Jorge Alonso Escudero Carvajal

Expediente 84/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
84/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
15/06/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alonso Escudero Carvajal
  • Adolfo Villalpando Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este juzgado a recoger los documentos que exhibió, sin que dentro de ese lapso lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veintinueve de mayo del año en curso y se ordena su destrucción.

  2. Principal

    Como de autos se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de abril de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el juicio, sin que lo haya hecho, en consecuencia se declara firme.Por otra parte, toda vez que el presente ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese el expediente como asunto concluido.Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.El presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó el juicio y se negó la suspensión respecto de todos los actos reclamados, glósese el original del cuaderno incidental. En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre el plazo para su destrucción, remítase al legajo correspondiente. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula del expediente.Devuélvase a la autoridad responsable, el cuaderno de pruebas, que se formó con las constancias que remitió al rendir su informe justificado.Toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que acuda a este juzgado de Distrito a recogerlos dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique.Apercibida que de no acudir por estos, en el plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Como de la razón actuarial de cuenta se advierten los motivos por los cuales no fue posible notificar a los terceros interesados Hipotecaria Nacional, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto limitado, grupo financiero BBVA Bancomer, hoy Hipotecaria Nacional, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, grupo financiero BBVA Bancomer y Adolfo Villalpando Sánchez, la resolución engrosada de treinta de abril del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíqueseles por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal. por este medio de lista se notifica a los terceros interesados Hipotecaria Nacional, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto limitado, grupo financiero BBVA Bancomer, hoy Hipotecaria Nacional, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, grupo financiero BBVA Bancomer y Adolfo Villalpando Sánchez, la resolución engrosada de treinta de abril del año en curso, mediante el cual se sobresee en el presente juicio de garantías.

