Jorge Ángel Castillo Castellanos

Expediente 1409/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1409/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Ángel Castillo Castellanos
  • Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca.
  • Noemí Ayala Canseco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo anterior, carece de objeto que continúe en resguardo el tomo de pruebas que remitió la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo; por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1409/2022, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario se advierte que ante el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se tramita el juicio de controversias del orden familiar 381/2021, promovido por Noemí Ayala Canseco, por propio derecho y en representación de la menor ******************** En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se ordenó emplazar al demandado ********************y se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la menor, el veinticinco por ciento del suelto y demás prestaciones que percibe el nombrado. El cuatro de abril de dos mil veintidós, se emplazó al demandado. En proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al demandado contestando la demanda entablada en su contra, en tiempo y forma; se le indicó que resultaba improcedente tenerle reconviniendo la investigación de su paternidad, ya que para lograr el desconocimiento de la menor involucrada, la vía correcta lo era la ordinaria; y, se proveyó respecto de las pruebas que ofreció. En proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, atendiendo a lo peticionado por el demandado, en el sentido que le sea admitida la reconvención respecto al desconocimiento de paternidad de la menor ********************, se le reiteró que si bien la vía para la tramitación de la contienda sobre la investigación de paternidad es la de controversias del orden familiar, también lo es que el desconocimiento o contradicción de la paternidad, al no estar prevista en el Título Séptimo, de los Juicios Sumarios y Vías de Apremio, ni en el Título Décimo Séptimo, de las controversias del orden familiar, del código procesal civil, éste debía diligenciarse en la vía ordinaria civil, por prevención expresa del artículo 256. Por otra parte, en el mismo acuerdo se le indicó que no se acordaba favorable la solicitud que planteaba en el sentido que la progenitora de la menor rindiera cuentas de la pensión alimenticia provisional que le fue otorgada en el sumario; ello en razón de que el código procesal no prevé dicha figura, fundamentando su actuar con el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Luego, en la audiencia de pruebas y alegatos de veinticuatro de noviembre de la anualidad pasada, se desahogaron las pruebas que se le admitieron a las partes y se acordaron dos escritos del aquí quejoso, en los términos siguientes: Se le indicó que no ha lugar a proveer de conformidad su petición de tenerle por ofrecidas las pruebas que relacionó en el escrito que se proveyó, ya que no lo hizo en el momento procesal oportuno, siendo este la contestación de demanda, aunado a que no ofreció los medios de convicción como supervenientes. De igual forma, no se acordó favorable su petición respecto a la administración de la pensión alimenticia provisional concedida a la menor ********************, en la que solicitó la rendición de cuentas; ello porque el porcentaje establecido no alcanza a cubrir el cien por ciento de las necesidades de la menor y porque, reiteró el Juez responsable, la legislación no prevé esa figura, tratándose de alimentos, con fundamento en el artículo 53 del multicitado código procesal. Respecto de su solicitud para que le sea admitida la reconvención del desconocimiento de paternidad de la multicitada menor de edad, la autoridad responsable reiteró que la vía para la tramitación de la contienda sobre la investigación de paternidad es la de controversias del orden familiar, también lo es que el desconocimiento o contradicción de la paternidad, al no estar prevista en el Título Séptimo, de los Juicios Sumarios y Vías de Apremio, ni en el Título Décimo Séptimo, de las controversias del orden familiar, del código procesal civil, éste debía diligenciarse en la vía ordinaria civil, por prevención expresa del artículo 256, dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente. Resolución que constituye el acto reclamado TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, por propio derecho, presentó un escrito el quince de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 2°, 4°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la cual se registró bajo el consecutivo 1409/2022 y en auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se previno a la quejosa para que aclarara el escrito inicial. Una vez desahogada la prevención ordenada, en proveído de cuatro de enero del presente año, se admitió a trámite la demanda; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de trece de enero de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, mismo que se llevó a cabo el veintitrés posterior. Por acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso, se tuvo por apersonada a la tercero interesada. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y el escrito de desahogo de prevención, permiten sostener que la quejosa reclama de la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente: La audiencia de pruebas y alegatos, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente 381/2021, del índice de la responsable, específicamente: No admitir las pruebas que ofreció en dicha audiencia, por no ser el momento procesal oportuno. No proveer de conformidad la rendición de cuentas que solicitó respecto de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la menor ******************** No admitir la reconvención respecto del desconocimiento de paternidad de la nombrada menor, porque ésta debe diligenciarse en la vía ordinaria civil. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del procedimiento de origen. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Jurisprudencia número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con las copias certificadas del juicio familiar 381/2021 de su índice, que acompañó a su informe de ley la juez responsable, la cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia del acto combatido. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO a) En el caso, de oficio, respecto del acto reclamado consistente en que no se admitieran las pruebas ofrecidas por el quejoso en la audiencia de pruebas y alegatos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio familiar de origen, se estima que éste solo constituye una violación de carácter adjetivo, formal o intraprocesal que no es de carácter irreparable, para poder ser procedente el amparo indirecto ni tampoco afecta derechos subjetivos del quejoso. Conforme a lo anterior, se arriba al conocimiento que los actos reclamados encuadran en la fracción XII, del artículo 172 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del citado numeral, pues se trata de temas vinculados con el ofrecimiento, admisión o desechamiento de pruebas, que en su caso, sólo afecta derechos adjetivos, que por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado de la resolución que llegue a dictar el Tribunal responsable, como tampoco se estima que sea de carácter irreparable en este momento del juicio, como tampoco afecta un derecho subjetivo del quejoso, pues esa circunstancia dependerá del sentido favorable o desfavorable en que se dicte la misma. En el primer supuesto, puede ser remediada, si tal resolución es favorable a los intereses del promovente; de lo contrario, para el caso de que la resolución del mismo le sea desfavorable, se está en posibilidad de invocarla como violación procesal en el juicio de amparo directo, que en su momento promueva en su contra, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De ahí, que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparacio´n, entendie´ndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Por su parte, los artículos 172, fracciones III y XII, y 174, primer párrafo, del ordenamiento de la materia, disponen: "Arti´culo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerara´n violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) XII. Se trate de casos ana´logos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los o´rganos jurisdiccionales de amparo." Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página trece de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Resulta aplicable la tesis número LVII/2004, localizable en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Entonces, por las razones antes expuestas, es que resulta improcedente analizar el acto reclamado consistente en el desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso en la audiencia de pruebas y alegatos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Motivo por el cual opera la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo; motivo por el cual procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN LOS INCISOS b) Y c) Ahora bien, respecto de los actos reclamados en los incisos b) y c) del apartado relativo, en los que en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Juez responsable no acordó favorable lo peticionado por el quejoso, en el sentido que no admitió la rendición de cuentas respecto de la pensión alimenticia provisional y no admitió la reconvención respecto del desconocimiento de paternidad, se advierte que dichos actos derivan de otros consentidos. El numeral 61, fracción XXIII, de la misma ley dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Asimismo, el artículo 217 de la ley de la materia establece: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Conforme a la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Norma Fundamental o de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. Ahora, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que son una consecuencia de otros que la ley estima consentidos. Los criterios jurisprudenciales a que se hace referencia, son de rubros "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA", "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." e "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVE, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN.". De igual modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el amparo que se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente deben estimarse improcedentes, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos. El anterior razonamiento encuentra sustento en la tesis aislada de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS." De lo expuesto se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato un diverso acto que ha sido consentido por la parte quejosa; es decir, para que opere la causa de improcedencia en estudio se requieren dos supuestos: a) Un acto previo en contra del cual el quejoso no promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que ese acto haya sido consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y b) Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero. Dentro de ese contexto, el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado y que tengan relación con éste para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. Al respecto, es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA." En este tenor, en el caso concreto, el quejoso se duele que al emitir la audiencia de pruebas y alegatos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Juez responsable vulneró las formalidades esenciales del procedimiento y lo dejó en estado de indefensión al no admitir la rendición de cuentas que solicitó respecto de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la menor ********************, así como que no se admitió la reconvención respecto del desconocimiento de paternidad de la nombrada infante. Sin embargo, la invocada causal de improcedencia se actualiza porque no es la primera vez que el quejoso -demandado en el juicio natural- acude a solicitar que se admita la reconvención y la rendición de cuentas, en los términos planteados. Así, existe el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual se tuvo a ********************contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, donde se le indicó que resultaba improcedente la reconvención que pretendía, respecto al desconocimiento de paternidad de la menor involucrada. Acuerdo que se notificó al demandado el tres de junio posterior y respecto del cual no promovió algún recurso para impugnarlo. Luego, en proveído de ocho de noviembre de la anualidad pasada, se acordaron dos escritos del quejoso; en uno de ellos, reiteró se admitiera la reconvención respecto al desconocimiento de paternidad de la menor ********************, en el diverso, solicitó la rendición de cuentas respecto de la administración de la pensión alimenticia de la nombrada menor. En ese proveído, se reiteró al demandado que no ha lugar a admitirla reconvención que planteaba, en razón de que el desconocimiento de paternidad debía diligenciarse en la vía ordinaria civil, por prevención expresa del numeral 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Ello porque de promoverse la acción de desconocimiento de paternidad, la finalidad es la desintegración de la familia formada por los involucrados y como consecuencia, la desprotección de la infante, ya que de proceder la acción se privaría a la menor de su derecho a recibir alimentos, lo que no es una medida urgente, característica del procedimiento familiar; haciendo énfasis la autoridad responsable que no puede revocar sus propias determinaciones sin que medie recurso alguno y como se encontraba firme el auto de veintisiete de mayo de la anualidad pasada, donde también pidió se admitiera la reconvención y de igual forma no se acordó favorable, debía estarse a lo ordenado en ese proveído. También, en el mencionado proveído se indicó al demandado que no ha lugar a admitir la rendición de cuentas de la administración de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de su hija ********************, porque la legislación no prevé la rendición de cuentas tratándose de alimentos y porque el porcentaje establecido de pensión alimenticia provisional no alcanza para cubrir las necesidades de la menor al cien por ciento, siendo la progenitora quien cubre el resto de las necesidades de ésta. De las constancias que hasta el momento se han relacionado, no existe promoción alguna del quejoso en la que se haya inconformado con lo acordado por la Juez de origen. Ahora bien, en la audiencia de pruebas y alegatos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, nuevamente el aquí quejoso solicitó la rendición de cuentas de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de su menor hija, reiterando la Juez responsable que la legislación no prevé la rendición de cuentas tratándose de alimentos y porque el porcentaje establecido de pensión alimenticia provisional (veinticinco por ciento) no alcanza para cubrir las necesidades de la menor al cien por ciento, siendo la progenitora quien cubre el resto de las necesidades de ésta. De igual manera, el demandado volvió a solicitar que se admitiera la reconvención respecto del desconocimiento de paternidad de la menor involucrada en la controversia familiar de origen y la Juez responsable reiteró que el desconocimiento de paternidad debía diligenciarse en la vía ordinaria civil, por prevención expresa del numeral 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; porque de promoverse la acción de desconocimiento de paternidad, la finalidad es la desintegración de la familia formada por los involucrados y como consecuencia, la desprotección de la infante, ya que de proceder la acción se privaría a la menor de su derecho a recibir alimentos, lo que no es una medida urgente, característica del procedimiento familiar. Es por lo expuesto que, en la audiencia de pruebas y alegatos reclamada, no era la primera vez que el aquí quejoso acudía ante la Juez Familiar a solicitar que se admitiera la reconvención y la rendición de cuentas en la forma y términos que los planteó, por lo que no era la primera vez que no se acordaban favorables sus peticiones. De ahí que si el quejoso no controvirtió los proveídos en los que, por primera vez, la Juez responsable no proveyó favorable sus peticiones, es claro que la audiencia de pruebas y alegatos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la que se reiteró que no ha lugar a admitir sus solicitudes, derivan y son consecuencia directa de los acuerdos de veintisiete de mayo y ocho de noviembre de la anualidad pasada, en los que ya se le habían indicado los motivos y fundamentos por los que no era viable atender sus peticiones en los términos propuestos; mismos que no fueron controvertidos por el peticionario del amparo y continúan firmes. En las relacionadas consideraciones y al tenor de lo expuesto, procede sobreseer en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 217 de la misma ley, al tratarse los actos reclamados precisados en los incisos b) y c) del apartado relativo, derivados de otros consentidos. Dada la conclusión alcanzada, es innecesario abordar el examen de los argumentos que se esgrimen en los conceptos de violación expresados por la parte agraviada, tal como lo establece la Jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74 y 217 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por propio derecho, contra los actos reclamados a la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado que antecede. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual Julio Jiménez García, autorizado del quejoso Jorge Ángel Castillo Castellanos, solicita que se le tenga por revocado nombramiento de autorizados en autos, así como del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en razón de que ha terminado su relación profesional contractual con el aquí quejoso, y proporciona el domicilio particular del quejoso, a fin de hacerlo de su conocimiento. Atento a lo anterior, téngase por revocados a los autorizados y domicilio señalados con anterioridad en este juicio de amparo indirecto. Hágase lo anterior del conocimiento del quejoso Jorge Ángel Castillo Castellanos, en el domicilio ubicado en Carretera a Puerto Ángel kilómetro 13.5 Sección cuarta, San Bartolo Coyotepec en el Estado de Oaxaca, y requiérasele para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, señale domicilio para recibir notificaciones en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; con apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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