Jorge Antonio Rodriguez

Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
514/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Jorge Antonio Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de doce de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo relativa al presente asunto, respecto de Jorge Antonio Rodríguez, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinte de julio de dos mil veintidós. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda la copia del escrito signado por el quejoso Jorge Antonio Rodríguez, por medio del cual, solicita la devolución de las siguientes documentales: Impresión de recibo 20U12830-0, expedido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California a nombre de Jorge Antonio Rodríguez. Original de volante número 2-22-72851, expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana a nombre de Jorge Antonio Rodríguez. Original de reporte de rechazo de inscripción preventiva expedida por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, a nombre de Jorge Antonio Rodríguez (con anexos) Impresión a color del volante número 2-22-72851, expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana a nombre de Jorge Antonio Rodríguez. Impresión a color de hoja de inscripción expedido respecto al acto jurídico de cesión de derechos sobre gravamen por el Registro Público de la Propiedad. Impresión a color de bitácora de trámite respecto al volante 1-22-72851. Impresión a color de datos generales de volante 2-22-72851. Por tanto, con fundamento en los artículos 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena la devolución de las documentales que refiere, previa copia certificada que se deje agregada en autos en sustitución de éstos. Por tanto, hágase del conocimiento al ocursante que deberá generar la cita respectiva a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ" para el trámite correspondiente, o bien, que proporcione un correo electrónico a fin de que le sean remitidas por esa vía. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a doce de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Antonio Rodríguez, contra actos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, y otra autoridad, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 514/2022-G. Análisis del escrito inicial de demanda. Así, al analizar íntegramente la demanda y su anexo se aprecia que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables son los siguientes: Notario Público número 21 de esta ciudad. La cesión de derechos de gravámenes bajo partida 5485334, primer testimonio de la escritura pública número 20291 del volumen número 810, de siete de abril de dos mil veintidós. Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad. La inscripción de la cesión de derechos sobre gravámenes bajo partida 5485334, emitida ante la fe del notario 21 de esta ciudad. La inscripción de cesión de derechos de gravámenes bajo partida 5485334, admitida por el departamento de registro público de la propiedad y de comercio en Tijuana. La omisión de declarar improcedente la inscripción preventiva del juicio de prescripción con número de expediente 846/2022, emitida por el Juzgado Primero de lo Civil con residencia ciudad de Tijuana. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD ; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Desechamiento. Con fundamento en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. En efecto, los artículos112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De la interpretación gramatical de estas disposiciones legales se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: Del texto integral del escrito de demanda, este juzgado federal estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, pues se actualiza en el caso, la causa de improcedencia prevista en los artículos 1 y 5, fracción II, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, cuando se les reclamen actos derivados de la tramitación de actos protocolarios, así como tampoco el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, cuando se reclama la inscripción de un acto jurídico, como enseguida se verá. Los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen, en la parte que aquí interesa, lo siguiente: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior indica que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, para establecer si el particular señalado como responsable -Notario Público- tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, sus actos deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación, para ser considerados equivalentes a los de autoridad y, por ende, ser reclamables mediante el juicio constitucional. Entendiendo la unilateralidad y el revestimiento de imperio y coercitividad, como que el acto sea ajeno al ámbito privado o particular contractual, además, que el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; por lo que, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual), que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Lo anterior con apoyo, en lo conducente, en la tesis I.15o.A.36 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: Entonces, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Es importante precisar que en el presente asunto a quien la parte quejosa señaló como autoridad responsable lo es al Notario Público Número Veintiuno, con residencia en esta ciudad, quien es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley a fin de darles autenticidad. Es decir, es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. La fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. De igual forma, la fe pública es la garantía que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. De ahí que la fe pública notarial debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto, se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto. Esta función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza. Por consiguiente, es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley. Así, la función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como los contratos de donación ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Así, tenemos que los actos realizados por el notario público se traducen solo en protocolizaciones solicitadas por particulares, pues sólo da fe de la situación jurídica de los distintos contratos celebrados entre las partes. De ahí que, si el acto reclamado en el presente juicio se atribuye al Notario Público Número Veintiuno, con residencia en esta ciudad, como se precisó en párrafos anteriores, y éste por sus funciones no puede emitir actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, por tanto es evidente que dicha autoridad, no tiene el carácter de autoridad cuando, como en el caso, se le reclame el trámite de un contrato de cesión de gravámenes, y la solicitud de inscripción de dicho acto jurídico, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el fin de que surta efectos contra terceros. Lo anterior, en virtud de que en esos supuestos no puede considerarse que el referido notario ejerce una atribución o potestad, ya que sólo actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, ya que si bien pueden protocolizar contratos de compraventa, donación, permuta, entre otros, lo cierto es que no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que sus actuaciones no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, en razón de que únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la relación contractual de las partes. Aunado a que, como se dijo, no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, pues sus determinaciones son de carácter declarativo; por