Jorge Amos Martinez Ayala
Expediente 517/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Amos Martinez Ayala
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del auto de quince de julio de dos mil veintiuno...Por recibido el oficio signado por la autoridad en cita, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 118/2021, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en el cual obra glosado el informe justificado rendido por dicha autoridad. Acúsese recibo de estilo. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante acuerdo de tres de junio de la presente anualidad, el tribunal oficiante determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en la cual se reclama el acuerdo de treinta de junio de dos mil veinte, dentro del expediente ********************, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se tuvo a las partes por depositando en tres tantos el contrato colectivo de trabajo derivado de los convenios establecidos y por ende, ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido por no quedar materia pendiente sobre la cual fallar. En este contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, glósese al cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías a estudio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades responsables reclamo la emisión del acuerdo de fecha 30 de junio del presente año, mediante el cual se violaron diversas disposiciones constitucionales y legales, así como el marco convencional, todas en mi perjuicio, como se verá más adelante." Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, promovida por ********************, por su propio derecho, en razón de que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción I, todos del citado ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, los artículos 1°, 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establecen: "Artículos 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. "Artículo 5°. Son parte en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación interés legítimo. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejoso cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De lo anterior tenemos que el artículo 1° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución que sirve para impugnar actos que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que en Estado Mexicano sea parte; y, al mismo tiempo, es protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos violen derechos humanos. Al respecto, es pertinente destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Así, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a las garantías individuales y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de garantías debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o representante legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por lo tanto, solo los titulares de las garantías constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no solo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la pare física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1° y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. Ahora bien, la legitimación en la causa consiste en la calidad en virtud de la que una acción o derecho puede ser ejercido, por o contra una persona en nombre propio; por lo tanto, constituye una condición de la acción porque únicamente en el supuesto de que se acredite la legitimación del quejoso, es que sería procedente el juicio de amparo. En el caso del análisis, el quejoso comparece a esta instancia constitucional a reclamar el acuerdo de treinta de junio de dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente de procedimiento de huelga número ********************. Sin embargo, el promovente carece de legitimación para promover, demanda de amparo contra el acuerdo dictado en el procedimiento de huelga en el que fue representado y notificado a través del sindicato que suscribió el convenio y que está legitimado para ejercitar el derecho de huelga, y es que es a quien se le notificó el citado proveído, así como el proveído de treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo a las partes por depositando en tres tantos el contrato colectivo de trabajo derivado de los convenios establecidos y ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido por no quedar materia pendiente sobre la cual fallar. Ello en razón de que el sindicato actúa en representación del interés colectivo como lo es al momento de ejercer el derecho a huelga, por tanto, un trabajador, aunque pertenezca al aludido sindicato carece de legitimación para acudir al juicio de amparo para oponerse a actos de autoridad, ya que el acto reclamado está vinculado a derechos colectivos, sin afectar derechos individuales, de tal modo que solo el sindicado está legitimado para controvertir cuestiones de esta naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a./J. 252/2009 sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 317, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO. Aunque el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la representación del sindicato puede ejercerla la persona que se designe en los estatutos, del artículo 49, fracción I, de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al establecer que son obligaciones de los socios en general, "conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva y los presentes Estatutos, así como los Reglamentos Interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga nuestras disposiciones estatutarias.", no deriva que los trabajadores en lo individual estén legitimados para promover juicio de amparo contra la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues dicha disposición estatutaria es insuficiente para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 356, 357, 359, 364 a 366, 368, 371, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones, de ahí la importancia del registro y la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales, de manera que la mencionada norma estatutaria no otorga la representación del ente colectivo, sino más bien impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, en