Jorge Antonio Rodríguez Cisneros
Expediente 2643/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2643/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2023
Partes del expediente
- Jorge Antonio Rodríguez Cisneros
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: SE ADMITE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108 y 112 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda formulada por *****, contra el actuar de las siguientes autoridades: 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Villa Hidalgo, Jalisco; 2. Ayuntamiento Constitucional de Villa Hidalgo, Jalisco; 3. Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Villa Hidalgo, Jalisco; 4. Director General de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Villa Hidalgo, Jalisco; 5. Director de Obras y Proyectos dependiente de la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Villa Hidalgo, Jalisco; 6. Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Villa Hidalgo, Jalisco; 7. Director del Medio Ambiente del Ayuntamiento Constitucional de Villa Hidalgo, Jalisco; y, 8. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco (actualmente Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco); AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se posterga apertura del incidente de suspensión. Tomando en consideración que la parte promovente solicitó el trámite del incidente de suspensión, pero no acompañó las copias suficientes de los escritos aclaratorios necesarias para formar los cuadernos relativos. Es así por lo siguiente: Registro 25659. Únicamente allegó nueve y son necesarias once para ser distribuidas, a saber, de la manera siguiente: nueve para las autoridades responsables, una para el traslado del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la restante para el trámite del incidente de suspensión solicitado. Registro 25911. Solo allegó diez y son necesarias once para ser distribuidas, a saber, de la manera siguiente: nueve para las autoridades responsables, una para el traslado del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la restante para el trámite del incidente de suspensión solicitado. Por tanto, en términos de lo establecido por el artículo 114, párrafo último, de la Ley de Amparo, se posterga la apertura del incidente de suspensión, hasta el momento en que la quejosa exhiba las copia de escrito sus escritos aclaratorios faltantes para ello; lo que podrá realizar en cualquier momento, siempre y cuando no se hubiere dictado sentencia ejecutoriada. Orienta a lo anterior la jurisprudencia, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." En ese sentido, respecto del escrito de cuenta, deberá de estarse a lo acordado con anterioridad. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) Dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) Es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) Oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. Dicho informe puede ser presentado físicamente, sin embargo, preferentemente la autoridad respectiva deberá rendirlo por medio de los mecanismos habilitados, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación: i) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstengan o sean omisas en rendir su informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, está obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento de la parte quejosa o tercera interesada, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se hace saber a las autoridades responsables que se encuentran señaladas las DOCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. También se le hace de su conocimiento que la intervención de las partes en la audiencia constitucional se realizará por escrito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo mediante promoción presentada físicamente o preferentemente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a que se le dé inicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la audiencia constitucional se realizará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. PRÁCTICA DE DILIGENCIAS MEDIANTE VIDEOCONFERENCIAS. En el caso de diversas diligencias, audiencias o comparecencias que requieran la presencia física de las partes, podrán realizarse mediante videoconferencia, siempre que las partes cuenten con los medios tecnológicos necesarios para tales efectos, acorde con lo dispuesto por el artículo citado en el párrafo precedente. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, relativas al auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias, les serán notificados por lista, salvo aquellas que se estime deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se admiten y tienen por desahogadas, por su propia naturaleza, las pruebas documentales que exhibe; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional PARTE TERCERA INTERESADA. Sin que se reconozca el carácter de tercera interesada a persona alguna, debido a la naturaleza de lo reclamado. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Notifíquese por lista física y electrónica. Así lo proveyó y firma Teresa Ivonne López Hernández, Jueza Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Ana Karen Padilla Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO. Por este medio se notifica a la parte QUEJOSA, la resolución de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, de contenido: Zapopan, Jalisco, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 2643/2022. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción III y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformados por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente tiene validez legal suficiente y constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso1 , el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Asimismo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. En el entendido que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico . Los cuadernos auxiliares estarán a disposición de las partes y podrán ser consultados físicamente con las salvaguardas respectivas si se trata de información reservada o confidencial. RADICACIÓN. Ténganse por recibidos la demanda de amparo y anexos, promovida por *****, contra actos del Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. DECISIÓN SOBRE LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Es menester precisar que los actos materia de reclamo en esta sede constitucional, consisten en síntesis, en: La indemnización por responsabilidad patrimonial, así como la reparación del daño causados al vehículo del quejoso en la llanta, rin, amortiguador y suspensión, con motivo de los hechos acontecidos el catorce de septiembre de dos mil veintidós. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Conforme a los numerales citados, relacionados a su vez con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se debe desechar la demanda de amparo en estudio, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de los establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado3 ". Bajo tales parámetros de procedencia, se reitera que el acto reclamado consiste en la indemnización por responsabilidad patrimonial, así como la reparación del daño, causados al vehículo del quejoso en la llanta, rin, amortiguador y suspensión, con motivo de los hechos acontecidos el catorce de septiembre de dos mil veintidós. Al respecto, se enfatiza en que, según lo manifiesta el quejoso bajo protesta de decir verdad, los hechos de los que emergen las pretensiones que reclama en esta vía constitucional, acontecieron el catorce de septiembre del presente año, cuando el propio quejoso circulaba por las vialidades que refiere; lo cual patentiza que en esa fecha, tuvo conocimiento del acto que pretende reclamar en este juicio de amparo, al haber presenciado personalmente tales hechos. De ahí que, el plazo de quince días con que contaba para la oportuna interposición de su demanda de amparo, transcurrió del diecinueve de septiembre al seis de octubre de dos mil veintidós, descontándose de ese plazo los días veinticuatro y veinticinco de septiembre, así como uno y dos de octubre del presente año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinte de diciembre de dos mil veintidós, según se aprecia del sello de recepción correspondiente, es evidente que su promoción es extemporánea, porque ocurrió después del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; de ahí que se estima que el peticionario de amparo consintió de forma tácita el acto reclamado. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se citan enseguida: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGUN EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El término para la interposición de la demanda de amparo es, por regla general, de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos de notificación al quejoso el acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige, al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del término referido los días feriados. Este criterio prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCION DEL". Los términos para la interposición del juicio de amparo deben regirse por el artículo 21 de la ley de la materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común; y por tanto, dicho término empieza a correr desde el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surte efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional4 ". "TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado"5 . "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, por lo tanto, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal7 ; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados8 ; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,9 así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública10; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término11, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes12 bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. Asimismo, de conformidad con el artículo 41 del referido Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. En el entendido de que, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. DATOS DE CONTACTO. Asimismo, téngasele proporcionando como datos de contacto el correo electrónico y el número telefónico que refiere, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que no acreditan estar facultados para ejercer la profesión de abogados al tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita13 . Se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. En el entendido que este órgano jurisdiccional verificará si la persona autorizada cuenta con la capacidad procesal necesaria y solamente se acordará favorablemente la solicitud de quienes cumplan los requisitos respectivos a través de una promoción electrónica o física, siempre y cuando la firma electrónica se encuentre vigente. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo15 , se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones del referido Acuerdo General, las políticas de transformación digital, la Estrategia Digital del Consejo de la Judicatura Federal y demás normatividad aplicable en cada materia. Asimismo, acorde con lo señalado en el artículo 61 del mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General señalado en la última parte del párrafo precedente, al seleccionar la resolución o resoluciones judiciales correspondientes, las partes se notificarán electrónicamente, con lo que se generará una constancia de consulta, acorde con el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo; constancia que servirá como constancia de notificación, la que será válida sin que se requiera certificación por parte de Actuario o Secretario y será integrada al expediente electrónico16 . Notifíquese personalmente.
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