lo que, no generan nuevas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, en la que se establezca una relación de supra a subordinación, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado, y en dado caso, si un tercero siente que hay una vulneración a su esfera jurídica, deberá promover el procedimiento ante la autoridad judicial competente. Cobra aplicación al caso, por las razones que informa el criterio por contradicción de tesis, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 41/2019 (10a.), Página: 1144, cuyo contenido literal es el siguiente: Similar consideración, se actualiza respecto del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a quien tampoco le asiste el carácter de autoridad para efectos del presente juicio, respecto del acto consistente en la inscripción del contrato de cesión de derechos de gravámenes a favor de Norberto Antonio Díaz Aguirre, pues no se advierte que haya emitido actuaciones unilaterales que cree, modifique, trasmita o extinga derechos y obligaciones. Lo anterior porque la actuación que llevó a cabo -inscripción- es de carácter declarativo -no es constitutivo de derechos-; por lo que no genera, modifica o extingue derechos, tampoco constituye nuevas situaciones jurídicas, dada la función únicamente de difusión de los derechos que provienen del acto jurídico en sí, esto es, en el caso, del contrato de donación gratuita protocolizado ante notario público, por lo que en todo caso, la orden de cancelación de inscripción, deberá provenir de alguna de las instancias ordinarias correspondientes. Al respecto es aplicable el criterio contenido en la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 63, Cuarta Parte, página 40, que indica: En ese sentido, la anotación en cuestión, tiene como única finalidad, que cualquier persona conozca la existencia de los derechos anotados, a efecto de evitar fraudes, abusos y la ocultación de gravámenes, ya que evidencia la condición registral del inmueble y da seguridad jurídica a los actos traslativos de la propiedad o de cualquier otro derecho real del bien en controversia; además, de que evita que surjan posibles obstáculos, que no permitan o dificulten la ejecución de cualquier sentencia que resuelva alguna controversia suscitada en juicio. Cabe citar, únicamente en la parte conducente y para efectos ilustrativos la tesis I.9o.A.12 A (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2002034, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia(s): Administrativa, consultable en la página 2752, del rubro y texto siguientes: Por tanto, se estima que el Notario Público Número Veintiuno y el Registro Público de la Propiedad, ambos con residencia en esta ciudad, no pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo, en virtud de que la relación jurídica entablada con motivo de los actos que reclama el quejoso, no es de aquéllas de supra a subordinación, sino de coordinación; lo que se afirma, porque las primeras (de supra o subordinación) se originan entre gobernantes y gobernados, regulándose por el derecho público, que establece los procedimientos para dirimir los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado; mientras que las relaciones de coordinación implican un plano de igualdad, en el que las partes (por lo general particulares) se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, y 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo; se desecha la demanda de amparo promovida por Jorge Antonio Rodríguez, contra actos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, y otra autoridad. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales) dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. A efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar las diligencias encomendadas, deberá de cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de la cual ya tiene conocimiento, cuando se trate de un caso que por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARSCo2 (COVID19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma por la respectiva persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentre. Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karina Janet Montero Rodríguez, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona para tal efecto. Se tiene como domicilio procesal el ubicado en calle Michoacán, número 22521, colonia El Pípila, en esta ciudad. Acceso al expediente electrónico. Por otra parte como lo solicita el quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "Karinamontero, únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1./J. 82/2019 10.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 16, segundo párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    a las nueve horas del dieciocho de julio de dos mil veintidos, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de doce de julio de dos mil veintidos, dictado en los autos del juicio de amparo 514/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, a doce de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Antonio Rodríguez, contra actos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, y otra autoridad, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 514/2022-G. Análisis del escrito inicial de demanda. Así, al analizar íntegramente la demanda y su anexo se aprecia que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables son los siguientes: Notario Público número 21 de esta ciudad. La cesión de derechos de gravámenes bajo partida 5485334, primer testimonio de la escritura pública número 20291 del volumen número 810, de siete de abril de dos mil veintidós. Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad. La inscripción de la cesión de derechos sobre gravámenes bajo partida 5485334, emitida ante la fe del notario 21 de esta ciudad. La inscripción de cesión de derechos de gravámenes bajo partida 5485334, admitida por el departamento de registro público de la propiedad y de comercio en Tijuana. La omisión de declarar improcedente la inscripción preventiva del juicio de prescripción con número de expediente 846/2022, emitida por el Juzgado Primero de lo Civil con residencia ciudad de Tijuana. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD ; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Desechamiento. Con fundamento en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. En efecto, los artículos112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De la interpretación gramatical de estas disposiciones legales se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: Del texto integral del escrito de demanda, este juzgado federal estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, pues se actualiza en el caso, la causa de improcedencia prevista en los artículos 1 y 5, fracción II, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, cuando se les reclamen actos derivados de la tramitación de actos protocolarios, así como tampoco el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, cuando se reclama la inscripción de un acto jurídico, como enseguida se verá. Los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen, en la parte que aquí interesa, lo siguiente: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior indica que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, para establecer si el particular señalado como responsable -Notario Público- tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, sus actos deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación, para ser considerados equivalentes a los de autoridad y, por ende, ser reclamables mediante el juicio constitucional. Entendiendo la unilateralidad y el revestimiento