tanto sólo refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia que les permite ejercer acciones entre ellos ante las instancias ordinarias para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar, pero no confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo o significa que pueda oponerse a actos de autoridad. En consecuencia, los trabajadores individualmente considerados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana carecen de legitimación para reclamar un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, como lo es la toma de nota del cambio de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una de sus Secciones, pues dicho acto no afecta derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato reconocidos por la ley están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, que a la letra dice: "SINDICATOS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA SOLICITAR AL PATRÓN, LA FIRMA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, MEDIANTE EL PLIEGO DE PETICIONES CON EMPLAZAMIENTO A HUELGA. Del análisis concatenado de los artículos 356, 357, 365, 368, 374, 376, 386, 387, 440, 441, 442, 443, 450 y 451 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que si los sindicatos son personas morales legalmente reconocidas por virtud de su registro y con capacidad jurídica para defender, ante todas las autoridades, por conducto de sus representantes, como el secretario general o la persona de su directiva que determinen los estatutos, sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, es evidente que están legitimados para solicitar la firma de un contrato colectivo de trabajo y ejercitar el derecho de huelga para lograr ese propósito, por ser titulares de ese derecho, y que tal legitimación queda acreditada ante la autoridad correspondiente con la demostración de la existencia y reconocimiento oficial del sindicato mediante su registro." De igual forma, la tesis aislada sustentada en la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materias Laboral, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo CVIII, página 329, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "SINDICATOS, FACULTADES DE LOS, PARA REPRESENTAR A SUS AGREMIADOS. El Sindicato, por ministerio de ley y por el hecho mismo de su registro, representa a los miembros que lo integran y así, se encuentra en aptitud, para formular al patrón su pliego de peticiones, con emplazamiento de huelga y sus miembros para llevar a cabo esta, en el caso de que no hubiese mediado conciliación respecto de las exigencias del sindicato y de la actitud de la parte patronal, esto sin perder de vista, como consecuencia fundamental, que el pliego de peticiones y el emplazamiento relativo se basaron en el artículo 260, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo y que al haberse practicado por la Junta el recuento de trabajadores se demostró plenamente que todos los que prestan sus servicios a la empresa, estaban de acuerdo con el movimiento, lo cual obliga a considerar en orden a objeto y fin que esos mismos trabajadores, en su oportunidad, ya sea por medio de los estatutos o bien como resultado de una asamblea, habrían de otorgar al Sindicato la facultad representativa de firmar el Contrato Colectivo de Trabajo; pues del artículo 44 se llega a la conclusión de que en el momento de firmarse el contrato de que se habla, ineludiblemente la institución sindical debe acreditar los extremos de ese precepto, argumento que se robustece con la apreciación de que el sindicato se constituye para el mejoramiento, defensa y representación de los intereses comunes de sus agremiados y entre sus facultades de esta índole, se encuentra comprendida la de formular el pliego de peticiones con emplazamiento de huelga". En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Por otra parte, se concluye que la causal es manifiesta en la medida en que, dado el planteamiento de la demanda de amparo, es patente que se actualiza la hipótesis jurídica de dicho motivo de improcedencia; y lo indudable se da de los propios argumentos que en ella se vertieron, concluyendo que aún y cuando se admitiera la demanda de amparo y se siguiera el procedimiento respectivo, no se formularía una diversa convicción respecto a la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, porque aún en esa hipótesis, subsistiría la causal de improcedencia que ahora se analiza. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento al promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la autoridad en cita, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 118/2021, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en el cual obra glosado el informe justificado rendido por dicha autoridad. Acúsese recibo de estilo. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante acuerdo de tres de junio de la presente anualidad, el tribunal oficiante determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en la cual se reclama el acuerdo de treinta de junio de dos mil veinte, dentro del expediente ********************, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se tuvo a las partes por depositando en tres tantos el contrato colectivo de trabajo derivado de los convenios establecidos y por ende, ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido por no quedar materia pendiente sobre la cual fallar. En este contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, glósese al cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías a estudio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades responsables reclamo la emisión del acuerdo de fecha 30 de junio del presente año, mediante el cual se violaron diversas disposiciones constitucionales y legales, así como el marco convencional, todas en mi perjuicio, como se verá más adelante." Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, promovida por ********************, por su propio derecho, en razón de que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción I, todos del citado ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, los artículos 1°, 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establecen: "Artículos 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. "Artículo 5°. Son parte en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación interés legítimo. