Jorge Antonio Garrido Arellano

Expediente 364/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
364/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Jorge Antonio Garrido Arellano

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Norma Georgina Arellano Hernández, Dulce Paola, Jesús Alberto y Jorge Antonio de apellidos Garrido Arellano, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE...MESA 4

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Norma Georgina Arellano Hernández, Dulce Paola, Jesús Alberto y Jorge Antonio de apellidos Garrido Arellano, contra actos que reclama del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 364/2021, así como en el Sistema seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. En ese sentido, este juzgador estima que es notoriamente improcedente, por lo que con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203,196, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En el particular, la parte quejosa acude a este órgano de control constitucional a reclamar de la autoridad responsable, la negativa de llamar a los quejosos como terceros a juicio, en el expediente 436/2020, del índice de la responsable, relativo al Juicio Ordinario Civil, Otorgamiento y Firma de Escritura, promovido por Daniel Garrido Nava en contra de Jesús Garrido Nava su sucesión. En ese contexto, a criterio del que suscribe, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el disímil 6, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Lo resaltado es propio. Del numeral mencionado en segundo término se desprende que el juicio de amparo solamente puede promoverse por la persona que con el acto reclamado de la autoridad haya sufrido una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio o por medio de su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa penal, o por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. En sentido inverso, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Conforme a esas bases y al tomar en consideración que, en el caso en concreto, los quejosos acuden a la presente instancia en su carácter de coherederos del de cujus Jesús Garrido Nava, (representada por el albacea de dicha sucesión), y que también existe un incidente de remoción de albacea, mismo que se encuentra en trámite; se arriba a la conclusión de que los promoventes carecen de legitimación para promover el juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis, 2a./J. 5/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro digital 2023029, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." En efecto, pues como inclusive lo refieren bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial, lo cual hace prueba plena en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los amparistas son representados en la sucesión por la albacea Guadalupe Gabriela Martínez Fonseca, máxime que se encuentre en trámite el incidente de remoción de albacea, promovido por la parte quejosa en el expediente 1064/2019, del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar en Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. De ahí que, al encontrase éstos representados por la albacea de la sucesión de los bienes, sin que a la fecha se haya resuelto el incidente de remoción citado, la parte quejosa no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no son titulares de un derecho legítimamente tutelado, porque como lo refieren, a la fecha de la presentación de la demanda, el expediente 1064/2019, del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar en Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, relativo al incidente de remoción de albacea, se encuentra en trámite. Además, lo cierto es que existe una designación de albacea por parte del de cujus y que aquél -albacea- es una persona distinta los aquí amparistas; de modo que, en todo caso, tampoco tendrían legitimación para acudir a la presente instancia, porque la defensa de los bienes de la masa hereditaria corresponde al albacea según lo establece el artículo 6,227 Código Civil para el Estado de México. Cobra aplicación al respecto el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 1a./J. 37/2005, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 203, que reza: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO ESTÁ EN FUNCIONES EL INTERVENTOR O EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: 1) que no esté en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, o 2) que éstos sean requeridos judicial o notarialmente para que deduzcan esos actos, y rehúsen o descuiden deducirlos. Por ende, en caso de que un acto de autoridad llegare a afectar los bienes hereditarios, y el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos judicial o notarialmente para que como representantes de la sucesión deduzcan las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, y rehúsen o descuiden deducirlos, es evidente que cualquiera de los herederos está legitimado para promover el juicio de amparo contra aquel acto de autoridad al estar facultados legalmente para ello, y en virtud de que los bienes que forman parte de la masa hereditaria les pertenecen en común, mientras no se haga la división." De igual manera, al criterio contenido en la tesis III.2o.C.18 C (10a.), emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Fuente: Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, página 1598, que dispone: "PRESUNTO HEREDERO Y ALBACEA. SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO CON ESE CARÁCTER, CON BASE EN UN TESTAMENTO EXTRANJERO QUE AÚN NO HA SIDO LEGALIZADO EN EL PAÍS, AQUÉL RESULTA IMPROCEDENTE AL CARECER DE LEGITIMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que los herederos o legatarios puedan ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia y, por consiguiente, tengan un interés legítimamente reconocido en la ley, deben llevar a cabo esas acciones cuando no estén en funciones los representantes de la sucesión o cuando, aunque exista su designación formal se nieguen a cumplir su función, o descuiden su desempeño. Por lo que, si el promovente del juicio de amparo, exhibe junto con su demanda respectiva un testamento hecho en país extranjero, en el que se le designó como albacea y sucesor, con el que pretende acreditar su legitimación, resulta ineficaz, en razón de que tal documento no lo legitima para incoar la acción constitucional, puesto que, por sí solo, es insuficiente para reconocer el carácter de albacea o sucesor de la sucesión que pretende representar, pues ninguna autoridad judicial le ha reconocido ese carácter, por lo que sólo puede considerarse como presunto heredero y albacea, lo que es insuficiente para ejercer la acción constitucional en defensa de los bienes que conforman la masa hereditaria de la sucesión, ya que como presunto heredero no es todavía titular de un derecho jurídicamente tutelado; máxime que, al tratarse de un testamento otorgado en el extranjero, éste debe ser legalizado conforme a lo previsto por los artículos 2906 y 2907 del Código Civil del Estado. De ahí que, si se promueve el juicio de amparo con el carácter de presunto heredero y albacea, con base en un testamento extranjero que aún no ha sido legalizado en el país, aquél resulta improcedente y debe sobreseerse por falta de legitimación, con fundamento en el artículo 4o., en relación con el 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo abrogada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el disímil 6, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Norma Georgina Arellano Hernández, Dulce Paola, Jesús Alberto y Jorge Antonio de apellidos Garrido Arellano. Domicilio no ha lugar para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden evidentemente ser considerados como un domicilio particular o procesal, pues éstos forman parte del órgano jurisdiccional, y por tanto dígasele que mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda así como las demás personas a las que menciona, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 4

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