JORGE ANDRÉS MURILLO ÁVILA y Otros.

Expediente 764/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
764/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Andrés de la Rosa Peláez, Juez de Control Y Enjuiciamiento Penal del Estado, Con Jurisdicción Y Competencia En el Distrito Judicial de Tabares
  • ANDRÉS HERNÁNDEZ GALEANA y Otros.
  • JORGE ANDRÉS MURILLO ÁVILA y Otros.
  • Jorge Andrés Murillo Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió documental en el presente juicio; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, se advierte que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación anexó una grabación de la audiencia celebrada en la carpeta judicial C-27/2018, por tanto, devuélvase a la referida autoridad la documental mencionada dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este órgano jurisdiccional. Sin necesidad de solicitar el acuse de recibo.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARTHA ROCÍO CARACHURE BUSTOS, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 764/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Jorge Andrés Murillo Ávila, por propio derecho y en su carácter de apoderado legal de Andrés Hernández Galeana, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares. 2. Del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 1 de la Agencia Especializada en Despojo del Distrito Judicial de Tabares. Con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS 1. Del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad: La resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitido dentro del cuadernillo sin antecedentes 27/2018, dictada en la carpeta de investigación 12030280100113311017, que confirma la determinación del no ejercicio de la acción penal de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. 2. Del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 1 de la Agencia Especializada en Despojo del Distrito Judicial de Tabares: La propuesta de no ejercicio de la acción penal de veinticuatro de julio del dos mil dieciocho, emitida en la referida carpeta de investigación iniciada por los hechos que la ley señala como el delito de despojo atribuidos a Carlos Fabián Sánchez Díaz y Martha Roció Carachure Bustos, en agravio de Andrés Hernández Galeana. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de juicio 764/2018; se desechó la misma respecto de los actos reclamados por Jorge Andrés Murillo Ávila, por su propio derecho y de aquél identificado con el número 2 del resultando que antecede y se admitió por lo que hace al referido en el punto 1, reclamado por este último; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el objeto de estudio en este asunto, lo constituye la resolución veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el cuadernillo sin antecedentes 27/2018, derivado a la carpeta de investigación 12030280100113311017, que declaró improcedente el recurso innominado promovido por el quejoso en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal dictada el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 1 de la Agencia Especializada en Despojo del Distrito Judicial de Tabares TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por así haberlo precisado al rendir su informe justificado; manifestación que se toma en sus términos por así corroborarse de las copias certificadas de la carpeta de investigación 12030280100113311017 y del DVD que contiene los registros del audio y video de la audiencia de control judicial de actos de investigación del ministerio público, de veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, remitidas por la citada responsable como justificación a su informe y como complemento de éste. A esas actuaciones dada su naturaleza, se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y de las que se advierte que determinación reclamada CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Antes, es preciso citar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado: 1. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se emitió la determinación de no ejercicio de acción penal, con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. SE DECRETA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 12030280100113311017, INICIADA POR EL HECHO QUE LA LEY ESTABLECE COMO EL DELITO DE DESPOJO, COMETIDO EN AGRAVIO DE ANDRÉS HERNÁNDEZ GALEANA, Y CONTRA DE CARLOS SÁNCHEZ DÍAZ. SEGUNDO. EN TÉRMINOS DEL APARTADO II DEL CONSIDERANDO SEGUNDO, NOTIFÍQUESE A LA VÍCTIMA ANDRÉS HERNÁNDEZ GALEANA POR MEDIO DE SU APODERADO LEGAL JORGE ANDRÉS MURILLO ÁVILA O/Y AL ASESOR JURÍDICO, EL LICENCIADO JORGE ANDRÉS MURILLO ÁVILA, RESPECTO AL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CARPETA DE INVESTIGACIÓN, HACIÉNDOLES SABER, QUE CUENTA CON UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, PARA QUE MANIFIESTE FORMALMENTE, LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, GIRÁNDOSE PARA TAL EFECTO LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. TERCERO. REMÍTANSE TODOS LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN, AL DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA SU CONSULTA, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ARCHIVO DEFINITIVO, CON SEDE OFICIAL EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA, LA SUSCRITA AGENTE AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN UNO, CON LA AUTORIZACIÓN DEL AGENTE TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ESPECIALIZADO EN DESPOJOS DEL DISTRITO JUDICIAL EN TABARES." 2. El trece de agosto de dos mil dieciocho, se programó las once horas del veintisiete de ese mes, para la celebración de la audiencia de control de actos de investigación del ministerio público ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Acapulco, solicitada por la parte quejosa en escrito presentado el diez de agosto pasado al inconformarse con la determinación aludida en el punto anterior. 3. Llegada la fecha, tuvo verificativo la referida audiencia, la cual se desarrolló al tenor del acta que obra a foja ochenta y dos de autos, de la cual se aprecia que, una vez que el juez responsable escuchó a las partes, "cerró el debate y al no existir elementos suficientes para determinar un hecho con apariencia de delito, siendo las doce horas con once minutos, declaró improcedente la petición del promovente." En el caso, se suscrito advierte oficiosamente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a) y fracción VII, del propio ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] III. Contra actos u omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y, (.) VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño;" De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que uno de los supuestos que pueden reclamarse en el juicio de amparo indirecto, son los actos que emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, debiéndose entender como tales, de acuerdo a la diversidad doctrinaria, aquellos que son instruidos en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar que los particulares