Jorge Antonio Millán Bernal

Expediente 284/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
284/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Jorge Antonio Millán Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, uno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Demanda de Amparo. Agréguese a los autos la demanda de amparo presentada por *********************, contra actos de la Directora de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía Cuauhtémoc. Integración del expediente. Fórmese el expediente 284/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. . Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro y texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. . En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. . De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son:  Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional;  Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y,  También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis al escrito inicial de demanda y de su anexo, se advierte que, el promovente señala como acto reclamado: En ese contexto, en relación con los actos reclamados, consistentes en la falta de notificación en forma personal a la parte quejosa del acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la Directora de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía Cuauhtémoc, a través del cual se declara la nulidad del acto impugnado consistente en la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve, número ***************************, en relación con el **********************, en cumplimiento a la resolución del recurso de apelación número RAJ. ****************** relativo al juicio de nulidad **************, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Estableciendo además como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De esta forma, conforme a la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es suficiente que en la ley aplicable, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. a) Los actos reclamados se atribuyen a una autoridad distinta de los tribunales judiciales. b) Los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del juicio de nulidad que prevén los artículos 3, fracción I, 31, fracción I y 88 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mismo que establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; (.) Artículo 31. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; Artículo 88. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes: I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra su notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación; II. Si el particular manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda. El Tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se considerará que el actor fue sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II de este artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se hubiere formulado contra dicho acto. Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido.". Por otro lado, los artículos 2° y 3°, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, textualmente establece lo siguiente: "Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. El derecho a una buena administración pública implica: I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos; II. Garantía de audiencia; III. Tener acceso al expediente administrativo; IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que le afecte, y V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta activa u omisa de la Administración Pública. Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos y entidades que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México; II. Administración Pública Centralizada. Las Dependencias y los Órganos Desconcentrados; III. Administración Pública Paraestatal. El conjunto de Entidades; IV. Alcaldías. Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales; (.)" Del análisis integral de dichos preceptos, se advierte que la parte promovente debe promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, el cual, procede contra actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México dicten, es decir, de las Alcaldías (órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales), ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales, además, del último párrafo del segundo de dichos preceptos, se observa que las Alcaldías, son órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales que componen la Administración Pública de la Ciudad de México; como lo es en el caso, la Directora de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía Cuauhtémoc. Con base en lo anterior, se concluye que contra los actos reclamados, es procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, previo a acudir al juicio constitucional, lo que evidencia que en el caso se surte el segundo requisito planteado. De igual manera, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el artículo 100 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 125/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 496, Libro II, Noviembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 160,630, de rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL.". Criterio que si bien se emitió en la vigencia de la anterior ley de Amparo, se advierte que es aplicable toda vez que con su contenido no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente. Máxime que a través de la reforma realizada al artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, el veintiuno de julio de dos mil catorce, se determinó que el término para resolver la suspensión del acto impugnado, será dentro del plazo de veinticuatro horas, término similar al estipulado por la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que el artículo 100 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en relación con la Ley de Amparo vigente, prevé los mismos alcances para la suspensión; por su parte, el artículo 101, de la referida Ley Orgánica, otorga un beneficio adicional, porque en el juicio contencioso administrativo el actor únicamente tiene que acreditar que se le está impidiendo el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, para que le sea otorgada la suspensión; mientras que en la Ley de Amparo vigente, no se prevé el otorgamiento de dicha suspensión, porque primeramente tiene que acreditar el quejoso su interés respecto de esa única actividad, y para otorgar la suspensión, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo cual acredita que en el juicio contencioso, además de la suspensión prevista en el artículo 100 de su Ley Orgánica, existe la posibilidad de que, tratándose de la única actividad del promovente o que se impida el acceso a su domicilio, basta así indicarlo, para que proceda la suspensión, lo que se reitera, no ocurre en la Ley de Amparo, que prevé como requisitos para otorgarla la acreditación del interés suspensional; posteriormente el análisis de orden público y el interés social, de modo tal que los alcances de la suspensión en el juicio contencioso administrativo son mayores a los de la Ley de la Materia. Sin que en el presente caso se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad en materia administrativa por las razones que se exponen a continuación: En primer término, se impone señalar que tal y como se advierte de las constancias de los actos reclamados que anexó la parte promovente a su escrito de demanda, no carecen de fundamentación, pues se encuentran fundamentados en diversos artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo vigente de la Ciudad de México, entre otros. En consecuencia, está acreditado que el promovente conoce los fundamentos de la responsable para emitir los actos reclamados, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación, respecto de lo cual es aplicable, únicamente por el criterio que informa, la tesis I.3o.A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Por último, es preciso destacar que el quejoso tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso no se aducen sólo violaciones a preceptos constitucionales, sino que de su concepto de violación se advierte que también alega la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado; es decir, la parte promovente también controvierte la legalidad de dicho acto, especialmente vinculado con el hecho de que no se exponen las razones particulares o razones inmediatas que tomó en consideración la responsable para resolver en el sentido en que lo hizo. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, 175- 180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237,480, del siguiente rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." Aunado a lo anterior, se advierte que el quejoso tampoco tiene el carácter de tercero extraño; tampoco reclama la inconstitucionalidad de alguna ley ni se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Es aplicable la tesis número I.1o.A.69 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2100, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, que establece: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL." Tampoco se desprende que reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. En ese sentido, por analogía, se cita la tesis 2a. LVI/2000, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. . Por lo tanto, queda de manifiesto que, con independencia de la afectación que pudiera generar al gobernado la ejecución de un acto de autoridad administrativa, tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios que procedan en su contra antes de promover el juicio constitucional, a menos de que se actualice una de las excepciones antes indicadas. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XX y 113, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la falta de notificación en forma personal a la parte quejosa del acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la Directora de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía Cuauhtémoc, a través del cual se declara la nulidad del acto impugnado consistente en la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve, número **********************, en relación con el ******************, en cumplimiento a la resolución del recurso de apelación número RAJ. ************* relativo al juicio de nulidad ***************. Asimismo, conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que prevenir, admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse como autorizadas para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se les autoriza el uso de medios electrónicos, a las partes, para obtener una reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

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