Jorge Apanco Cano
Expediente 1441/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jorge Apanco Cano
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra la constancia de notificación personal al quejoso Jorge Apanco Cano, respecto del auto de dieciséis de enero del año en curso, por el cual causó estado el diverso que desechó la demanda de amparo. Se ordena notificar. Ahora, no obstante lo referido en el párrafo que antecede, se advierte que no obra razón de imposibilidad o constancia alguna con la que se acredite que efectivamente se llevó a cabo la notificación al quejoso Jorge Apanco Cano; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, conmínese de manera inmediata al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cumpla con la notificación ordenada en el proveído de dieciséis de enero del presente año. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Luego, conviene precisar que los documentos exhibidos por la parte quejosa no se ubican en los supuestos del artículo segundo, fracción XVIII del aludido Acuerdo General, por lo que es innecesario requerirla para que los recoja; no obstante, quedan a su disposición, previa copia que quede agregada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Luego, conviene precisar que los documentos exhibidos por la parte quejosa no se ubican en los supuestos del artículo segundo, fracción XVIII del aludido Acuerdo General, por lo que es innecesario requerirla para que los recoja; no obstante, quedan a su disposición, previa copia que quede agregada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Jorge Apanco Cano, el contenido de la resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, quince de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por su propio derecho. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ********************. Se desecha demanda de amparo Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como actos reclamados en: El oficio número ******************** de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, por el cual se ordena realizar anotación marginal de inmueble litigioso, bajo el número electrónico ********************, con folio real ********************de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, en el cual se encuentra inscrito el instrumento público número ******************** volumen ******************** de fecha catorce de junio de dos mil veintidós pasado ante la fe del Licenciado ********************, Notario Público número tres de la Demarcación de Ocampo, Calpulalpan, Tlaxcala. El acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente ordinario civil número ******************** de los radicados en Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el cual se tiene a la Actora ********************, realizando ilegalmente la ampliación a su demanda en contra del suscrito. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación a los actos reclamados relativos al oficio número ******************** de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, por el cual se ordena realizar anotación marginal de inmueble litigioso, bajo el número electrónico ********************, con folio real ********************de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós; y el acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente ordinario civil número ******************** de los radicados en Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el cual se tiene a la Actora ********************, realizando ilegalmente la ampliación a su demanda en contra del quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (...)". El precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que, entre otros, rige al juicio de amparo, así como diversas excepciones previstas para su observancia. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese contexto, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, deben cumplirse los presupuestos siguientes: - La resolución reclamada debe provenir de una autoridad jurisdiccional o tribunal administrativo o del trabajo. - La ley que rija el acto reclamado establezca un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. - Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. - No se actualice alguna excepción al principio de definitividad Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, de título y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Entonces, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que una norma -en sentido formal y material-, y no cualquier ordenamiento general, establezca la procedencia directa e inmediata de algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, por el cual pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud de que el auto reclamado es susceptible de ser revocado, modificado o confirmado, a través del recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. En esta tesitura, es menester que el promovente antes de acudir al juicio de amparo interpusiera el recurso de revocación en contra del oficio número ******************** de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, por el cual se ordena realizar anotación marginal de inmueble litigioso, bajo el número electrónico ********************, con folio real ********************de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós; y el acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente ordinario civil número ******************** de los radicados en Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el cual se tiene a la Actora ********************, realizando ilegalmente la ampliación a su demanda en contra del quejoso. Para así considerarlo, conviene citar el contenido de los artículos 504, 505, 506, 507 y 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que regula la procedencia del recurso de revocación, que establece: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos. "Artículo 505.- La revocación debe pedirse dentro de los tres días siguientes a la notificación, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación, sin cuyo requisito se desechará de plano. "Artículo 506.- Admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. "Artículo 507.- Contra el auto que admite la revocación no procede recurso alguno. "Artículo 508.- Contra el auto que niega la admisión de la revocación y contra el que la resuelva, cualquiera que sea su sentido, procede el recurso de queja si fueron dictados por un Juez de Primera Instancia; pero no admiten recurso alguno si fueron dictados en segunda instancia". De los preceptos normativos transcritos se desprende que la parte agraviada podrá promover el recurso de revocación en contra de los autos. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el recurso de revocación procede contra los autos; asimismo, dicho recurso deberá tramitarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que le causa agravio, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación. Asimismo, una vez admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. De igual manera, resulta de capital importancia, establecer que de conformidad con el artículo 86, de la codificación procesal civil invocada, poseen todas las resoluciones que no sean sentencias, la calidad de autos, pues dicho precepto señala: "Artículo 86. Las resoluciones judiciales son autos y sentencias.". Asimismo, el precepto 87, del mencionado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, establece que las sentencias son definitivas o interlocutorias: Definitivas son las que resuelven un juicio en lo principal. Interlocutorias las que deciden un incidente. De lo antes establecido, se puede concluir que el recurso de revocación procede contra autos, dictados tanto en primera como en segunda instancia, dicha aseveración se realiza en términos del numeral 508, ya transcrito en párrafos precedentes, en virtud de que dicha porción normativa es clara en precisar que si no se admite la revocación en primera instancia, procede el recurso de queja, y si no se admite dicha revocación en segunda instancia no procede recurso alguno; por tanto, tal artículo crea la convicción de que los autos dictados en segunda instancia pueden ser combatidos mediante el recurso de revocación. Precisado lo anterior, como ya se mencionó la parte quejosa promueve la presente contienda constitucional, reclamando respecto del oficio número ******************** de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, por el cual se ordena realizar anotación marginal de inmueble litigioso, bajo el número electrónico ********************, con folio real ********************de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós; y el acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente ordinario civil número ******************** de los radicados en Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el cual se tiene a la Actora ********************, realizando ilegalmente la ampliación a su demanda en contra del quejoso. Por tanto, con meridiana claridad la determinación de doce de agosto de dos mil veintidós, no es una sentencia definitiva ni interlocutoria, puesto que ni decide el juicio en lo principal, ni mucho menos resuelve un incidente, en términos del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; por tanto, dicha determinación no puede considerarse una sentencia, sino un auto, y por ello, aun en segunda instancia procede el recurso de revocación. Asimismo, debe indicarse que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al juicio; ni el acto reclamado se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. Autorizado. Por otra parte, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ********************, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente.
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