Jorge Antonio Ramírez Torres
Expediente 587/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/07/2023
Partes del expediente
- Jorge Antonio Ramírez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/nit*
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos con vista las partes para que obren como correspondan los informes justificados y anexos, remitidos por el Subdirector adscrito a la Aduana de Tijuana, unidad administrativa de la Agencia Nacional de Aduanas de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por si y en representación del Titular de la Aduana en Tijuana, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexan, así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. Atento a lo anterior, quien suscribe estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto en indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente asunto. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de una lectura integral de la demanda, se obtiene que el quejoso ********************, promovió demanda de amparo, contra actos del Titular y Subdirector ambos de la Aduana en Tijuana, reclamando la omisión de dar trámite a su solicitud de cambio de domicilio y de copia certificada del procedimiento administrativo en materia aduanera de veintinueve de enero de dos mi veintitrés, la cual fue formulada el diez de abril de dos mil veintitrés, ante las potestades responsables. En atención a ello, de los oficios y anexos que hoy se atienden, se obtiene que las autoridades responsables Titular y Subdirector ambos de la Aduana en Tijuana, emitieron respuesta a la solicitud planteada por el aquí quejoso, mediante oficio 120-01-20-02-04-2023-8028 de quince de junio de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, de su índice, mediante el cual hizo del conocimiento del aquí impetrante del procedimiento a seguir para obtener las copias certificadas que solicitó, así como se le tuvo señalando domicilio y las potestades en comento ordenaron la notificación de la misiva antes citada en el domicilio brindado por el peticionario de amparo. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo -diecinueve de mayo de dos mil veintitrés- las autoridades responsables Titular y Subdirector ambos de la Aduana en Tijuana, acordaron el escrito mediante el cual ********************, solicitó el cambio de domicilio y copias certificadas del procedimiento administrativo en materia aduanera de veintinueve de enero de dos mi veintitrés; es claro que para los efectos del amparo la omisión reclamada ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del oficio 120-01-20-02-04-2023-8028 de quince de junio de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, de su índice, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena a la persona Actuaria adscrita correr traslado a la quejosa con copia de dicha determinación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En las condiciones anotadas, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las once horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación respectiva en los registros de control de este Juzgado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Maricruz Manjarrez Maya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/MMM/CEPM
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "..Tijuana, Baja California, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos con vista las partes para que obren como correspondan los informes justificados y anexos, remitidos por el Subdirector adscrito a la Aduana de Tijuana, unidad administrativa de la Agencia Nacional de Aduanas de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por si y en representación del Titular de la Aduana en Tijuana, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexan, así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. Atento a lo anterior, quien suscribe estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto en indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente asunto. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de una lectura integral de la demanda, se obtiene que el quejoso ********************, promovió demanda de amparo, contra actos del Titular y Subdirector ambos de la Aduana en Tijuana, reclamando la omisión de dar trámite a su solicitud de cambio de domicilio y de copia certificada del procedimiento administrativo en materia aduanera de veintinueve de enero de dos mi veintitrés, la cual fue formulada el diez de abril de dos mil veintitrés, ante las potestades responsables. En atención a ello, de los oficios y anexos que hoy se atienden, se obtiene que las autoridades responsables Titular y Subdirector ambos de la Aduana en Tijuana, emitieron respuesta a la solicitud planteada por el aquí quejoso, mediante oficio 120-01-20-02-04-2023-8028 de quince de junio de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, de su índice, mediante el cual hizo del conocimiento del aquí impetrante del procedimiento a seguir para obtener las copias certificadas que solicitó, así como se le tuvo señalando domicilio y las potestades en comento ordenaron la notificación de la misiva antes citada en el domicilio brindado por el peticionario de amparo. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo -diecinueve de mayo de dos mil veintitrés- las autoridades responsables Titular y Subdirector ambos de la Aduana en Tijuana, acordaron el escrito mediante el cual ********************, solicitó el cambio de domicilio y copias certificadas del procedimiento administrativo en materia aduanera de veintinueve de enero de dos mi veintitrés; es claro que para los efectos del amparo la omisión reclamada ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del oficio 120-01-20-02-04-2023-8028 de quince de junio de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, de su índice, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena a la persona Actuaria adscrita correr traslado a la quejosa con copia de dicha determinación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En las condiciones anotadas, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las once horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación respectiva en los registros de control de este Juzgado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.."
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, el suscrito Secretario del Juzgado Encargado del Despacho, no se encuentra autorizado para celebrar la audiencia constitucional, durante la licencia concedida al Titular por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que solo se le facultó para la práctica de diligencias o providencias de trámite y resoluciones de carácter urgente. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, derivado de la licencia concedida al Titular por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, ante Maricruz Manjarrez Maya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.JMBA/MMM/CEPM
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