Jorge Antonio Solis Torres

Expediente 1136/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1136/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Jorge Antonio Solis Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Oficio. Téngase por recibido el oficio remitido por el agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Vida y la Salud Personal Mesa Única del Sistema Tradicional, con residencia en esta ciudad y agréguese para los efectos legales conducentes. Acuerdo. En atención a su contenido, hágase del conocimiento de la citada autoridad, que en seis de noviembre del dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión penal 91/2017, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad; la cual confirmo la sentencia recurrida dictada en el juicio de amparo en que se actúa, y se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. Aviso cambio de titular. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 del Código Federal de Procedimientos Penales; 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del oficio SEADS/235/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, el licenciado... Notifíquese.

  2. Principal

    Razón actuarial. Vista la razón de la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se aprecia la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa... el proveído de veintitrés de los que cursan, por los motivos que indica. Acuerdo. Consecuentemente, se ordena practicarle la notificación de dicho auto, así como las subsecuentes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Se publica el proveído de veintitrés de los que cursan: Informe. Visto lo de cuenta, se reciben los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables Presidente y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de que se trata; con los cuales, y las constancias que se anexan, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de la materia, se tiene por presentada la probanza que adjuntó. Domicilio. No Señaló. Delegados. No designó. Sobreseimiento fuera de audiencia. Al tener en cuenta que la constancia remitida por la junta responsable, se evidencia la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se acordó lo relativo a la solicitud de la parte demandada en el juicio de origen, mediante escrito recibido por ese tribunal obrero el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, relativo incidente de nulidad de actuaciones promovido en los autos del expediente 3503/2017-SAIII; cuya omisión constituye el acto reclamado en este controvertido constitucional. En consecuencia, este juzgado federal advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, del sumario se advierte que la quejosa reclamó la omisión incurrida por las responsables, en cuanto a proveer el escrito recibido por ese tribunal obrero el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, relativo al incidente de nulidad de actuaciones, en los autos del expediente 3503/2017-SAIII, y la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución incidental de once de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se resolvió lo relativo al incidente nulidad de actuaciones. Esa constancia cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. Por tanto, resulta claro que al haberse emitido la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, la omisión que reclama la parte quejosa a la junta responsable dejó de existir; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la transgresión constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Se notifica por lista a los terceros interesados Informe. Visto lo de cuenta, se reciben los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables Presidente y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de que se trata; con los cuales, y las constancias que se anexan, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de la materia, se tiene por presentada la probanza que adjuntó. Domicilio. No Señaló. Delegados. No designó. Sobreseimiento fuera de audiencia. Al tener en cuenta que la constancia remitida por la junta responsable, se evidencia la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se acordó lo relativo a la solicitud de la parte demandada en el juicio de origen, mediante escrito recibido por ese tribunal obrero el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, relativo incidente de nulidad de actuaciones promovido en los autos del expediente 3503/2017-SAIII; cuya omisión constituye el acto reclamado en este controvertido constitucional. En consecuencia, este juzgado federal advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, del sumario se advierte que la quejosa reclamó la omisión incurrida por las responsables, en cuanto a proveer el escrito recibido por ese tribunal obrero el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, relativo al incidente de nulidad de actuaciones, en los autos del expediente 3503/2017-SAIII, y la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución incidental de once de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se resolvió lo relativo al incidente nulidad de actuaciones. Esa constancia cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. Por tanto, resulta claro que al haberse emitido la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, la omisión que reclama la parte quejosa a la junta responsable dejó de existir; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la transgresión constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación.

  4. Principal

    Oficio. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio que remite el Encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las piezas postales 31252/2019 y 32495/2019; mismo que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, y toda vez que con las copias certificadas de las piezas postales de referencia, dirigidas al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, con las que se notificó a la citada autoridad los autos de ocho y quince de julio del año actual, en los que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; asimismo, se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas del fallo constitucional dictado en el presente juicio de amparo, así como de los proveídos en que se tuvo a las autoridades responsables interponiendo en su contra recurso de revisión. Remisión de recurso de revisión. En consecuencia, y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que substancie los recursos de mérito, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del juicio de amparo en que se actúa. Sin efectos apercibimiento. Finalmente, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante, que se deja sin efectos el apercibimiento que le fue decretado en el presente asunto. Notifíquese.

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