cumplen con las disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; o aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Cabe destacar que en dicho supuesto también opera el principio de definitividad, que tiene como objeto determinar la procedencia del juicio de amparo, sólo contra actos o resoluciones definitivas, es decir, la condiciona a la última resolución que pone fin al asunto; ello con la finalidad de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que integran un procedimiento unitario, no obstante, dichos actos y/o resoluciones no quedan sin estudio, pues los mismos se analizan al resolver el amparo que se promueva contra la última resolución del procedimiento de que se trate, lo cual en este asunto no sucede. Con lo hasta aquí expuesto se concluye que, por regla general, un acto dictado en un procedimiento seguido en forma de juicio sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente. Pues bien, aunque la fracción VII, previamente transcrita, no establece expresamente que la procedencia del amparo ante el juez de Distrito, cuando se reclamen las resoluciones en las que se decrete el no ejercicio de la acción penal, queda condicionada a que se trate de resoluciones definitivas, esta regla se obtiene precisamente a partir de la interpretación sistemática con la regla prevista en la fracción III, inciso a), la cual prevé que si el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio el amparo procederá contra la "resolución definitiva", y que en esa demanda se podrán reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento, bajo las condiciones que determina el propio precepto; si se toma en cuenta que la investigación en su fase inicial no obstante su especial naturaleza, se asimila al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Ahora bien, para determinar si la resolución reclamada es o no definitiva, es oportuno mencionar que, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Estado de Guerrero, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500 y su Reglamento, regulan lo relativo a las determinaciones del no ejercicio de la acción penal que puede emitir el Ministerio Público. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 131, fracción XIII y 255, establecen: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: . XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código; ." "Artículo 255. No ejercicio de la acción Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código." Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500, en su artículo 11, dispone lo siguiente: "Artículo 11. Atribuciones y Facultades del Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Código Nacional, la Ley General del Sistema, la Ley General de Víctimas, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro; la Ley General contra la Trata de Personas; la Ley General de Acceso; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, la presente ley y otros ordenamientos jurídicos, además de los siguientes: ." (lo subrayado es propio) Por último, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500, en sus numerales 16, fracción XV, 21, fracción XV y 40, fracción V, determina: "Artículo 16. El Ministerio Público, además de las atribuciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica, tendrá las siguientes: . XV. Determinar el no ejercicio de la acción penal, la abstención o la reserva de la investigación, debiéndole notificar a la víctima u ofendido del delito la determinación correspondiente, así como a su superior jerárquico; ." "Artículo 21. El Fiscal General, además de las atribuciones previstas en el artículo 21 de la Ley Orgánica, tendrá las siguientes: . XV. Resolver en los casos en que proceda el no ejercicio de la acción penal y pedir la libertad del imputado inculpado, asimismo, la reserva de la Averiguación Previa;" "Artículo 40. La Dirección General Jurídica tendrá las atribuciones siguientes: . V. Substanciar y dictar los acuerdos relativos a los recursos y procedimientos cuya resolución corresponda dictar al Fiscal General, sometiendo a consideración del mismo los proyectos respectivos, salvo excepción legal o acuerdo delegatorio de facultades; asimismo, someter a su consideración las promociones, informes y demás escritos que el mismo deba formular o responder a las autoridades jurisdiccionales;" (Lo subrayado es propio) Como se desprende de las anteriores disposiciones, durante el curso de la investigación, si a juicio del Ministerio Público, con el material probatorio recabado no se cumplen con todos los requisitos de forma y fondo necesarios para ejercitar la acción penal que señala el artículo 16 de la Constitución General en contra del inculpado, elaborará una determinación denominada "de no ejercicio de la acción penal", pero tal y como dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 255, está obligado a solicitar la autorización del Procurador o servidor público en quién se delegue esta facultad. En el caso del Estado de Guerrero, esta potestad le corresponde al Fiscal General del Estado, quien a su vez la delegó en el Director General Jurídico, conforme a los artículos 21, fracción XV y 40, fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500. En ese orden de ideas, se tiene que la determinación de no ejercicio de la acción penal comprende dos fases a sustanciar ante distintas direcciones del propio órgano, sin que por ello se pierda la unidad e indivisibilidad del Ministerio Público. La primera, integrada por la resolución que propone un Agente del Ministerio Público, ante quien se ventiló y sustituyó la indagatoria respecto del no ejercicio de la acción penal y su archivo definitivo, al Fiscal General en el Estado de Guerrero. La segunda, que se forma con la respuesta a la consulta dirigida al Fiscal General o funcionario a quien se delegue esa facultad a fin de que sea el que resuelva en definitivo el no ejercicio de la acción penal, determinación que corresponde emitir al Director General Jurídico. En el caso, aun cuando el acto reclamado lo constituye la resolución que declara improcedente el recurso innominado interpuesto por el peticionario de amparo en contra del no ejercicio de la acción penal y que esa decisión no es recurrible, según lo prevé el artículo 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales, no puede soslayarse que la resolución sometida a control judicial puede ser modificada, revocada o conformidad, en el caso por el Director General Jurídico de la Fiscalía del Estado, lo que significa que el acto reclamado en el presente juicio no es una resolución definitiva, pues será hasta que el superior jerárquico apruebe el no ejercicio de la acción penal cuando se podrán afectar los derechos del aquí quejoso; por lo cual se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Bajo ese contexto, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 764/2018. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. ... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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