Jorge Antonio Avena Ramírez
Expediente 513/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jorge Antonio Avena Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de febrero de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que negó en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de febrero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Devolución de documentales. En atención a lo razonado en párrafos que anteceden, resulta innecesario conservar el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y tres minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez, con el escrito de demanda, auto de admisión, las constancias de notificación de la totalidad de las partes y el informe justificado rendido por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en funciones de juez de control. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse del informe referido. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales y un disco compacto DVD exhibidos por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 a 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos; se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 513/2020. I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que modificaron y adecuaron al que le antecedía. El veintiocho de julio de este año, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, y determinó la reactivación en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, esto es, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Por escrito depositado el veinte de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el veinticuatro siguiente a este Juzgado de Distrito, Jorge Antonio Avena Ramírez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que se precisarán con posterioridad. Luego, el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este juzgado federal radicó la demanda bajo el expediente 513/2020 y emitió auto de desechamiento, contra el cual, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, mismo que declaró fundado en sesión celebrada el seis de octubre de dos mil veintiuno y ordenó revocar el auto recurrido. Mediante acuerdo de veintisiete de octubre siguiente, este Juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento; se emplazó a la autoridad tercera interesada -Laura Viviana Hernández Ramírez, agente del Ministerio Público de la Federación-, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. II. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado se ejecutó en el lugar donde este juzgado ejerce su jurisdicción. III. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral del escrito de demanda y, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: Auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial que tuvo verificativo el tres de junio de dos mil veinte, emitido dentro de la causa penal 153/2020. IV. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en funciones de juez de control, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; circunstancia que se acredita con las constancias anexas a éste, derivadas de la causa penal 153/2020, de su índice, así como de la copia certificada del disco compacto que contiene el audio y video de la audiencia respectiva. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2. V. Estudio de fondo. Toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte que se configure alguna, procede analizar el fondo de la controversia constitucionalmente planteada. En esa tónica, se procede al estudio del fondo del asunto, sin que ello implique la transcripción de los conceptos de violación que el quejoso hace valer en contra del acto reclamado, pues no existe disposición expresa en la ley de la materia que determine deban constar en la presente resolución. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son infundados lo que motiva negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Previo a efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso, y que fueron ponderadas por el juez responsable, ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente y aportar pruebas al respecto, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y a ofrecer datos de prueba para restar credibilidad a los ofrecidos por la contraria o para establecer una versión alternativa, así como interrogar a los testigos y peritos presentados por la contraparte. Igualmente es conveniente recordar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del numeral 115 y la fracción XIII, del apartado B del precepto 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, que cumpla con los principios del debido proceso legal, como inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y sus instituciones, hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Por lo tanto, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señalan, los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho [.]". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión [.]". La interpretación de dichos numerales permite considerar que, en el primero, se garantiza que ninguna persona puede ser privada, entre otros aspectos, de su libertad, sino mediante un juicio seguido ante los órganos jurisdiccionales establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile. En tanto que el segundo de ellos consagra la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener; entendiéndose por fundamentación la cita del o los preceptos aplicables al caso, y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Y, en el tercero, el constituyente Federal estableció el término de setenta y dos horas para que los juzgadores de instancia resuelvan la situación jurídica de los imputados, con el dictado de un auto en el que se determine la libertad del individuo o su vinculación a proceso; en la inteligencia que, de darse el último supuesto, deberá expresarse, en el auto