de imperio y coercitividad, como que el acto sea ajeno al ámbito privado o particular contractual, además, que el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; por lo que, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual), que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Lo anterior con apoyo, en lo conducente, en la tesis I.15o.A.36 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: Entonces, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Es importante precisar que en el presente asunto a quien la parte quejosa señaló como autoridad responsable lo es al Notario Público Número Veintiuno, con residencia en esta ciudad, quien es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley a fin de darles autenticidad. Es decir, es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. La fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. De igual forma, la fe pública es la garantía que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. De ahí que la fe pública notarial debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto, se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto. Esta función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza. Por consiguiente, es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley. Así, la función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como los contratos de donación ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Así, tenemos que los actos realizados por el notario público se traducen solo en protocolizaciones solicitadas por particulares, pues sólo da fe de la situación jurídica de los distintos contratos celebrados entre las partes. De ahí que, si el acto reclamado en el presente juicio se atribuye al Notario Público Número Veintiuno, con residencia en esta ciudad, como se precisó en párrafos anteriores, y éste por sus funciones no puede emitir actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, por tanto es evidente que dicha autoridad, no tiene el carácter de autoridad cuando, como en el caso, se le reclame el trámite de un contrato de cesión de gravámenes, y la solicitud de inscripción de dicho acto jurídico, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el fin de que surta efectos contra terceros. Lo anterior, en virtud de que en esos supuestos no puede considerarse que el referido notario ejerce una atribución o potestad, ya que sólo actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, ya que si bien pueden protocolizar contratos de compraventa, donación, permuta, entre otros, lo cierto es que no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que sus actuaciones no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, en razón de que únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la relación contractual de las partes. Aunado a que, como se dijo, no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, pues sus determinaciones son de carácter declarativo; por lo que, no generan nuevas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, en la que se establezca una relación de supra a subordinación, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado, y en dado caso, si un tercero siente que hay una vulneración a su esfera jurídica, deberá promover el procedimiento ante la autoridad judicial competente. Cobra aplicación al caso, por las razones que informa el criterio por contradicción de tesis, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 41/2019 (10a.), Página: 1144, cuyo contenido literal es el siguiente: Similar consideración, se actualiza respecto del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a quien tampoco le asiste el carácter de autoridad para efectos del presente juicio, respecto del acto consistente en la inscripción del contrato de cesión de derechos de gravámenes a favor de Norberto Antonio Díaz Aguirre, pues no se advierte que haya emitido actuaciones unilaterales que cree, modifique, trasmita o extinga derechos y obligaciones. Lo anterior porque la actuación que llevó a cabo -inscripción- es de carácter declarativo -no es constitutivo de derechos-; por lo que no genera, modifica o extingue derechos, tampoco constituye nuevas situaciones jurídicas, dada la función únicamente de difusión de los derechos que provienen del acto jurídico en sí, esto es, en el caso, del contrato de donación gratuita protocolizado ante notario público, por lo que en todo caso, la orden de cancelación de inscripción, deberá provenir de alguna de las instancias ordinarias correspondientes. Al respecto es aplicable el criterio contenido en la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 63, Cuarta Parte, página 40, que indica: En ese sentido, la anotación en cuestión, tiene como única finalidad, que cualquier persona conozca la existencia de los derechos anotados, a efecto de evitar fraudes, abusos y la ocultación de gravámenes, ya que evidencia la condición registral del inmueble y da seguridad jurídica a los actos traslativos de la propiedad o de cualquier otro derecho real del bien en controversia; además, de que evita que surjan posibles obstáculos, que no permitan o dificulten la ejecución de cualquier sentencia que resuelva alguna controversia suscitada en juicio. Cabe citar, únicamente en la parte conducente y para efectos ilustrativos la tesis I.9o.A.12 A (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2002034, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia(s): Administrativa, consultable en la página 2752, del rubro y texto siguientes: Por tanto, se estima que el Notario Público Número Veintiuno y el Registro Público de la Propiedad, ambos con residencia en esta ciudad, no pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo, en virtud de que la relación jurídica entablada con motivo de los actos que reclama el quejoso, no es de aquéllas de supra a subordinación, sino de coordinación; lo que se afirma, porque las primeras (de supra o subordinación) se originan entre gobernantes y gobernados, regulándose por el derecho público, que establece los procedimientos para dirimir los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado; mientras que las relaciones de coordinación implican un plano de igualdad, en el que las partes (por lo general particulares) se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, y 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo; se desecha la demanda de amparo promovida por Jorge Antonio Rodríguez, contra actos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, y otra autoridad. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales) dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. A efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar las diligencias encomendadas, deberá de cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de la cual ya tiene conocimiento, cuando se trate de un caso que por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARSCo2 (COVID19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma por la respectiva persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentre. Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karina Janet Montero Rodríguez, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona para tal efecto. Se tiene como domicilio procesal el ubicado en calle Michoacán, número 22521, colonia El Pípila, en esta ciudad. Acceso al expediente electrónico. Por otra parte como lo solicita el quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "Karinamontero, únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1./J. 82/2019 10.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 16, segundo párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano