Jorge Antonio Medrano Medina
Expediente 771/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Antonio Medrano Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual, solicita se le remita el acuse de recibo del diverso oficio "********************", por el que dicho cuerpo colegiado remitió el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 104/2021 de su estadística, así como los autos originales del juicio de amparo ******************** y cuatro legajos exhibidos como anexos al informe justificado. En se sentido, como lo solicita la autoridad referida, acúsese recibo del oficio que hace mención. Notifíquese por oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por lista a las demás partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, del estado procesal de autos y la certificación, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercera interesada en auto de cinco de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto, respecto de lo cual no hicieron valer dicha prerrogativa. Ahora, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Bien, en sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, la Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, en auxilio de este órgano jurisdiccional, sobreseyó y negó el amparo solicitado. Inconforme, la parte peticionaria interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente ***, quien por ejecutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, modificó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional, contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, del Juez Primero Mercantil del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, así como del Notificador adscrito a la Dirección de Notificadores Civiles, Mercantiles, Familiares y Mensajería del poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para los siguientes efectos: "1. Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 188/2018, así como el emplazamiento a juicio realizado al ahora quejoso, mediante diligencia de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, debiendo quedar subsistente únicamente la demanda y su admisión. 2. Reponga el procedimiento y ordene emplazar al demandado Jorge Antonio Medrano Medina." Así, en oficio con número de registro 14367, el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de dos de agosto del año en curso, emitido en el juicio -especial hipotecario-, expediente 188/2019, a través del cual, dicho órgano jurisdiccional dejó insubsistente todas las actuaciones del procedimiento primigenio a partir del emplazamiento del demandado Jorge Antonio Medrano Medina, incluida la sentencia definitiva y ordenó nuevamente su llamamiento al procedimiento natural. Asimismo, por diversas comunicaciones registradas con los ordinales 17553 y 589, el Juez Primero Mercantil del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y el Notificador adscrito a la Dirección de Notificadores Civiles, Mercantiles, Familiares y Mensajería del poder Judicial del Estado de Aguascalientes, manifestaron su adhesión al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que las autoridades responsables acataron la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que las mismas no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, se aprecia que el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de dos de agosto del año en curso, emitido en el juicio -especial hipotecario-, expediente ***, a través del cual, dicho órgano jurisdiccional dejó insubsistente todas las actuaciones del procedimiento primigenio a partir del emplazamiento del demandado ***, incluida la sentencia definitiva y ordenó nuevamente su llamamiento al procedimiento natural. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con los oficios citados, acreditaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. En atención a que en el caso en particular, se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el cuaderno original del incidente de suspensión debe depurarse en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General plurimencionado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, o en su caso, las inherentes a su violación y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del mutireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran documentos considerados como "no originales"; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en su escrito inicial catalogados como "no originales"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del acuerdo general citado. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el oficio signado por la Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual remite en alcance a la diversa misiva 14367, copia certificada de diversas constancias del juicio de origen, lo anterior, ya que por auto de cinco de los actuales, se otorgó la vista correspondiente a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el acatamiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. Notifíquese por lista a las partes..
- Principal
Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que en el plazo de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables; en la inteligencia de que agotado el plazo para ello, se determinará lo que corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y por lista a las demás partes.
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