Jorge Antonio Salazar Martinez
Expediente 259/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Antonio Salazar Martinez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, dos de junio de dos mil veintitrés. EJECUTORIA COLEGIADO Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visto su contenido, se comisiona a la Oficial Judicial A, para que proceda a relacionar el presente asunto con citado recurso de queja. Ahora bien, se toma conocimiento del contenido de la ejecutoria dictada el doce de mayo de dos mil veintitrés en el recurso de queja Q-67/2023, mediante la cual se desechó el recurso interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo dictado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el presente juicio de amparo. Acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese este asunto como totalmente concluido. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: ( CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso d) del acuerdo general citado porque se desechó la demanda de amparo; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA VS DESECHAMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de Xadani Getsemani Flores Sosa, autorizada en término amplios por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciséis de marzo del año en curso; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, contra actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, BET NIMRA PÉREZ HERNÁNDEZ. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes. Por lo anterior, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Antonio Salazar Martínez, contra los actos de Bet Nimra Pérez Hernández, juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 259/2023. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que se provee, se advierte que el quejoso reclama de Bet Nimra Pérez Hernández, juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, el acuerdo dictado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 363/2018/PUEBLA, por medio del cual se desechó su contestación a la acusación formulada del Ministerio Público. De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, en razón de que se advierte que respecto del acto que el quejoso reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (.) Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos" expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender a algún derecho humano o sustantivo). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva" Luego, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama de Bet Nimra Pérez Hernández, juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, el acuerdo dictado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 363/2018/PUEBLA, por medio del cual se desechó su contestación a la acusación formulada del Ministerio Público. Acto reclamado que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, esto es, no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales o convenciones que el Estado Mexicano haya suscrito o ratificado, ya que el hecho de que el juez de control desechara las manifestaciones de la parte quejosa, con relación a la vista concedida con la formulación de acusación del Ministerio Público no afecta materialmente algún derecho sustantivo del quejoso, pues en su caso, dicho desechamiento de contestación podrá generarle afectación al momento en que el juez de control dicte el auto de apertura a juicio, lo que en su caso, impactaría directamente en la esfera jurídica del quejoso, al ser tal auto, la parte final de la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio, lo que en su caso, al avanzar a la siguiente etapa, esto es, la etapa de juicio, ya no podría analizarse las posibles violaciones acaecidas por el hecho de haber desechado la contestación a la formulación de acusación, lo que el quejoso debe realizar en la audiencia intermedia. Máxime que el quejoso está en aptitud de acudir personalmente a la audiencia intermedia, en la que en ejercicio del principio de contradicción y derecho al debido proceso y defensa adecuada, puede controvertir directamente ante el juez de control la circunstancia que refiere le causa perjuicio en torno a la negativa de tenerle dando contestación formulación de acusación Momento procesal en el que el quejoso estará en condiciones de manifestar lo que a su interés convenga respecto a las manifestaciones de acusación del Ministerio Público. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, el primero interpretado a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los ESTRADOS de este juzgado, lo anterior en virtud de que el domicilio que refiere en su demanda es el mismo que ocupa este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS Se tiene por autorizados los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario SCESAR, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS Por otra parte respecto a la utilización de medios electrónicos y toma de fotografías, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, PERSONALMEMTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.
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