veintiuno generó la cuenta por liquidar certificada 11 C0 01 102917. *Por oficio de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se informó a la Dirección General de Administración de Personal de la citada Secretaría que la cuenta por liquidar certificada, fue solicitada en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales. *Mediante oficio de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se solicitó a la Dirección de Operación e Inversión de Fondos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que elaborara el cheque a favor del quejoso; y, * Por oficio de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se remitió el contra-recibo correspondiente a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para la entrega del cheque al quejoso. Para acreditar las anteriores gestiones, emitió diversas copias certificadas que anexa al oficio de cuenta. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos conducentes, por lo que, se deja insubsistente el apercibimiento decretado en dicho auto. Por otra parte, agréguese el diverso oficio registrado con el folio 16554, suscrito por la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual exhibe copia certificada del contra recibo de cuenta por liquidar certificada 102917, expedido a favor de la parte quejosa por $9,290.55 (nueve mil doscientos noventa pesos 55/100 moneda nacional), así como acta circunstanciada de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, de la cual se advierte firma de recibido de conformidad del contra recibo de referencia. En consecuencia, con copia del oficio de cuenta y anexo al mismo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado realizará el pronunciamiento correspondiente con base en los elementos que obran en autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1191/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Acto reclamado. Nancy Trejo Chávez, Directora General Adjunta de procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, pretende que a través del presente juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto siguiente: El acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, con el que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, Tlaxcala, Tlaxcala hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de cinco de agosto de dos mil veinte, y se le impone al Secretario de Comunicaciones y Transportes, una medida de apremio consistente en una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización "UMA" vigente al momento de su aplicación." Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Nancy Trejo Chávez, Directora General Adjunta de procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en representación del Titular de dicha dependencia, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Antecedentes relevantes. De las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en la demanda, relacionadas con los anexos que se acompañó a la misma donde se advierte lo siguiente: 1 El José Antonio Espinosa Moscosa, ejidatario del poblado de "San Antonio Calpulalpan" promovió el juicio agrario en cual quedó radicado ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala con el número 557/2010. 2 El once de julio de dos mil diecisiete el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33, condenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instaurar el procedimiento expropiatorio respecto de la superficie que resultara afectada a la parcela 249 Z-4 p1 2 ubicada en el ejido de "San Antonio Calpulalpan", resolución que causó ejecutoria el quince de febrero de dos mil dieciocho, por lo que en la etapa de ejecución de sentencia la autoridad responsable requirió en diversas ocasiones a la por conducto de su Titular, para que acreditara el cumplimiento material a dicha sentencia. 3 La parte promovente refiere que ante los diversos requerimientos formulados por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33, éstos fueron atendidos a través de las comunicaciones 1.2.403 DACAMA 1844 2019 011711, 1 2 403 DACAMA 0297 2020 002536 6 28 305 387 2021 y 6 26 305122 2020 4. Mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno se impuso al Secretario de Comunicaciones y Transportes una multa por el equivalente a Treinta Unidades de Medida y Actualización. 5. En contra de lo anterior se promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Razones de la improcedencia. El juicio de amparo es improcedente porque la Directora General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en representación del Secretario de Comunicaciones y Transportes carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 6 de la Ley de Amparo, se prevé que el juicio de amparo puede promoverse, entre otros casos, por la persona física a quien afecte el acto reclamado, en términos del artículo 5º, fracción I, de dicho ordenamiento. Es decir, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan derechos humanos, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, en los casos que un Tribunal contencioso administrativo estime que la persona física o titular de una unidad administrativa, con motivo de un juicio, incurrió en una conducta que amerite la imposición de una multa por un monto determinado, independientemente de que la imposición se haga relacionando el nombre de la persona física, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia, y no así a la unidad administrativa. Por ende, el Alto Tribunal ha sostenido que como la resolución que impone una multa en los términos señalados es susceptible de violar derechos fundamentales de la persona física mencionada, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover juicio de amparo en su contra. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2015, de rubro: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Dichas consideraciones son aplicables tratándose de los Tribunales Agrarios, pues en ambos casos la imposición de la multa tiene como finalidad vencer la contumacia de la autoridad y lograr el cumplimiento de una determinación judicial. Ahora bien, en el caso concreto, mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno acto reclamado, se impuso al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes una multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización. En este orden de ideas, independientemente de que en el acuerdo reclamado se haya determinado imponer la multa al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se debe entender que aquélla se impuso a la persona física que, en su actuación como autoridad, se estima que ha omitido cumplir con un mandato emitido por el tribunal señalado como responsable. No obstante, quien acude a este juicio de amparo es la Directora General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en representación del Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en términos de los artículos 14, 18 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con relación a los artículos 11, fracciones IV, IV bis, V, 12, fracción II; y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De ahí que, en todo caso, quien resiente la afectación en su esfera jurídica por la determinación mencionada es la persona física titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y, en consecuencia, es quien está legitimado a promover juicio de amparo en su contra, por su propio derecho. Por lo tanto, en virtud de que la demanda en cuestión fue promovida por la Directora General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en representación del titular de dicha dependencia, no puede considerarse que tenga legitimación para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 6, ambos de la Ley de Amparo, ya que quien debió haber reclamado el acuerdo en cuestión en todo caso es la persona física que ocupa dicho cargo, y por su propio derecho. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.) -que invoca el promovente-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO". No obstante, tal criterio es inaplicable al caso, ya que lo que determinó la Segunda Sala en dicha jurisprudencia fue que los delegados o representantes de una autoridad a la que se le impuso una multa dentro de un juicio de amparo, en su carácter de autoridad responsable, están legitimados para recurrirla mediante queja, más no concluyó que también cuenten con legitimación para promover un juicio de amparo contra algún acto que afecte los derechos fundamentales de la persona física que ocupe tal cargo. En cambio, lo relativo a la legitimación para promover juicio de amparo en contra de una multa emitida por un tribunal contencioso es materia de la diversa jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), antes señalada, que resuelve de manera específica el presente asunto. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por indudable que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada no se infiere a partir de una presunción, de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezcan en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque i los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros ii obra agregado copia del acuerdo reclamado iii de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y por tanto no se podría llegar a una conclusión distinta y iv existe jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legitimación para promover juicio de amparo en contra de una multa emitida por un tribunal contencioso, que resulta aplicable tratándose de los Tribunales Agrarios Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Precedentes aplicables. 1. Similares consideraciones fueron confirmadas por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 50/2018, interpuesto por la misma dependencia, en un asunto esencialmente igual y en donde el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: Como se adelantó, devienen infundadas las manifestaciones de la recurrente, pues parte de una apreciación inexacta. En efecto, contrario a lo aseverado por ésta, el Secretario de Comunicaciones y Transportes carece de legitimación para impugnar la multa vía juicio de amparo, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría, dado que constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia del gobierno de que se trata. Sin que sea óbice, el que la referida sanción multa no esté dirigida a una persona determinada, sino al titular de la dependencia respectiva, esto es, al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues su liquidación corresponde al servidor público que con su conducta la motivó. Consecuentemente, a criterio de este tribunal colegiado, la determinación del a quo es correcta, pues se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la acción de amparo, tomando en consideración que no requiere mayor demostración, porque se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, además de que se tiene la certeza de que es operante en el caso, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. 2. También el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 129/2018, en sesión de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, señaló: De lo anterior, se advierte que es correcta la consideración del Juez de Distrito, en el sentido de que quien resiente la afectación en su esfera jurídica con la imposición de la multa en cuestión es la persona física y no la unidad administrativa que representa el Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y, por lo tanto, es la persona física o funcionario quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo en su contra por su propio derecho, circunstancia que no aconteció en el caso, pues de la demanda de amparo se desprende que mediante oficio 1.2.403/DACAMA/1477/2018, Fernando Bueno Montalvo, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, promovió juicio de amparo, en representación del Titular de la Secretaría Comunicaciones y Transportes y no de la persona que ostenta dicho cargo, la cual es la única legitimada para promover el juicio de amparo en contra de la resolución que impone la multa. Por lo tanto, como lo resolvió el Juez Federal, es improcedente la demanda de amparo, toda vez que el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, carece de legitimación para representar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el juicio de amparo, no obstante que cuenta con facultades para ello en términos del artículo 11, fracciones IV y IV Bis, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues como se explicó, éste no resintió afectación alguna en su esfera jurídica con motivo de la imposición de la multa, sino que, por el contrario, quien resintió la afectación fue la persona física que ostenta dicho cargo, cuya representación no se advierte del escrito de demanda, de ahí la ineficacia de los agravios en estudio 3. Al resolver el recurso de queja Q.A. 205/2018, en sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó un acuerdo de desechamiento similar y, al efecto, sostuvo: Este Tribunal Colegiado considera ineficaces las anteriores argumentaciones de la parte quejosa recurrente, en virtud de que, en primer término, contrario a lo que refiere, como correctamente se determinó en el acuerdo recurrido, la multa impuesta por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, al Secretario de Comunicaciones y Transportes en el acuerdo de primero de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente agrario 102/2013, es un acto que afecta exclusivamente a la persona física que ocupa dicho cargo de Secretario y no a la dependencia pública ni a la Federación, en virtud de que nuestro Máximo Tribunal ha sustentado criterio reiterado en el sentido de que este tipo de multas que se imponen a los titulares de una entidad o dependencia que intervienen en un juicio se entienden impuestas a la persona física, ya que es la que debe pagarla con su peculio y no con cargo al erario Asimismo, es ineficaz el agravio que se estudia, toda vez que la parte quejosa recurrente se limita a argumentar que el Secretario de Comunicaciones y Transportes sí se encuentra legitimado para impugnar mediante el juicio de amparo la multa que se le impuso en el acuerdo reclamado por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, en virtud de las facultades que a éste le confieren los artículos 11, 14, 16 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2, 11, fracciones IV y IV Bis y 11 bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para representar a dicho Secretario; y que se omitió considerar que al juicio agrario en el que se impuso la multa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acudió en un plano de igualdad al del ejido actor, desprovista de imperio y sin carácter de autoridad. Sin embargo, con dichas manifestaciones en nada se controvierte lo determinado por el Juez de Distrito en el acuerdo recurrido en el sentido de que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 65/2015 (10a.), transcrita en párrafos precedentes, respecto de la imposición de multas como la reclamada, quien cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo en su contra es la persona física titular de la unidad a la que se impone esa medida de apremio o sanción, por su propio derecho". Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizado. Ténganse por autorizados en términos amplios a Ignacia Bravo Rosales, Luz Argelia Buenrostro Ensuastegui, Viviana García Mercado, Yeni Velázquez Rodríguez y Jorge Omar Domínguez Camaño, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a la autorización de las demás personas que menciona, dígasele que una vez que registren su cédula profesional en el citado sistema, se acordará respecto de dichas autorizaciones, en la inteligencia que de no hacerlo éstas son única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el precepto en comento. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretario o la Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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