Jorge Álvarez Monsiváis

Expediente 178/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
178/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Jorge Álvarez Monsiváis

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 178/2019-II-E, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído quince de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. DESIGNACIÓN DE JUEZ DE DISTRITO Visto el estado de autos, hágase del conocimiento de las partes procesales que en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción de la Jueza Ma. Guadalupe Torres García, como titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, con efecto a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por .., regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 178/2019. este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la misma, de la que se advierte que como autoridad responsable señaló al Director de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de esta ciudad; asimismo, señaló como acto reclamado la determinación como crédito o adeudo a su cargo por la cantidad de ...respecto de la cuenta 8016, medidor 06210879, del inmueble ubicado en ... Bien, quien esto resuelve, advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, el quejoso señaló como acto reclamado la determinación como crédito o adeudo a su cargo por la cantidad de $1, 663.50 (un mil seiscientos sesenta y tres pesos 50/100 M.N.), contenido en el estado de cuenta 272425. Expuesto lo anterior, conviene citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, página 18, de rubro y texto siguientes: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." De la jurisprudencia invocada, de carácter obligatorio para este Juzgado Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que tratándose de la prestación del servicio de agua potable de conformidad con contratos de adhesión, el prestador del servicio no actúa como autoridad, sino en un plano de particular y las consecuencias de ese contrato de adhesión serían dependiendo de su cumplimiento o incumplimiento, de conformidad con los efectos que se hubieran establecido en el propio acuerdo de voluntades. Por otra parte, en los artículos 136, 137 y 183 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, se dispone: "Artículo 136. Están obligados a contratar los servicios de agua potable, alcantarillado y el de tratamiento de aguas residuales, en su caso, en los lugares en que existan dichos servicios, y cumpliendo con los requisitos que al efecto establezcan los prestadores: I. Los propietarios o poseedores por cualquier título de predios edificados; II. Los propietarios o poseedores por cualquier título, de predios no edificados, cuando frente a los mismos existan instalaciones adecuadas para los servicios que sean utilizados, y III. Los propietarios o poseedores de giros mercantiles, industriales o de cualquier otra actividad, que por su naturaleza estén obligados al uso de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento." "Artículo 137. Los modelos de contratos de prestación de los servicios públicos que celebren los prestadores de los servicios con los usuarios; los requisitos a que se refiere el artículo anterior; así como la garantía señalada en el segundo párrafo del artículo 142 de esta Ley, deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y cumplir con lo señalado en la presente Ley, asegurando que los servicios públicos se presten en condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, calidad, cobertura y eficiencia." "Artículo 183. Toda persona usuaria está obligada al pago mensual de los servicio públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con base en las cuotas o tarifas fijadas en los términos de la presente Ley, con excepción de aquellas quienes reciben estos servicios por parte de un organismo operador intermunicipal, mismos que deberán pagar bimestralmente. (.)" De los numerales transcritos se obtiene que los propietarios o poseedores por cualquier título de predios edificados están obligados a contratar los servicios de agua potable, alcantarillado y el de tratamiento de aguas residuales; que los modelos de contratos de prestación de los servicios públicos que celebren los prestadores de los servicios con los usuarios y los requisitos que establezcan los prestadores del servicio, deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y, que toda persona usuaria está obligada al pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En esa medida, si derivado de la obligación de pago de los servicios de agua, drenaje y saneamiento que el quejoso tiene contratado con el organismo operador intermunicipal, este último emitió un estado de cuenta, en el que se consignan cinco meses de atraso, con un importe de $1, 663.50 (un mil seiscientos sesenta y tres pesos 50/100 M.N.), respecto de la cuenta 8016 a nombre del impetrante, es claro que tales actos no son impugnables a través del juicio constitucional, en términos del criterio jurisprudencial emitido por el Alto Tribunal, pues no pueden considerarse como actos de autoridad, dado que tales actos derivan del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se actualiza el incumplimiento del contrato. En efecto, al llevar a cabo la determinación del cobro por la prestación del servicio de agua, drenaje y saneamiento, el Director de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad señalada como responsable, no actuó como autoridad, sino en un plano de igualdad con el gobernado, a virtud del contrato de adhesión que se tiene celebrado con dicho organismo, el cual a su vez se encuentra sujeto a la aprobación de la Junta de Gobierno de este último. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos del aludido ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de febrero de dos mil diecinueve, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." No es óbice que el impetrante aduzca ser adulto mayor, pues amén de que no exhibe documento alguno que acredite esa circunstancia, dicha condición de vulnerabilidad no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales y requisitos legales mínimos para la procedencia de la acción constitucional. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis aislada I.12o.C.33 K (10a.), sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2019, Decima Época, Materia Constitucional y civil, que dice: "ADULTOS MAYORES. SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD NO CONSTITUYE UNA JUSTIFICACIÓN VÁLIDA PARA DEJAR DE OBSERVAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO LO ES LA COMPETENCIA. El Alto Tribunal del País ha precisado que conforme a los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono. En esas circunstancias, se ha considerado que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones precarias de trabajo y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a ese estado de vulnerabilidad merecen una especial protección lo cual, incluso, se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han marcado una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: a) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; b) seguro social, asistencia y protección; c) no discriminación en el empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; d) servicios de salud; e) ser tratado con dignidad; f) protección ante el rechazo o el abuso mental; g) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y, h) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar. Sin embargo, dicha condición de vulnerabilidad no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia, ya que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, incluido el protocolo y la Ley General de las Personas con Discapacidad (abrogada), aunado a que las cuestiones de competencia son de interés general, y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados; es decir, las reglas de competencia son de orden público e irrenunciables, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, pues derivan del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional; de suerte que la competencia legal, junto con otros requisitos de procedencia, constituyen los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que debe satisfacer todo gobernado para la realización de la jurisdicción, esto es, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Por tanto, el ser un adulto mayor no puede llevar a que la autoridad responsable declare procedente lo improcedente y actúe al margen de la ley." DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a la persona indicada, por así solicitarlo en su ocurso. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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