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejoso cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De lo anterior tenemos que el artículo 1° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución que sirve para impugnar actos que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que en Estado Mexicano sea parte; y, al mismo tiempo, es protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos violen derechos humanos. Al respecto, es pertinente destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Así, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a las garantías individuales y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de garantías debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o representante legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por lo tanto, solo los titulares de las garantías constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no solo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la pare física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1° y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. Ahora bien, la legitimación en la causa consiste en la calidad en virtud de la que una acción o derecho puede ser ejercido, por o contra una persona en nombre propio; por lo tanto, constituye una condición de la acción porque únicamente en el supuesto de que se acredite la legitimación del quejoso, es que sería procedente el juicio de amparo. En el caso del análisis, el quejoso comparece a esta instancia constitucional a reclamar el acuerdo de treinta de junio de dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente de procedimiento de huelga número ********************. Sin embargo, el promovente carece de legitimación para promover, demanda de amparo contra el acuerdo dictado en el procedimiento de huelga en el que fue representado y notificado a través del sindicato que suscribió el convenio y que está legitimado para ejercitar el derecho de huelga, y es que es a quien se le notificó el citado proveído, así como el proveído de treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo a las partes por depositando en tres tantos el contrato colectivo de trabajo derivado de los convenios establecidos y ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido por no quedar materia pendiente sobre la cual fallar. Ello en razón de que el sindicato actúa en representación del interés colectivo como lo es al momento de ejercer el derecho a huelga, por tanto, un trabajador, aunque pertenezca al aludido sindicato carece de legitimación para acudir al juicio de amparo para oponerse a actos de autoridad, ya que el acto reclamado está vinculado a derechos colectivos, sin afectar derechos individuales, de tal modo que solo el sindicado está legitimado para controvertir cuestiones de esta naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a./J. 252/2009 sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 317, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO. Aunque el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la representación del sindicato puede ejercerla la persona que se designe en los estatutos, del artículo 49, fracción I, de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al establecer que son obligaciones de los socios en general, "conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva y los presentes Estatutos, así como los Reglamentos Interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga nuestras disposiciones estatutarias.", no deriva que los trabajadores en lo individual estén legitimados para promover juicio de amparo contra la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues dicha disposición estatutaria es insuficiente para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 356, 357, 359, 364 a 366, 368, 371, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones, de ahí la importancia del registro y la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales, de manera que la mencionada norma estatutaria no otorga la representación del ente colectivo, sino más bien impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, en tanto sólo refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia que les permite ejercer acciones entre ellos ante las instancias ordinarias para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar, pero no confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo o significa que pueda oponerse a actos de autoridad. En consecuencia, los trabajadores individualmente considerados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana carecen de legitimación para reclamar un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, como lo es la toma de nota del cambio de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una de sus Secciones, pues dicho acto no afecta derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato reconocidos por la ley están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, que a la letra dice: "SINDICATOS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA SOLICITAR AL PATRÓN, LA FIRMA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, MEDIANTE EL PLIEGO DE PETICIONES CON EMPLAZAMIENTO A HUELGA. Del análisis concatenado de los artículos 356, 357, 365, 368, 374, 376, 386, 387, 440, 441, 442, 443, 450 y 451 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que si los sindicatos son personas morales legalmente reconocidas por virtud de su registro y con capacidad jurídica para defender, ante todas las autoridades, por conducto de sus representantes, como el secretario general o la persona de su directiva que determinen los estatutos, sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, es evidente que están legitimados para solicitar la firma de un contrato colectivo de trabajo y ejercitar el derecho de huelga para lograr ese propósito, por ser titulares de ese derecho, y que tal legitimación queda acreditada ante la autoridad correspondiente con la demostración