Jorge Álvarez Banderas
Expediente 1081/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Álvarez Banderas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de once de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del dieciséis al veintidós de octubre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso Jorge Álvarez Banderas, mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada en proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, del que se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda a estudio, al actualizarse a de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. .". Por su parte, el diverso numeral 5o, fracción I, párrafo primero, de la Ley en cita, dispone: "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .". Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su aclaración, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En el caso que nos ocupa, del examen integral de la demanda y escrito aclaratorio, se obtiene que el quejoso, en esencia, se duele, de que la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aceptó la renuncia del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora I, sin señalar la falta grave que incurrió. Por su parte, de la Secretaria de Gobierno, la emisión del oficio 100-133 de fecha tres de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual informa a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la aceptación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, de la renuncia a que se hace alusión en el párrafo que antecede. Lo anterior, de acuerdo a que el tres de octubre de dos mil diecinueve, Eduardo Tomas Medina-Mora Icaza y/o Eduardo Medina Mora I., presentó la renuncia a su cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como fundamento legal, el párrafo tercero, del artículo 98 Constitucional, no obstante fue omiso en precisar la causa grave motivo de la misma, como lo exige el aludido numeral. Por lo que menciona que tal situación, viola sus derechos fundamentales en cuanto integrante de la colectividad mexicana (al ser ciudadano mexicano), como lo cita en escrito aclaratorio, afectación que deriva del acto reclamado al incumplir el requisito exigido por el aludido ordenamiento legal. Actos reclamados, que refiere el peticionario lesionan en su perjuicio el derecho fundamental de legalidad jurídica, al no estar debidamente fundados, ni motivados. Atento a tal reclamación, como ya se dijo, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, de rubor y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Es así, porque la cuestión planteada por el quejoso en el presente asunto, consiste en examinar si la aceptación de la renuncia del Ministro de que se trata por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al aducir que no cumple con lo expuesto en el artículo 98 de Carta Magna, y como consecuencia el oficio dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, le causa alguna afectación a su esfera de derechos humanos, ya que dichos documentos, dice, carecen de la debida fundamentación y motivación, al hacerse omitido señalar la causa grave que originó la renuncia, sin precisar nada más sobre el particular. De modo tal, que para estudiar el fondo de esa petición, previamente es necesario analizar si cuenta con un interés legítimo que lo habilite a controvertirlo o si por el contrario, tan sólo detenta un interés simple que lo excluye de dicha posibilidad. Al respecto, este juzgador considera que el interés mostrado por el quejoso, en relación con lo antes mencionado, califica únicamente como simple y, por consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia inicialmente referida. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la Ley de amparo, establecen que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha norma y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea directamente o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Disposiciones de las que se desprende que el juicio de amparo será procedente únicamente cuando el acto de autoridad combatido afecte algún derecho subjetivo de quien lo promueva -interés jurídico- o incida en su esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden normativo -interés legítimo- y, por ende, si no se actualiza alguna de dichas hipótesis el juicio de amparo será improcedente, como sería en caso de que el quejoso mostrara tener tan sólo un interés igual al de cualquier individuo por el sólo hecho de ser miembro de la sociedad, o sea, simple. Ahora bien, para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica entendida en sentido amplio, no precisamente patrimonial -se parte del reconocimiento de un derecho objetivo-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como mera posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia concesoria implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. De modo que el individuo que cuenta con dicho interés se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, no tiene que provenir de una facultad otorgada expresamente por el ordenamiento jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación de derechos subjetivos. Sirve de sustento a lo previamente referido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 50/2014 (10a.), consultable en la página 60, libro 12, noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". De lo hasta ahora reseñado, tenemos que el interés legítimo tiene dos requisitos de existencia, de los cuales, uno atiende a la relación entre el acto reclamado y el individuo en el que explayan sus efectos y el otro al beneficio obtenido ante una eventual sentencia de protección constitucional, es decir, el primero se relaciona con la naturaleza del acto reclamado y el segundo con la consecuencia y los alcances de la posible concesión del amparo. Ciertamente, para tener por colmado el primer requisito, debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, que sitúe al individuo en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. Y el segundo de ellos se acredita cuando de ser el caso, la concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico a favor del quejoso, o sea, en un efecto positivo en su esfera de derechos, ya sea actual o futuro, pero cierto y determinado, que debe ser resultado inmediato de la resolución que llegue a dictarse. Existiendo entre ambos requisitos un orden lexicográfico de valoración, al entrar al estudio del segundo de ellos, deben analizarse los efectos y las consecuencias de la posible concesión de amparo desde la perspectiva de la naturaleza del acto reclamado y no de manera aislada o autónoma, dado que sólo de esa forma es posible dotar de contenido real al derecho humano respectivo y, de ser el caso, garantizar su tutela efectiva, pues si se soslaya dicha circunstancia, se podría brindar una protección constitucional que no traiga un beneficio real al amparista sino tan sólo formal, que genere una indeterminación de la sustancia o núcleo del derecho relativo al desnaturalizarlo o despojarlo de su