correspondiente, el delito imputado, circunstancias de ejecución del mismo y que los datos que arroje la carpeta de investigación establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. A fin de entender la naturaleza del acto que aquí se reclama es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior -intermedia-, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictivo que se le atribuye. En el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que están tipificados como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales señalan: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad.". "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.". Así, de la interpretación armónica de los dispositivos legales en mención y del contenido del artículo 19 constitucional, es dable considerar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, existen requisitos de forma y fondo a los que hay que darles satisfacción para estar en condiciones de sostener que el actuar de una autoridad judicial que ha dictado un auto de vinculación a proceso, ha sido acorde a derecho. Los primeros son: Que exista formulación de la imputación; Que el imputado haya tenido oportunidad de rendir declaración; Que se dicte a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución; Que de la exposición del fiscal se exprese el hecho delictivo que se reprocha al imputado; y, El lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Los segundos, pueden enumerarse como: a) La existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; b) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, c) Indicar que no se materialice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Para afirmar que dichas exigencias de forma y fondo están cumplidas, el juez debe exponer los fundamentos y motivos por los que estima satisfechos dichos requisitos, así como, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al investigado. Luego, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, es obligación del juzgador precisar las razones particulares y circunstancias especiales que lo conducen a estimar que se cometió un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, evitando la anticipación de juicio sobre el delito y su autor, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, sostenida en los datos de prueba con los que dice contar y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. De esta manera, en el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito y la probabilidad de la participación del activo, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y del eventual juicio. En este aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que a la etapa de investigación debe considerarse como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio; por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso; de ahí que respecto del contenido de la carpeta de investigación debe considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 constitucional, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado "cuerpo del delito", sino que, a fin de respetar la directriz constitucional únicamente se requiere determinar que un hecho puede encuadrar en una hipótesis delictiva, definida como la identificación de la norma penal relevante y que efectivamente el hecho materia de la imputación aconteció y la probable responsabilidad del inculpado. Sobre el particular conviene citar el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En esa tesitura, el análisis del acto reclamado se debe practicar en seguimiento a esa óptica, aclarando que por hecho ilícito no debe entenderse un anticipo de la tipicidad, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto desde la lógica formal, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico procesal de los elementos del tipo, no con pruebas sino con datos). En este orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, a manera de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Precisado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación de la autoridad responsable, al dictar la resolución aquí cuestionada, toda vez que lo aducido por el quejoso, en relación a que la agente del Ministerio Público Federal tercera interesada no explicó o acreditó todos los elementos del tipo penal y que la autoridad responsable los vinculó con dichas carencias, es impreciso, toda vez que corresponde a un estándar probatorio y análisis que deberán realizarse en etapas posteriores dentro del procedimiento penal, lo que no es constitucional ni legalmente exigible en el dictado del auto de vinculación a proceso, como ya se expuso en párrafos precedentes. Para sustentar lo anterior, es preciso señalar que del contenido del disco compacto relativo a la videograbación de la audiencia celebrada el treinta de mayo de dos mil veinte, así como su continuación de tres de junio siguiente, en la carpeta judicial 153/2020, del índice de la autoridad responsable, se obtiene, en lo que interesa, que en las referidas datas se llevaron a cabo audiencias públicas, en las que se identificaron la fiscalía, el defensor particular y los imputados -el quejoso y su coindiciado-, entre otros. En la primer audiencia, el juez responsable preguntó entre otro al aquí quejoso si le habían sido explicados sus derechos, a lo que contestaron que sí y, designaron como su patrocinador jurídico al profesionista señalado. Posteriormente, el juez penal preguntó a la defensa si habían tenido acceso oportuno a la carpeta de investigación, quienes afirmaron que sí. a) Formulación de imputación. Enseguida, el juez otorgó a la representación social el uso de la voz, quien manifestó a los inculpados los hechos por los cuales se les estaba integrando una investigación. En primer término, dicha representante social les imputó que aproximadamente a las dos horas con treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de dos mil veinte, José Fernando Ayala Retamoza y Jorge Antonio Avena Ramírez - aquí quejoso-, transportaron, es decir, movilizaron de un punto geográfico a otro, en el caso desde el Ejido 16 de Septiembre, perteneciente al municipio de Altar, Sonora, hasta el punto de su detención, ubicado en las inmediaciones de la Carretera Federal 2410, kilómetro 39+600, carretera Santa Ana-Altar, una bolsa de plástico de color negro que en su interior traía diez bolsas de plástico transparente conteniendo en conjunto 10,000 pastillas de color azul, con la leyenda M, por un lado, y por el otro, el número 30, con la sustancia activa fentanil, la cual se encontraba en la parte media del asiento trasero del vehículo en el que viajaban, tipo vagoneta, marca Saturn, línea Vue, color amarillo, vidrios polarizados, con placas de circulación WFP4769, del Estado de Sonora, con la leyenda Servi-Taxi, y número económico P01-467. Conducta que realizaron sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad sanitaria y poniendo en peligro el bien jurídico tutelado por la norma que es la salud pública. Dichos hechos fueron catalogados por la fiscalía de manera preliminar como delito contra la salud, en la modalidad de transporte del estupefaciente denominado fentanil, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafos primero y segundo, ambos del Código Penal Federal. Posteriormente, el juez de la causa le dio el uso de la voz a la defensa quien se reservó su derecho a realizar manifestaciones; además, les preguntó a los imputados si habían comprendido los hechos narrados por la fiscal cuyas respuestas fueron afirmativas. Asimismo, les hizo del conocimiento que tenían el derecho a declarar sobre la imputación que se les hacía, pero que tales manifestaciones podían ser utilizadas en su contra; luego, después de consultarlo con su defensa, el quejoso manifestó que su deseo era ejercer tal derecho. Ocurrido lo anterior, el aquí quejoso y coinculpado manifestaron su deseo de que su situación jurídica se resolviera en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas; por ende, el juez fijó las once horas del tres de junio de dos mil veinte para resolverla. b) Vinculación a proceso. El tres de junio de dos mil veinte, el juez declaró abierta la continuación de la audiencia inicial, y en primer término, preguntó a la defensa si tenía pruebas por desahogar, quien respondió que sí, ofreciendo la declaración de Nubia Gizet Salazar Morales, Blanca Eunice López Campillo, Jorge Alberto Zárate Pérez e Irma Berenice Rivera Cuevas. Así, se realizaron las declaraciones correspondientes. Luego, la autoridad responsable le preguntó a las partes y a los imputados si tenían otra cuestión que agregar, la defensa y el fiscal realizaron manifestaciones al respecto, además, se reiteró la solicitud de vinculación a proceso. En ese sentido, el juez penal argumentó, que ponderando los diferentes datos de prueba aportados por el Ministerio Público, estimó que era procedente vincular al aquí quejoso - junto con su coimputado-, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional Procesal de la materia, que señalan las premisas para el dictado de una vinculación a proceso, las cuales son que 1) se haya formulado imputación, aspecto que quedó colmado, pues así lo pidió la representación social en la audiencia anterior; 2) que se haya otorgado a los imputados la oportunidad de declarar, lo que también aconteció; y 3) que de los antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público, se desprendan datos de prueba donde se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que además, exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, lo cual ha quedado satisfecho. De tal manera que se establecieron los hechos con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de transporte del estupefaciente denominado fentanil, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafos primero y segundo, ambos del Código Penal Federal. De tal manera que, afirmó el juez penal, dicho tribunal estimaba que se actualizaba la fracción III, del artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los antecedentes y las declaraciones de los imputados fueron valorados a través de la sana crítica, sentido común, de forma libre y lógico, en términos de los artículos 259 y 265, del citado código. Asimismo, aseguró que no se colmaba la fracción IV del artículo 316 antes referido, pues consideró que no estaba demostrada en favor del quejoso alguna causa de exclusión de culpabilidad de las previstas en el artículo 15 fracciones VIl, VIII, incisos, a) y b), y IX del Código Penal Federal, pues el encausado es imputable, con capacidad de discernimiento, no se encontraban bajo un error invencible, respecto de la licitud de tal comportamiento, además de que le resultaba exigible una conducta distinta a la analizada, por el contrario, acorde a la mecánica de su detención, sabían lo que hacían y por ende le era reprochable la misma. Por su parte, desvirtuó, las declaraciones de los imputados a través de su defensor particular. Finalmente, el juez responsable dijo que por esas razones se encontró establecida la probable participación de los imputados, y por ende, les dictó auto de vinculación a proceso, por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte del estupefaciente denominado fentanil, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafos primero y segundo, ambos del Código Penal Federal. c) Plazo de cierre para concluir la investigación. A petición de la fiscalía, el juez responsable concedió el plazo de dos meses para la conclusión de la investigación. Asentado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación de la responsable, al dictar las determinaciones aquí combatidas. Ello es así, toda vez que