Jorge Antonio Lopez Rodriguez

Expediente 1276/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1276/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Antonio Lopez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés... . Agreguese a los autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable en mención, mediante el cual con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, y adjunta las constancias respectivas, de las que se desprende que el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, emitió el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas dentro del juicio laboral de origen - de su índice. Ahora, precisado lo anterior el suscrito estima que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista y contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, para lo cual, se estima hacer las siguientes consideraciones: Del análisis de las constancias de referencia, se advierte que el Tribunal responsable proveyó lo relativo a la admisión y/o desechamiento de las pruebas, mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral de origen - de su índice. Ahora bien, toda vez que el juicio que nos ocupa fue promovido esencialmente contra el reclamado consistente la omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo de admisión de pruebas, dentro del juicio ordinario laboral -. Sin embargo, debe decirse que en el caso ya cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de sus derechos fundamentales. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de sus derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la impetrante de amparo, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de las constancias de cuenta, se desprende que la citada autoridad proveyó lo relativo a la admisión y/o desechamiento de las pruebas, mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral de origen - de su índice; resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por tanto, se deja sin efectos la fecha para la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Como según la certificación secretarial de cuenta, ha fenecido el término de diez días, que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución dictada el once de septiembre último, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que al rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Ahora bien, como según constancia secretarial que antecede, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como CONSERVABLE, el cual será transferido una vez que cumplan tres años contados a partir de este acuerdo, dado que se sobreseyó y negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no así el original y duplicado del incidente relativo, los cuales son DESTRUÍBLES, en un plazo de tres años, toda vez que se negaron la suspensión provisional y definitiva; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, Fracción II, 17, fracción III, inciso a), y 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en cita, ni este Juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial que antecede, no existen documentos originales por devolver a la partes; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, el tomo de pruebas que remitió como complemento a su informe justificado, solicitándole al efecto, acuse recibo de los mismos, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, se deducirá que los recibió a su total y entera satisfacción. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, a través del cual la Superioridad remite testimonio autorizado de la ejecutoria relativa al amparo en revisión civil número 193/2023; así como los autos originales del juicio de amparo I-1158/2022-1 del índice de este juzgado, resolución en la que determinó: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por -, por su propio derecho y en cuanto representante legal, además, de su menor hija de iniciales-. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a - contra el acto reclamado de la autoridad precisada en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos indicados en la parte final del último considerando. CUARTO. Es infundado el recurso de revisión adherente." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Atento a lo anterior, en términos del referido precepto 192 y del diverso numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Tercero Oral Familiar, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente provisto, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, anexándole para tal efecto copia de la ejecutoria emitida por la alzada, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que haya tenido para cumplir con la misma, se le impondrán una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De lo anterior, hágase del conocimiento a la partes por los medios correspondientes para cada una de ellas. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el término de quince días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable en cita, rinda su informe justificado, transcurre del cinco de octubre al trece de noviembre del presente año, pues como se advierte de autos fue notificada para tal efecto del oficio 10483, el cuatro de octubre pasado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo, la que se señala para su desahogo hasta tal data, tomando en consideración que la agenda de este órgano jurisdiccional se encuentra sobresaturada. Notifíquese.

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