JORGE ANTONIO CASTILLO HERNANDEZ y Otros.

Expediente 700/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
700/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • JORGE ANTONIO CASTILLO HERNANDEZ y Otros.
  • HUMBERTO VAZQUEZ AVILA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    "...ANOTACIONES Vista la demanda promovida por...con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 700/2019-II-A. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. DESECHAMIENTO Así, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, de los cuales se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. Ahora bien, del capítulo de antecedentes en su numeral (2) del escrito de demanda se advierte que los quejosos manifestaron lo siguiente: ".Fuimos enterados por personal del Centro Preventivo de Readaptación Social de Cuautitlán, México, que se iban a realizar el traslado de internos a otros penales y que en la lista de internos para traslados estábamos incluidos, en virtud de que ya se nos había dictado sentencia condenatoria, atentos a ellos y además de que en otras ocasiones en las cuales se han llevado acabo el traslado de internos a otros penales se realiza previo aviso ya sea por escrito o verbal, por parte de las autoridades del penal, es por ello que tenemos el temor de que sin que exista orden alguna y sin darnos nuestro derecho de audiencia, seamos trasladados a otro penal, acto que consideramos sin fundamento y sin motivación, además de que siempre hemos cumplido con el reglamento del Centro Preventivo donde estamos recluidos, esto al tener buen comportamiento y nuestras familias acuden a visitamos dada la cercanía de sus domicilios y para el caso de ser trasladados de a otro Centro Preventivo impediría visitas de nuestros familiares ya que dada la precaria situación económica no tendrían recursos para acudir a un lugar lejano, afectando con ello nuestro sistema de rehabilitación y reinserción social." De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado, es un acto futuro de realización incierta, respecto del cual es improcedente el juicio de amparo indirecto; cuenta habida de que el solo hecho de que les informaran, que se iban a realizar el traslado de internos a otros penales no ocasiona una afectación inminente o actual, real y directa. Por lo tanto, no se actualiza categóricamente un perjuicio en la esfera jurídica de los justiciables ante un supuesto traslado a diverso centro de reclusión. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del Derecho Fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. Sin que en el caso, se desconozca el contenido de la tesis jurisprudencial PC.II.P.J/4P, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, tomo III, visible a página 1884, toda vez que no existe duda sobre la naturaleza incierta y no inminente del acto que se reclama, ya que no se desprende indicio alguno de un acto concreto de autoridad en su contra. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentran recluidos. Por autorizadas a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita al quejoso, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sea notificada del presente acuerdo, manifieste en ese acto, si es su deseo señalar domicilio, para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común a...sin perjuicio que designen uno diverso de entre los demás. Quien por su calidad de representante común estará obligado a informar las subsecuentes notificaciones a los diversos quejosos. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."

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