se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se evidencia de la videograbación, el juez responsable verificó que el aquí quejoso conociera sus derechos; se les formuló imputación, en la que la fiscalía les hizo saber que les seguía una investigación por hechos constitutivos del delito contra la salud, en la modalidad de transporte del estupefaciente denominado fentanil. Posterior a ello, el quejoso y su coimputado tuvieron oportunidad de rendir declaración en la audiencia inicial, quienes lo ejercieron; además, el tres de junio de dos mil veinte se les dictó auto de vinculación a proceso, dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, pues así lo solicitaron, asimismo, se desahogaron las pruebas que aportaron -declaraciones-. Por ende, no existe transgresión a las garantías consagradas en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, pues quedaron satisfechas todas las fases previas al dictado del acto que se analiza. En ese contexto, es claro que se dio cabal satisfacción a los requisitos de forma exigidos por la ley para el dictado de la resolución como la que aquí se examina. Luego, a efecto de analizar si se cumplen los requisitos de fondo del auto de vinculación a proceso, es dable destacar que se les atribuye la probable participación en hechos considerados como delito contra la salud, en la modalidad de transporte del estupefaciente denominado fentanil, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafos primero y segundo, ambos del Código Penal Federal. En primer término, es menester señalar que de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía, se desprende, como lo señaló el juez de control, la existencia de datos de prueba que establecen que se cometieron hechos con los antecedentes detallados a lo largo de la audiencia de control de detención y audiencia inicial. Determinación que, como se adelantó, se ajusta a los parámetros de constitucionalidad. Así, los datos de prueba aportados por el Ministerio Público contienen información suficiente que permite concluir con el criterio plasmado por el juez responsable, al determinar vincular a proceso al quejoso, que no es contrario a sus derechos fundamentales. Por todo lo anterior, se estima constitucionalmente correcta la determinación de vincular a proceso al aquí quejoso, pues existen datos que establecen que se cometieron hechos señalados como delito por la ley. Criterio que es similar al sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la tesis de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente.". Con base en lo expuesto, se concluye que el Ministerio Público cumplió con la carga que le impone el artículo 21 Constitucional, pues esa obligación resguarda el principio de presunción de inocencia, que consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, debe ser considerada como inocente en tanto no existan pruebas suficientes que destruyan esa presunción. Argumento que es congruente con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 25/2014, que señala: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado.". En tal virtud, la determinación tomada por la autoridad responsable no vulnera el principio de presunción de inocencia en perjuicio del quejoso; es así, porque el principio universal de presunción de inocencia del que todo imputado goza, consiste en ser tratado como inocente hasta en tanto su culpabilidad no haya sido probada y declarada mediante una sentencia definitiva, con independencia de las sospechas o los cargos que sobre él recaigan. Asimismo, implica que la autoridad judicial, al emitir el auto de vinculación a proceso únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia del derecho humano de defensa adecuada, permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En este sentido, antes del dictado de la sentencia el imputado debe considerarse inocente; por tanto, el auto de vinculación a proceso, en lo que se refiere a la acreditación de hechos probablemente constitutivos del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al imputado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los datos de prueba tomados en consideración al momento de determinar la vinculación a proceso. VI. Decisión. Al ser infundados los conceptos de violación, y al no advertirse deficiencia en la queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Jorge Antonio Avena Ramírez, respecto de los actos reclamados al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en funciones de juez de control, con sede en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia , pues el mismos tal como lo señaló el juzgador responsable, se ajustó al marco constitucional y legal. Por lo expuesto y fundado, se: VII. Resuelve. Único. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a Jorge Antonio Avena Ramírez, en contra de los actos reclamados y autoridad responsable señalada en los apartados III y IV de esta sentencia, por las razones expuestas en el capítulo V y VI de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Diferimiento de la audiencia constitucional. Del estado de los autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia señalada para esta fecha, en virtud de que no han mediado por lo menos ocho días entre la fecha en que se emplazó a juicio a la autoridad ministerial tercera interesada y la celebración de la audiencia en comento. Al respecto es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Tomo XXI, marzo de 2005, página 1119, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, misma que es del texto y rubro siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." En consecuencia, a fin de dar margen a que se cumpla lo anterior se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con treinta y tres minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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