Jorge Alonso Salmon Marquez

Expediente 947/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
947/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alonso Salmon Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre la vista al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el seis de noviembre del presente año, se recibo el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje por sí y en representación de la misma, el Coordinador de Actuarios; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, téngasele formulando los alegatos que deja vertidos en el oficio de cuenta, los que serán tomados en cuenta en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a la solicitud de las copias, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en el auto de admisión de demanda, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***/2023-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El cinco de octubre del año en curso, se recibió en este juzgado la demanda promovida ******y ****en su carácter de apoderados de *****, en su carácter de propietario de la negociación denominada Licores del Norte, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad y otras autoridades SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de seis de octubre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable supletoriamente a la materia incidental, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que la impetrante reclama de las autoridades responsables: a) DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO CUATRO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD, EN SU CARÁCTER DE ORDEN ADORA, se reclama las actuaciones del expediente número ****/3904 desde el violatorio y defectuoso EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LOS HOY QUEJOSOS hasta la emisión del laudo de fecha 29 de junio del 2023, así como las diversas y ulteriores actuaciones y/o ilegales notificaciones efectuadas al hoy quejoso aparentemente por lista de estrados. b) DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPSCIAL NUMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD, EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA, se reclama cualquier acción tendiente a la ejecución del laudo de fecha 29 de junio del 2023. c) DEL C. ACTUARIO adscrito a la JUNTA ESPECIAL NUMERO CUATRODE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD, es su carácter de autoridad ejecutora. Se reclama las diversas defectuosas e ilegales notificaciones efectuadas en el expediente *****/3904, así como las diversas actuaciones tendientes a la ejecución del laudo de fecha 29 de junio del 2023. Se atiende, por analogía, el contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la el Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación de la misma y del Coordinador de Actuarios, manifestaron que es cierto el acto reclamado. CUARTO. Determinación sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, en principio, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la quejosa consisten en lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: De las Autoridades que a continuación se señalan como autoridades responsables, se reclama; a) DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO CUATRO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJEEN ESTA CIUDAD, EN SU CARÁCTER DE ORDEN ADORA, se reclama las actuaciones del expediente número ****/3904 desde el violatorio y defectuoso EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LOS HOY QUEJOSOS hasta la emisión del laudo de fecha 29 de junio del 2023, así como las diversas y ulteriores actuaciones y/o ilegales notificaciones efectuadas al hoy quejoso aparentemente por lista de estrados. b) DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPSCIAL NUMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD, EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA, se reclama cualquier acción tendiente a la ejecución del laudo de fecha 29 de junio del 2023. c) DEL C. ACTUARIO adscrito a la JUNTA ESPECIAL NUMERO CUATRODE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD, es su carácter de autoridad ejecutora. Se reclama las diversas defectuosas e ilegales notificaciones efectuadas en el expediente ****/3904, así como las diversas actuaciones tendientes a la ejecución del laudo de fecha 29 de junio del 2023. En ese sentido, se tiene a la parte quejos solicitando la suspensión provisional y posteriormente definitiva de los actos reclamados, para los efectos de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Por ello, se tiene que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, el artículo 128 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I y II, establece como requisitos que el quejoso la solicite (lo que implica ostentar un interés indiciario para ello) y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (supuestos de contravención a estos dos aspectos que se prevén de manera enunciativa, más no limitativa, en el diverso numeral 129 de la propia Ley). Además, conforme al artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, promovida la suspensión del acto reclamado, a fin de resolver sobre dicha medida cautelar, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En el caso, atendiendo al precitado artículo 128 de la Ley de Amparo, no se estima que el acto reclamado afecte el interés social y tampoco se advierte que con su suspensión definitiva, se actualice ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Además, debe precisarse que el quejoso acredita su interés suspensional de manera indiciaria, copia simple de diversas actuaciones levantadas en el juicio laboral de origen, en las cuales se advierte su participación como parte demandada. Luego, en cuanto al principio de apariencia del buen derecho que es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a alcanzar una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El análisis que debe realizarse con base en dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede resolverse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. En ese sentido, el principio de apariencia del buen derecho es un elemento que incide sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues se establece que para el otorgamiento de la suspensión, es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que dejen de observarse los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es decir, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador sólo para el otorgamiento de la suspensión, sin soslayar los requisitos de procedencia de la medida cautelar previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, la verosimilitud del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Lo cual se justifica, en razón de que las medidas cautelares, más que destinarse a hacer justicia, se dirigen a dar tiempo a ésta para cumplir eficazmente su objetivo. En relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que únicamente para el otorgamiento de la suspensión debe ponderarse de manera simultánea el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público. Así lo determina en la Jurisprudencia con número de Registro digital: 165659, de la Novena Época, Tesis: 2a./J. 204/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, la cual reza: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Lo anterior, se justifica con el propio contenido del artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige como requisito analizar la naturaleza de la violación alegada ?con la reforma del seis de junio de dos mil once, se exige analizar la apariencia del buen derecho y el interés social?. Lo cual significa que el juzgador debe sopesar la naturaleza de la violación con el perjuicio al agraviado y a los terceros, y con el interés social; por ello, las decisiones que se tomen dependerán del examen comparativo de dichos elementos, pues el análisis de la naturaleza de la violación alegada implica el de sus características, su importancia, su gravedad y, sobre todo, su trascendencia social. En consecuencia, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador al momento de otorgar la suspensión, sin que deje de observar los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que debe ponderar simultáneamente el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social u orden público para determinar su procedencia. Además, es de destacar que el estudio que debe realizarse, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto controvertido sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto que constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último o, más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido a la parte quejosa. Ante tal exigencia constitucional, al resolver sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esta medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del quejoso pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Dicho en otras palabras, tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado en términos del artículo 107, fracción X, constitucional, implica ?inclusive? verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión se encuentra inserta en el patrimonio jurídico del quejoso. Atento a lo anterior, a efecto de preservar viva la materia del juicio de amparo del que deriva este incidente y toda vez que se considera que están satisfechos los requisitos preindicados; con fundamento en el artículo 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; hasta que cause ejecutoria la sentencia que se emita en el juicio principal Es aplicable al caso, la tesis 34, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que se publicó en la Séptima Época, del Informe al Semanario Judicial de la Federación de 1987, Tercera Parte, visible en la página 663, registro 247380, del tenor siguiente: SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PÚBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo. Asimismo, se indica que la suspensión definitiva surte efectos desde luego, pero si los actos cuya ejecución se suspenden, ya se llevaron a cabo en el momento en que las autoridades responsables reciban noticia de este auto, esta medida cautelar no podrá tener efectos restitutorios, debiendo quedar las cosas en el estado en que, en ese caso, se encuentren. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. SE concede a *****, en su carácter de propietario de la negociación denominada ******, la suspensión definitiva que se solicitó respecto de las autoridades precisadas en el considerando tercero, en términos del cuarto. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

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