Jorge Antonio Hernández Plascencia
Expediente 1090/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Antonio Hernández Plascencia
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de dieciocho de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional, comisiono al actuario judicial de la adscripción a efecto de llevar a cabo la diligencia encomendada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; a saber, notificar a la parte quejosa el contenido del diverso acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 1149/2020-III-A, de su índice. En ese sentido, y toda vez que ya obra glosada en autos la constancia de notificación de referencia, se ordena remitir la misma vía electrónica al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a efecto de que se encuentre en aptitud de proveer lo conducente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, y en razón a lo acordado en los párrafos que anteceden, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, se decreta el archivo del presente asunto, tal como se ordenó mediante proveído de dieciocho de febrero del año en curso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, seis de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio electrónico suscrito por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del cual, solicita se notifique a la parte quejosa el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil veinte, por el cual el juzgado oficiante acepto la competencia declinada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, debiendo estarse a lo acordado en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se comisionó al actuario adscrito a este juzgado a practicar la notificación personal solicitada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio electrónico suscrito por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del cual, solicita se notifique a la parte quejosa el contenido del auto de tres de diciembre de dos mil veinte, por el cual el juzgado oficiante acepto la competencia declinada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo anterior, se faculta al actuario adscrito a este juzgado para que con fundamento en lo que disponen los artículos del 298 al 301 del citado código, con copia del auto de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, dentro del juicio de amparo 1149/2020-III-A, se sirva notificar al quejoso Jorge Antonio Hernández Plascencia. A su vez, lo requiriera para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad en que tiene su residencia el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se le harán las subsecuentes notificaciones por medio por medio de lista. En tal virtud se turnan los autos al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda a practicar la diligencia encomendada, y con el resultado de ella, remítase a la brevedad la constancia de notificación al Juzgado oficiante. Notifíquese personalmente al quejoso Jorge Antonio Hernández Plascencia. el oficio de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en Calle Montecito, número treinta y ocho (38), (WTC Ciudad de México), piso veintiocho (28), oficina doce y dieciséis (12-16), Alcaldía Benito Juárez, Colonia Nápoles, Ciudad México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Por recibida la demanda de garantías promovida por Jorge Antonio Hernández Plasencia, por propio derecho, contra actos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1090/2020-IX. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Al respecto, es preciso destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 21/2009, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, de rubro: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos, constitucionales y legales, antes citados, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Se reitera, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que, en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, que se contiene en el comentado numeral de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: De lo anterior se obtiene que el promovente reclama, la aplicación de diversas normas generales, como son algunos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas; del Acuerdo pronunciado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se da a conocer el formato para llevar a cabo la declaración de situación patrimonial y de intereses, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mi diecinueve; del Segundo Acuerdo publicado en dicho periódico oficial del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, donde se da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses y el Acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinte, en el que se amplían los plazos para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de dos mil veinte; así como el oficio de seis de julio de dos mil veinte, que señala que no podrían vincularse derechos de índole laboral de los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación, como un supuesto de excepción para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en virtud de que el régimen laboral es independiente del ámbito administrativo y el oficio de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dirigido al Sindicato del cual el quejoso es afiliado como trabajador sindicalizado, y los efectos y consecuencias de los mismos. Lo anterior hace patente que dichos actos tiene o tendrán repercusión en el lugar en el que presta sus servicios como Profesor Investigador Asociado. En ese orden de ideas, es oportuno señalar que de la copia de la credencial exhibida por el quejoso, se advierte que se encuentra adscrito y por ende presta sus servicios en el Colegio de Postgraduados de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Campus Puebla con domicilio en el Km. 125.5, Carretera Federal México-Puebla, Santiago Momoxpan, 72760 Puebla, Puebla; documento que adminiculado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad vertidas por el promovente, hace prueba en contra de su oferente, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, que demuestra que quejoso se encuentra prestando sus servicios de investigador fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgador. Por lo anterior, es evidente, que la aplicación, efectos y consecuencias de las normas tildadas de inconstitucionales y demás actos reclamados, tienen su origen en el servicio público que desempeña, por lo que la obligación de su cumplimiento tendrá materialización en la entidad en que desempeña sus actividades, esto es, en el Estado de Puebla, de ahí que la competencia se surte en favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en San Andrés Cholula, Puebla, dado que ejerce su jurisdicción en el lugar donde el quejoso tiene su fuente de trabajo, el cual le genera la obligación impuesta por las normas que reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que es del rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO. Por todo lo anterior, es evidente que este Juzgado de Distrito CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, POR RAZÓN DE TERRITORIO, PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO. En esas condiciones, se determina que el conocimiento del presente asunto no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir el presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, a quien se considera competente. Se solicita al Juzgado de Distrito, que por razón de turno le corresponda conocer del presente juicio, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Sin que haya lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que no se está en los supuestos del artículo 48, de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, la tesis cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, por el momento, no se forma cuaderno de antecedentes. Ahora bien, con fundamento en los artículos 74 y 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en San Andrés Cholula, Puebla, que por turno le corresponda conocer del presente asunto, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente, en atención a la Jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se autoriza en términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a las personas que señala para ello, así como a Juan Hernández Trejo, Anayantzin Lara Pedrosa y Martha Elena Guerrero Ramos, limitación que se les estableces hasta en tanto los citados profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior, lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la promovente o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3.C.725 C de rubro y datos de identificación: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Por otra parte, en términos del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 citado; se exhorta a todas las partes, esto es, a la parte quejosa, autoridades responsables, tercero interesado y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese.
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