Jorge Antonio Álvarez Bucio
Expediente 735/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2017
Partes del expediente
- Jorge Antonio Álvarez Bucio
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se desechó el juicio de amparo en que se actúa, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Jorge Antonio Álvarez Bucio, desahoga el requerimiento formulado en proveído de diez del mes y año en curso; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente "1.- LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN LA CUAL ME FUE NOTIFICADA POR LISTA CON FECHA DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESICIETE (sic), Y QUE A LA LETRA DICE: DOS MI DIECISIETE, DO (sic) CUENTA A LA CIUDADANA JUEZ, CON LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1025/2013 PARA DICTAR EL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO POR JORGE ANTONIO ÁLVAREZ BUCIO EN CONTRA DEL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CONSTE. CHOLULA, PUEBLA A TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. VISTOS LOS AUTOS PARA DICTAR RESOLUCIÓN RESPECTO DEL PRESENTE RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS LO QUE HACE DE LA SIGUIENTE MANERA: ADUCE EL DISCONFORME QUE LE CAUSA AGRAVIO LA RESOLUCIÓN SEÑALADA, TODA VEZ QUE EN LA MISMA FUE DESECHADA IGUALMENTE SU PETICIÓN PARA MEJOR PROVEER FORMULÓ EN EL SENTIDO QUE AL NO OBRAR EN EL PRESENTE JUICIO LA FICHA DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE REALZO (SIC) EL INFONAVIT CON MOTIVO DEL PAGO DEL CRÉDITO NÚMERO 2109137698, SE REQUIERA A DICHO INSTITUTO QUE EXHIBIERA ANTE ESTA AUTORIAD (SIC) LA FICHA DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ADEMÁS DE REQUERIR A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SCOTIABANK INVERLAT SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PARA QUE MANIFETARA (SIC) A SU VEZ, TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS DE LA CUENTA RELACIONADA. CON LA CLAVE INTERBANCARIA 044650036078872802, TALES COMO LA FECHA EN QUE FUE APERTURADA, A QUE PERSONA PERTENECE DICHA CUENTA Y SU RECIBIÓ DEPOSITO DEL INFONAVIT, EN ESPECÍFICO EL REFERENTE A LA ESCRITURA DE FECHA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE, EMPERO TAL ESCRITO FUE DESECHADO NO ÓBSTATE (SIC) QUE SE EXHIBIÓ DE MANERA PREVIA A LA AUDIENCIA Y CUANDO AUN NO SE DECLARABA VISTO EL ASUNTO. LOS AGRAVIOS SON INOPERANTES POR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: EN EFECTO EL AUTO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DO (SIC) MIL DIECISÉIS, SE ADVIERTE QUE ESTA AUTORIDAD REFIRIÓ QUE NO HABÍA LUGAR A ACORDAR LO SOLICITADO POR EL HOY DISCONFORME TODA VEZ QUE SU PETICIÓN RESULTABA EXTEMPORÁNEA YA QUE DEBIÓ OFRECERLA EN SU ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA COMO PRUEBA DOCUMENTAL FUNDÁNDOSE DICHO AUTO EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 80, 89, 226 Y 269 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO. EMPERO SI BIEN EL RECURRENTE SE DUELE DE TAL DETERMINACIÓN, NO MENOS CIERTO ES QUE OMITE COMBATIR EL RAZONAMIENTO TORAL DE LA DESESTIMACIÓN , A TRAVÉS DE LOS ARGUMENTOS LÓGICO JURÍDICOS, TENDIENTES A ATACAR A RESOLUCIÓN JUDICIAL, ES DECIR QUE NO OBSTANTE ADUZCA QUE EL AUTO FUE EMITIDO SIN FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN, LO CIERTO ES QUIEN ESTO ESCRIBE SI SEÑALO LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES Y LA MOTIVACIÓN PARA DESECHAR EL PEDIMENTO LO FUE EN ESPECÍFICO QUE LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SOLICITABA DEBIÓ OFRECERLA EN SU ESCRITO DE CON ATESTACIÓN (SIC). QRGUENO QE (SIC) DE NINGUNA MANERA ES COMBATIDO EXPRESAMENTE POR EL RECURRENTE, NO OBSTANTE ESTAR OBLIGADO A ELLO, Y EN ESA MEDIDA ATENDIENDO ALGO QUE L (SIC) JURISDICCIÓN DE ESTA JUEZ SE PROPORCIONA EN LA MEDIDA DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, AL NO EXTERNARSE ESTO CLARAMENTE ES POR LO QUE DEBERÁN DECLARARSE INOPERANTES IMPIDIÉNDOSE EL ESTUDIO DEL AUTO COMBATIDO DEBIENDO PREVALECER EL MISMO EN SUS TÉRMINOS, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO ES DE RESOLVERSE Y SE RESUELVE ÚNICO: SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS." Esto es, Jorge Antonio Álvarez Bucio, se duele esencialmente de la interlocutoria dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en el expediente 1025/2013, en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el que desechó la prueba documental ofrecida por su parte. Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que Jorge Antonio Álvarez Bucio, reclama la interlocutoria dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en el expediente 1025/2013, en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el que desechó la prueba documental ofrecida por su parte. Sin embargo, la determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, la interlocutoria dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en el expediente 1025/2013, en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el que desechó la prueba documental ofrecida por Jorge Antonio Álvarez Bucio, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la interlocutoria dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en el expediente 1025/2013, en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el que desechó la prueba documental ofrecida por su parte, misma que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de garantías es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nadya Domínguez Andrade, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual informa que mediante proveído de once de abril del año en curso, dictado en el toca R.A.-167/2017, dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio. NOTIFÍQUESE.
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