verdadera esencia, lo que sería contrario a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, en relación con su reconocimiento y protección. Ahora bien, las afectaciones a derechos humanos que eventualmente podrían entrañar intereses legítimos para combatirlas vía juicio constitucional pueden ocasionarse por una importante variedad de actos de autoridad que a su vez llegan a incidir de diversas maneras en tales derechos, por lo que deben abordarse desde una perspectiva diferenciada, que permita determinar la manera en la que interactúan con los derechos en los que impactan y resolver congruentemente en consecuencia; ante esa variedad de afectaciones e interacciones de los derechos humanos, hay casos en los que si bien las referidas afectaciones son a intereses colectivos, el beneficio objetivo de la posible concesión es determinable tan sólo en el ámbito individual de quien promueve el juicio de amparo y no de la comunidad, por depender tal evaluación de cuestiones fácticas, de información empírica o de preferencias subjetivas no medibles bajo parámetros técnicos o estadísticos, circunstancia frente a la cual no es posible sostener que un sólo miembro de la colectividad cuente con un interés legítimo para controvertirlas, puesto que excedería en demasía lo que a su esfera jurídica atañe. Se trataría, pues, de la incidencia de las preferencias de un solo individuo, vía amparo, en derechos de la colectividad que no necesariamente se verían beneficiados objetivamente por una concesión de amparo, incluso podrían verse perjudicados. Lo hasta aquí plasmado, no significa que una persona no pueda defender los intereses propios que comparte con la colectividad vía juicio de amparo, siempre y cuando los efectos concesorios tengan posibilidad de diferenciarse o escindirse del ámbito jurídicamente resguardado de la colectividad, pues en tales casos estamos frente a una interacción diversa entre las consecuencias de los actos de autoridad y los derechos, en la medida en que la incidencia de la afectación si bien podría ser colectiva, es divisible entre los individuos que la integran. Así, tenemos que cuando algún derecho humano sometido a estudio vía juicio constitucional, cuenta con más de una dimensión, como podría ser una individual y otra colectiva, para determinar si se colma el segundo de los requisitos del interés legítimo, deben de analizarse los efectos de la concesión en relación con la perspectiva correspondiente -individual o colectiva-, o si se prefiere, en caso de que la dimensión en estudio sea la colectiva, para sostener que el quejoso cuenta con un interés legítimo para controvertir el acto de autoridad que afecta al derecho jurídicamente reconocido, debe de considerarse si los efectos de la concesión generarían un beneficio objetivo y determinado en la colectividad correspondiente o sólo al individuo independientemente del resto de los integrantes de su comunidad o a ambos, de modo que la posible concesión que llegue a dictarse sea acorde con la dimensión del derecho humano analizado. Por esto último es que en el caso el quejoso no cuenta con interés legítimo para controvertir el acto de autoridad combatido, consistente en la aceptación por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora I., que aparece en su escrito de demanda, pues en la demanda de amparo el mismo no refirió razonamientos lógicos jurídicos que sustentaran el perjuicio que como ente colectivo, esto le ocasiona, por los cuales acudía a esta instancia Constitucional, es decir, no manifestó afectación alguna a un interés legítimo ni jurídico, pues la misma solo la promovió por derecho propio, sin expresar nada más sobre el particular. De ahí que no se colmen los requisitos antes mencionados, relativos a la afectación a un interés legítimo, pues el quejoso sólo señaló que con el acto reclamado se transgrede su derecho fundamental de legalidad al no estar debidamente fundados ni motivados los actos reclamados, sin precisar de manera lógica jurídica como se anticipó, cuál es su cualidad para promover la demanda de amparo a estudio, a efecto de estar en condiciones de determinar si en un momento dado, los efectos de la concesión generarían un beneficio objetivo y determinado en la colectividad correspondiente o sólo al individuo independientemente del resto de los integrantes de su comunidad o a ambos, de modo que la posible concesión que llegue a dictarse sea acorde con la dimensión del derecho humano analizado. Entonces, al no ser objetivamente determinable que el efecto de la posible concesión sería benéfico para la colectividad mexicana o sólo para el peticionario del amparo, es factible sostener que este último no colma los requisitos necesarios para contar con un interés legítimo que lo habilite a controvertir los actos reclamados y, por consiguiente, que tan sólo cuenta con un interés simple al respecto. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
...MORELIA, MICHOACÁN, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades...Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten, con apoyo en los numerales 108, fracción IV y 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Indique con qué cualidad o especial situación frente al acto que reclama promueve la demanda de amparo...Ello en atención, a que aduce que transgrede su interés individual y colectivo, además de que se vulneran sus derechos en cuanto integrante de la sociedad mexicana y como miembro de la comunidad universitaria, específicamente de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales como profesor-investigador por lo que no es claro respecto a la afectación que resiente. Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se proveerá respecto de la demanda de amparo, en los términos en que fue presentada...En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las dos autoridades señaladas como responsables y una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, las cuales dan un total de cinco copias...Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle **** y autorizando para tal efecto a ***, quien gozara de las amplias facultades que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó registro de la cedula profesional número *** que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a ****, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa y autorizando únicamente para recibirlas a Jorge Álvarez Rivero, Florentino Medina Palomares y Verónica Bazán Chávez, toda vez que en esos términos fueron autorizados; asimismo y como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico, relativo al presente asunto, con el nombre de usuario carlosescobedosuarez...Por otro lado, téngase al promovente de mérito oponiéndose a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional...Como lo solicita se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo...En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales... Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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