Jorge Amparán López

Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
635/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Amparán López
  • Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal acusatorio del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

  1. Principal

    El veinte de julio de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Félix Santillanes Cruz, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Félix Santillanes Cruz.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones el en libro electrónico correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De tal manera, atendiendo a la resolución que puso fin al presente asunto, y a lo dispuesto en los numerales 12, 14, fracción III y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es destruible. Conforme lo indica el párrafo segundo, del artículo 34, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte promovente el proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por con el escrito de demanda de amparo indirecto signada por contra actos del Tribunal de Primera Instancia, y otras autoridades de esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados, a su parecer, en los artículos 1, 5, 14, 16 y 1de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el expediente respectivo y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda; se ordena realizar las anotaciones en el libro de gobierno electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el expediente Ahora bien, es dable indicar que, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario del amparo medularmente señala como acto reclamado el cateo y aseguramiento del bien inmueble que describe como ********************y ******************** de la calle ******************** y ********************, de la ******************** en esta ciudad, del que se dice propietario, acto atribuye a las autoridades que señala como ordenadoras, en el caso Tribunal de Primera Instancia y Fiscal de Distrito Zona Norte. Como cuestión preferente es necesario analizar la procedencia de la acción de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11******************** de la Ley de Amparo, de la lectura de este artículo, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Así, en el caso, respecto al acto reclamado, consistente en el aseguramiento precautorio del inmueble ubicado en como ********************y ******************** de la calle ******************** y ********************, de la ******************** en esta ciudad, del que se dice propietario, ejecutado el cinco de junio del año en curso, en cumplimiento a la orden de cateo, emitida por el Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, se aprecia la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos primero y décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 252, relativo a las técnicas de investigación, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen, respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: (.) II. Las órdenes de cateo (.) VI. Las demás que señalen las leyes aplicables." De lo transcrito se advierte que los citados preceptos legales establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con los párrafos primero y décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las técnicas de investigación de la autoridad requieren de un control judicial, y las solicitudes relacionadas por éstas serán resueltas por un juez de control. Disposición constitucional íntimamente relacionada con el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que las técnicas de investigación, como lo son las órdenes de cateo y las órdenes de aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delitos a que hace alusión el diverso artículo 229 del código adjetivo en cita, requieren de autorización previa del Juez de Control al afectar derechos establecidos en la Constitución, esto es, el derecho de propiedad que protege el artículo 14 constitucional, relativo a que nadie podrá ser privado de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante la autoridad competente, en el que se sigan las formalidades de ley. Es decir, los artículos 16 de la Constitución Federal y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén, en relación a las técnicas de investigación, que existirá un control judicial, siendo el juez de control la autoridad competente para resolver toda controversia que se suscite con motivo de los aseguramientos de bienes objeto o instrumento de un delito. Dicho en otro modo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante el Juez de Control las técnicas de investigación que efectué el Ministerio Público Federal en la investigación de los delitos. Tan es así, que tal precepto legal de manera expresa dispone que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán las solicitudes relacionadas con las técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa, previo acudir ante esta instancia jurisdiccional, debe acudir ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio. En ese orden de ideas, sería la resolución del juez de control quien decida en definitiva sobre la solicitud de levantar o no el aseguramiento decretado al bien inmueble en cuestión, cuya determinación ya podría combatirse en el juicio de amparo indirecto, no así la orden de cateo ejecutada el cinco de junio de dos mil vientres, de la que derivo el aseguramiento precautorio del inmueble afecto a la litis, por la autoridad responsable, en cumplimiento a la orden de cateo obsequiada por el juzgador. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado deba acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia del amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. En ese sentido, como se estableció con antelación el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el artículo 16 Constitucional, párrafos primero y décimo cuarto, se establece que las técnicas de investigación de los delitos son susceptibles de ser impugnadas ante el juez de control, al contar con un control judicial, que deberá resolver éste, por lo que, todo lo relacionado con las técnicas de investigación, como lo es el aseguramiento precautorio de un inmueble como consecuencia de haberse considerado objeto o instrumento de delito. Por tanto, la prerrogativa que constitucionalmente se otorga a las partes, no es opcional, sino que se reconoce para contar con un verdadero control constitucional, que permita garantizar los derechos fundamentales que el Estado Mexicano otorga al gobernado, como lo es, el no ser molestado en sus bienes, y en caso de que ello acontezca con motivo del aseguramiento regulado como una técnica de investigación, se incorporó la posibilidad para que el gobernado que resulte afectado pueda defender sus intereses ante el juez de control; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este derecho para los gobernados, de poder solicitar a la autoridad judicial peticiones relacionadas con el aseguramiento de bienes considerados objeto o instrumento de un delito, se buscó contar con una defensa ante la potestad ordinaria. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que la parte quejosa debió agotar el recurso que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 16, en relación con el diverso precepto legal 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no haberlo hecho, opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que, en el particular, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo constitucional 16, primer y décimo cuarto párrafos, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con los dispuesto en los artículos 112 y 11********************, de dicha legislación. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página ********************25, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 5********************0, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. v DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En términos del artículo ********************o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos ********************, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle ********************, de la Colonia ********************, de esta ciudad, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************cuya cedula profesional se encuentra debidamente registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales y en términos restringido del citado numeral a ********************, toda vez que no cuenta con tiene cedula profesional registrada en dicho sistema. Luego por lo que respecta a los correos electrónicos proporcionados, ténganse únicamente como forma de contacto, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en consulta, del que se advierte que la utilización del correo electrónico y teléfono, solo serán utilizados como medios de contacto entre esta y el personal jurisdiccional. Notifíquese personalmente a los quejosos.

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