Jorge Anselmo Arjona Inda

Expediente 1412/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1412/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Jorge Anselmo Arjona Inda
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el tres de agosto de dos mil veinte (fojas 143 y 144), el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de agosto de la presente anualidad (fojas 148 a 151), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 44 a 61), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.]1. Los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, así como los arábigos 23 fracción IV y 24 fracción IV, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo de alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit y la Multa, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por el quejoso, determinadas en el recibo de pago exhibido por el agraviado previstas en los arábigos 23 fracción IV y 24, fracción IV de la ley de ingresos del Estado de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, y multa por pago extemporáneo, declaradas inconstitucionales. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 respecto de los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación con el pago que efectuó el impetrante de garantías. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que el quejoso sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el veintidós de enero de dos mil veinte (fojas 114), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante la cual confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a la parte quejosa; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la misma. En ese sentido, el tres de agosto de dos mil veinte (fojas 143 y 144), el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el tres de abril del mencionado año, se había efectuado la transferencia bancaria a favor de la mencionada parte justiciable y de la que se advierte que devolvió la cantidad de $37,070.89 (treinta y siete mil setenta pesos 89/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $35,954.00 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el seis de junio de dos mil diecinueve y el tres de abril del año que transcurre, se realizó la transferencia al multicitado quejoso. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de mayo del año próximo pasado al mes de marzo de esta anualidad. Lo anterior es así, toda vez que la transferencia bancaria a favor de la promovente de amparo aconteció hasta el tres de abril del año en curso. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de marzo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo del año próximo pasado fue de 103.233; y para el mes de marzo de este año de 106.838. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.034921003942538. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $35,954.00 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $37,209.54 (treinta y siete mil doscientos nueve pesos 54/100 moneda nacional); se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1,255.54 (un mil doscientos cincuenta y cinco pesos 54/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $37,070.89 (treinta y siete mil setenta pesos 89/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $37,209.54 (treinta y siete mil doscientos nueve pesos 54/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $37,070.89 (treinta y siete mil setenta pesos 89/100 moneda nacional), es decir, tiene un faltante de $138.65 (ciento treinta y ocho pesos 65/100 moneda nacional), pero el mismo no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable, así como los que efectúe la parte agraviada, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el tres de agosto de dos mil veinte (fojas 143 y 144), el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de agosto de la presente anualidad (fojas 148 a 151), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 44 a 61), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.]1. Los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, así como los arábigos 23 fracción IV y 24 fracción IV, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo de alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit y la Multa, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por el quejoso, determinadas en el recibo de pago exhibido por el agraviado previstas en los arábigos 23 fracción IV y 24, fracción IV de la ley de ingresos del Estado de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, y multa por pago extemporáneo, declaradas inconstitucionales. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 respecto de los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación con el pago que efectuó el impetrante de garantías. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que el quejoso sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el veintidós de enero de dos mil veinte (fojas 114), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante la cual confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a la parte quejosa; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la misma. En ese sentido, el tres de agosto de dos mil veinte (fojas 143 y 144), el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el tres de abril del mencionado año, se había efectuado la transferencia bancaria a favor de la mencionada parte justiciable y de la que se advierte que devolvió la cantidad de $37,070.89 (treinta y siete mil setenta pesos 89/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $35,954.00 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el seis de junio de dos mil diecinueve y el tres de abril del año que transcurre, se realizó la transferencia al multicitado quejoso. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de mayo del año próximo pasado al mes de marzo de esta anualidad. Lo anterior es así, toda vez que la transferencia bancaria a favor de la promovente de amparo aconteció hasta el tres de abril del año en curso. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de marzo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo del año próximo pasado fue de 103.233; y para el mes de marzo de este año de 106.838. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.034921003942538. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $35,954.00 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $37,209.54 (treinta y siete mil doscientos nueve pesos 54/100 moneda nacional); se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1,255.54 (un mil doscientos cincuenta y cinco pesos 54/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $37,070.89 (treinta y siete mil setenta pesos 89/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $37,209.54 (treinta y siete mil doscientos nueve pesos 54/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $37,070.89 (treinta y siete mil setenta pesos 89/100 moneda nacional), es decir, tiene un faltante de $138.65 (ciento treinta y ocho pesos 65/100 moneda nacional), pero el mismo no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable, así como los que efectúe la parte agraviada, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica que dicho Tribunal, admitió el recurso de revisión interpuesto por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por conducto del Director Jurídico Contencioso dependiente de la Dirección General Jurídica de dicha Secretaría, en contra de la sentencia emitida en autos, mismo que quedó registrado con el número 642/2019, de su estadística; entonces, agréguese a los presentes autos para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Delegado del Síndico y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por medio del cual, en atención al fallo protector concedido en el presente juicio, solicita se requiera a la parte quejosa, por conducto de su representante legal, a fin de que se presente en las oficinas de la Dirección Jurídica Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de que le sea devuelta la cantidad correspondiente y así estar en condiciones de dar total cumplimiento a la ejecutoria de autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el comunicado de mérito, para los efectos legales correspondientes. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar; en la inteligencia de que no se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito, sino únicamente en vías de cumplimiento en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a la disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, las responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, deberán restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a) Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b) Poner a su disposición el numerario a entregar y c) Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al síndico y tesorero del ayuntamiento responsable, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido en autos y acrediten haber realizado la devolución correspondiente; o en su caso, haber puesto a disposición de la parte quejosa la devolución correspondiente y las constancias con las que comprueben que notificaron lo anterior a dicha parte, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento de multa decretado en proveído de veinticuatro de junio de este año (foja 175). No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga y, en su caso, si compareció ante dichas responsables.

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