Jorge Antonio Rosas Navarro

Expediente 1161/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1161/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Jorge Antonio Rosas Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apertura de cuaderno de antecedentes. Del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que los autos del cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1161/2019-VII, promovido por Jorge Antonio Rosas Navarro, contra actos de la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California con sede en esta ciudad y otro, se encuentra pendiente de dictar sentencia, ya que la audiencia constitucional se celebró a las nueve horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, fórmese cuadernillo de antecedentes. Cambio de Titular. Por otra parte, del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes por el plazo de tres días, legalmente computado, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de treinta y uno de octubre pasado. Atento a su contenido, se advierte que dentro de la causa penal 2051/2017, la cual dio origen al acto que aquí se reclama, actuó como representante social, la Agencia del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, en esta ciudad; mientras que los ofendidos son Carlos Beltrán Uriarte y Elizabeth Galicia Cortez. En mérito de anterior, se les reconoce el carácter de terceros interesados en este juicio de amparo, en términos de la fracción III, incisos c) y e) del artículo 5o., de la Ley de Amparo. En ese sentido, corresponde a este Juzgado de Distrito garantizar el debido llamamiento a juicio de las partes, con el fin de otorgarles su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además de que el emplazamiento de los terceros interesados en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarles la garantía de audiencia y así otorgarles la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que consideren convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, noviembre de 1998, página 580, materia civil, con número de registro 195180, cuyo rubro y texto dicen: "TERCERO PERJUDICADO. EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." Por ende, respecto al Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, en esta ciudad con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se ordena emplazarlo por medio de oficio, al que deberá anexarse copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Sobre el tópico, se cita la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, tomo IV, enero de 2019, materias, común y penal, con número de registro 2019082, cuyo rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE PRACTICARSE A LA INSTITUCIÓN QUE INTERVINO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO, NO SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LA PERSONA QUE OSTENTÓ DICHA CALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). De la interpretación literal del artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se obtiene que la calidad de tercero interesado le corresponde a la institución del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento, siempre que no tenga el carácter de autoridad responsable. Lo anterior se relaciona con el artículo 128, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del que se deduce que la Representación Social debe actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a la Constitución, al propio código y a la demás legislación aplicable. Por su parte, de los artículos 2, 6, 7, 10, 73 y 87 de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se advierte que esa autoridad es la encargada de la procuración de justicia en el Estado, y para el cumplimiento de sus funciones, se integra con diversas fiscalías especializadas, las cuales tienen, entre otras atribuciones, participar en las diversas etapas del procedimiento penal; en tanto que su personal puede ser objeto de una comisión, rotación, cambio de adscripción, suspensión temporal de sus labores, destitución o remoción de su cargo. En este contexto, el emplazamiento del Ministerio Público al juicio de amparo indirecto, en su calidad de tercero interesado, no señalado como autoridad responsable, debe practicarse a la institución que intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, y no a la persona que ostentó dicha calidad, pues de lo contrario, se entorpecería el trámite del juicio de amparo, ya que no se notificaría a esa institución, sino a individuos que fungieron con ese carácter y que por alguna de las causas mencionadas, ya no ostentan el cargo respectivo, esto es, a una persona que ya no cuenta con la calidad de tercero interesado. En lo que corresponde a los terceros interesados Carlos Beltrán Uriarte y Elizabeth Galicia Cortez, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de este juzgado, a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en Camino de los Monarcas, Privada Valles, número 15551-11, colonia Jardín de las Bugambilias, en esta ciudad, y los emplace al presente juicio constitucional; en el entendido que deberá notificarles el presente proveído, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, así como copia simple de los informes justificados; asimismo, para que haga de su conocimiento la fecha en que se llevará a cabo la audiencia constitucional. De igual manera, al momento de su emplazamiento los deberá requerir para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación respectiva, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Tijuana, Baja California, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo indicado, las subsecuentes aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia.

  3. Principal

    Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Admisión de pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las documentales anexas por la responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, dejándose a la vista de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Tercero interesado. En auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, este órgano de amparo se reservó el llamamiento al juicio con el carácter de los terceros interesados, hasta en tanto obraran en autos los informes justificados; lo que en el caso ya acontece. Sin embargo, del análisis de las constancias remitidas por la responsable, no se advierte quién tiene el carácter de parte ofendida en el juicio génesis, en términos del artículo 5, fracción III inciso c) de la Ley de Amparo, pese a que ello es necesario por revestirle el carácter de tercero interesado en el presente juicio; asimismo, no se aprecia cuál Agencia del Ministerio Público intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado. Atento a ello, se requiere a la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional los datos generales y de localización de la parte ofendida; así como la Agencia de Ministerio Público y la Unidad de adscripción, del representante social que intervino en la causa de la que derivan los actos reclamados. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($8,449.00), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento de la audiencia constitucional. A efecto de que transcurra el término otorgado con motivo de la recepción del informe justificado, tomando en cuenta que no se ha ordenado el emplazamiento de los terceros interesados y ya que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la audiencia constitucional está programada para el once de noviembre del año en curso, es por lo cual procede diferir su celebración y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página cinco, del epígrafe siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista

  4. Principal

    Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por una de las autoridades señaladas como responsables, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Prueba documental. En cuanto a la prueba documental que la responsable anexa a su informe, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.

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