Jorge Antonio Márquez Serralde y otros
Expediente 284/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 15/12/2022
Partes del expediente
- Jorge Antonio Márquez Serralde y otros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón signada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa el acuerdo de siete de diciembre de este año y el testimonio de quince de noviembre de dos mil veintidós del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del citado acuerdo y resolución, esta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, situación que prevalecerá hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese por medio de lista a la quejosa el acuerdo de siete de diciembre de este año y el testimonio de quince de noviembre de dos mil veintidós del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región.
- Principal
Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado vía juicio en línea en representación de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, remítase a la autoridad responsable la copia simple que solicita. Por cuanto hace a las diversas manifestaciones hechas valer como causales de improcedencia que de ser el caso, serán analizadas al dictar el fallo en este juicio de amparo. Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la quejosa **********, en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del oficio remitido por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en autos; sin que hayan realizado manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver de oficio, si la ejecutoria de amparo, se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. En primer orden, conviene destacar los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal en la sentencia dictada en los presentes autos respecto del juicio de amparo 2610/2014, lo que se desprende del considerando Décimo Tercero, y resolutivo Tercero, de la sentencia dictada en autos, en los que se estableció: "(.) DÉCIMO TERCERO. Revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). (.) En ese orden de ideas, este juzgador considera que el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. (.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.) Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa. (.) TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. (.)" Al respecto, cabe precisar que la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de dicho fallo, medio de defensa que correspondió resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, quien mediante ejecutoria de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 311/2019 de su índice, resolvió lo siguiente: "Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,92 y 93 de la Ley de Amparo, y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: "PRIMERO. En la materia dela revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, en su carácter de integrantes del consejo de administración, contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince y dos mil dieciséis, publicados en el Diario Oficial de la Federación en cinco de enero de dos mil quince y trece de enero de dos mil dieciséis, así como el referido anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial dela Federación el cuatro de octubre del citado año. Notifíquese". Por otra parte, el tribunal oficiante al momento estableció en su considerando sexto, lo siguiente: "Únicamente serán materia de estudio en esta ejecutoria las consideraciones relativas a la negativa del amparo por lo que hace al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince y dos mil dieciséis, publicados en el Diario Oficial de la Farreación el cinco de enero de dos mil quince y trece de enero de dos mil dieciséis, así como dicho anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre delo citado año, contenidas en la parte conducente del considerando décimo primero y resolutivo segundo respectivamente de la sentencia impugnada, dado que es la parte a la que se refieren los agravios formulados. En consecuencia, el resto de las determinaciones de la sentencia impugnada, no son materia del recurso." (.) " Derivado de lo hasta aquí relatado, en auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que en el plazo de tres días, cumpliera con dichos efectos y remitiera copia certificada de las constancias que lo acrediten. Así, mediante oficio 600-04-01-04-00-2022-09664, de doce de octubre de dos mil veintidós, recibido en este órgano jurisdiccional el trece siguiente, la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales "1", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, informó que respecto de la aquí quejosa, no fue instaurada revisión electrónica alguna de conformidad con lo previsto en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación publicado el nueve de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación vigente hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. En ese sentido, al advertirse que la parte quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna del oficio que antecede y dado que la autoridad responsable manifiesta que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de dichas morales contribuyentes, se concluye, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente una vez que adquiera firmeza el presente proveído Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." Finalmente, háganselas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, notifíquese a la parte quejosa esta determinación y una vez que transcurra el plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo se proveerá lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO.-Se sobresee en el juicio respecto de **********, quejosas en el juicio de amparo 863/2015 acumulante, respecto de los actos y autoridades precisados en el Considerando Sexto. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a [1] ***********, quejosas en el juicio de amparo acumulante 863/2015 y sus acumulados 5155/2015, 5156/2015 y 5157/2015, contra los actos y autoridades precisados en el Considerando Cuarto y por los motivos expresados en el Considerando Octavo de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en el juicio de amparo acumulante 863/2015, y por lista a las diversas quejosas de los juicios de amparo 5155/2015, 5156/2015 y 5157/2015, acumulados al 863/2015, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo emitido el cuatro de agosto de dos mil veintidós.
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