de la existencia y reconocimiento oficial del sindicato mediante su registro." De igual forma, la tesis aislada sustentada en la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materias Laboral, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo CVIII, página 329, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "SINDICATOS, FACULTADES DE LOS, PARA REPRESENTAR A SUS AGREMIADOS. El Sindicato, por ministerio de ley y por el hecho mismo de su registro, representa a los miembros que lo integran y así, se encuentra en aptitud, para formular al patrón su pliego de peticiones, con emplazamiento de huelga y sus miembros para llevar a cabo esta, en el caso de que no hubiese mediado conciliación respecto de las exigencias del sindicato y de la actitud de la parte patronal, esto sin perder de vista, como consecuencia fundamental, que el pliego de peticiones y el emplazamiento relativo se basaron en el artículo 260, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo y que al haberse practicado por la Junta el recuento de trabajadores se demostró plenamente que todos los que prestan sus servicios a la empresa, estaban de acuerdo con el movimiento, lo cual obliga a considerar en orden a objeto y fin que esos mismos trabajadores, en su oportunidad, ya sea por medio de los estatutos o bien como resultado de una asamblea, habrían de otorgar al Sindicato la facultad representativa de firmar el Contrato Colectivo de Trabajo; pues del artículo 44 se llega a la conclusión de que en el momento de firmarse el contrato de que se habla, ineludiblemente la institución sindical debe acreditar los extremos de ese precepto, argumento que se robustece con la apreciación de que el sindicato se constituye para el mejoramiento, defensa y representación de los intereses comunes de sus agremiados y entre sus facultades de esta índole, se encuentra comprendida la de formular el pliego de peticiones con emplazamiento de huelga". En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Por otra parte, se concluye que la causal es manifiesta en la medida en que, dado el planteamiento de la demanda de amparo, es patente que se actualiza la hipótesis jurídica de dicho motivo de improcedencia; y lo indudable se da de los propios argumentos que en ella se vertieron, concluyendo que aún y cuando se admitiera la demanda de amparo y se siguiera el procedimiento respectivo, no se formularía una diversa convicción respecto a la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, porque aún en esa hipótesis, subsistiría la causal de improcedencia que ahora se analiza. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento al promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte... Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-517/2020-1. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa precisa como acto reclamado: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades responsables reclamo la emisión del acuerdo de fecha 30 de junio del presente año, mediante el cual se violaron diversas disposiciones constitucionales y legales, así como del marco convencional, todas en mi perjuicio, como se verá más adelante." Al respecto, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en virtud de que el acto que se reclama pone fin al juicio de origen y sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, con fundamento en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: . De los preceptos legales en cita se desprende la procedencia del juicio de amparo directo en los siguientes supuestos: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. b) Son sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. c) Son resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. d) Deben agotarse previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales las sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados. e) Para efectos de la Ley de Amparo, se entiende que el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Del análisis del acto reclamado y de las constancias que anexa la parte quejosa en su escrito de demanda, resulta evidente que se trata de una resolución que pone fin al juicio, en virtud de que sin haberlo decidido en lo principal, lo está dando por concluido, lo anterior, a que derivado de la audiencia conciliatoria celebrada el veintiocho de mayo del año en curso, en la cual las partes convinieron diversas modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, la autoridad laboral emitió el proveído de treinta de junio del año en curso, dentro del expediente número ***, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se tuvo a las partes por depositando en tres tantos el contrato colectivo de trabajo derivado de los convenios establecidos y por ende, ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido por no quedar materia pendiente sobre la cual falla; obligando a las partes a su legal y debida observancia, por lo que si bien no es una resolución que decida el juicio en lo principal, sí constituye un auto que pone fin al juicio. En ese sentido, es dable concluir que el auto aquí combatido da por terminado el juicio relativo sin decidir el problema expuesto por el quejoso en su demanda. Por tal motivo, su reclamo debe plantearse en la vía de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, en específico, ante un Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en este Circuito, de conformidad con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. .Por consiguiente, es dable sostener que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en este Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar; solicitando acusar el recibo de estilo correspondiente. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Asimismo, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****, y por autorizados para tal efecto a las personas que refiere, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que habiendo hecho una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, no se encontraron registradas las cédulas profesionales de ***. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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