  4. Principal

    aviso por este medio de lista se notifica a la quejosa la SENTENCIA que dice: Zapopan, Jalisco, treinta de abril de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante oficio signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del tercer Circuito, se declara incompetente para conocer de la presente demanda de amparo y la remite con sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en esta entidad, Jorge Alonso Escudero Carvajal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "3.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- Se señala como AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA al C. Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en la Ciudad Judicial en Zapopan, Jalisco: y como AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA al C. Secretario Ejecutor Adscrito al Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco" "4.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, se reclama la orden de entrega de la posesión al adjudicatario dictada con fecha 09 de enero del presente año, ordenada en el expediente 388/2010 que se tramita ante dicha autoridad, del inmueble que el suscrito quejoso tengo la posesión, el cual se encuentra ubicado en la finca urbana marcada con el número 1734 mil setecientos treinta y cuatro de la calle Avilés del Fraccionamiento Urbi Paseos de Santiago, Etapa 1, en el municipio de Tonalá, Jalisco; inmueble del cual soy ARRENDATARIO desde diciembre del año de 2009 dos mil nueve, derivado del contrato de arrendamiento que celebré con el señor ADOLFO VILLALPANDO SANCHEZ como arrendador, así como se le reclaman todos los actos, tendientes a privarme y limitar mis derechos de posesión de dicho inmueble, toda vez que jamás he sido oído ni vencido en dicho procedimiento.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA.- Se reclama la inminente ejecución de la orden de desposes ión dada por la autoridad ordenadora, respecto del inmueble descrito en el párrafo que antecede. y que deriva del juicio Civil Sumario Hipotecario tramitado bajo número de expediente 388/2010 del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco" La parte quejosa indicó como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por proveído de trece de febrero de dos mil dieciocho, previa prevención cumplida en el presente juicio registrado con el número 84/2018; se aceptó competencia y se admitió la presente demanda de amparo, se requirió su informe de ley a la autoridad señalada como responsable, se dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este tribunal, la intervención legal que le compete y, finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Aclaración en cuanto a las tesis y jurisprudencias que se invocarán. cabe señalar que las tesis y jurisprudencias que se invocarán y, que fueron las primeras emitidas y las segundas integradas en fecha anterior a la relativa a la entrada en vigor de la mencionada nueva Ley de Amparo (es decir, antes del tres de abril de dos mil trece), quien hoy resuelve estima viable su aplicación por no resultar su texto contrario a la legislación de que se trata (salvo que se haga acotación distinta en algún caso particular), según lo autoriza el ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO del propio cuerpo legal en comento. SEGUNDO. Determinación de la competencia. Este juzgado federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1º y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Debido a que los actos reclamados derivan de un juicio de naturaleza mercanril, cuya ejecución se encuentra en el lugar en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. TERCERO. Especificación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , previo a cualquier otra cuestión es menester dejar establecido qué es lo que se reclama a fin de estar en aptitud de realizar un examen adecuado del caso en cuestión, en principio, respecto a la existencia de lo controvertido, luego por cuanto hace a la procedencia de la acción constitucional en su contra y, en su caso, del fondo del asunto. Por lo que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La orden de entrega de la posesión de la finca marcada con el número 1734 de la calle Avilés, fraccionamiento Urbi Paseos de Santiago, etapa 1, en Tonalá, Jalisco, dentro del juicio 388/2010 del índice del Juzgado señalado como responsable, teniendo el carácter de arrendatario desde diciembre de dos mil nueve, de acuerdo con el contrato celebrado con Adolfo Villalpando Sánchez como arrendador. CUARTO. Determinación acerca de la existencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo . Con el objeto de colmar ese examen prioritario (existencia o no de lo impugnado), cabe señalar que las autoridades responsables que enseguida se especifican, rindieron su informe justificado en las fojas que se indican en la siguiente tabla y con la manifestación, respecto a si es verídico o no el actuar que se les atribuye, que en cada caso se precisa: Autoridad responsable: Fojas: Manifestación: Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco 4 Aceptó Secretario Ejecutor adscrito al Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco 40 Aceptó Lo anterior conduce a las determinaciones siguientes: Es cierto el acto que se reclama a la responsable, ya que del contenido literal de su informe así lo manifestaron, lo que se robustece con las constancias que integran el juicio de origen, del cual se advierte que en el folio 317 del tomo I de los cuadernos de pruebas, existen las actuaciones materia del acto reclamado, del que se aprecia que su elaboración correspondió a tales autoridades. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías. Previo a estudiar los conceptos de violación, respecto del acto reclamado por Jorge Alonso Escudero Carvajal, quien hoy resuelve señala que no se estudiará el fondo del presente juicio, toda vez que se advierte una causa de improcedencia y por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran el presente expediente se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto, en atención a que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Así, por cuestión de orden, resulta pertinente precisar que el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción I , precisa la persona que se ubica en el concepto de quejosa. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos a los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. Al respecto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al interpretar el contenido del artículo 107 de la Constitución vigente, que constituye la base constitucional de la actual redacción del artículo 5 de la Ley de Amparo, reglamentaria de aquél precepto, que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, del que es titular el agraviado, es decir, enfatizó, tenga un interés jurídico. De ese modo, el concepto titularidad de un derecho subjetivo, está asociada al interés jurídico. Sustenta lo anterior la tesis: "INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas" En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados. Al caso es aplicable la Jurisprudencia: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa" En suma, tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, para que proceda la acción constitucional es necesario que se acredite plenamente y no con base en presunciones, que la persona que ejerce la acción constitucional, es la titular del derecho subjetivo derivado de una norma o figura jurídica y que la afectación sea de manera personal y directa. Ahora, el quejoso Jorge Alonso Escudero Carvajal, acude al presente juicio de amparo como tercero extraño típico, reclamando la inminente orden de lanzamiento dictada en su contra, respecto de la finca marcada con el número 1734 de la calle Avilés, fraccionamiento Urbi Paseos de Santiago, etapa 1, en Tonalá, Jalisco, dentro del procedimiento de origen 388/2010, tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, inmueble respecto del cual, según manifestación del citado Escudero Carvajal, ostenta tener en posesión por virtud de un contrato de arrendamiento, por lo que, sostiene, se violan en su perjuicio los derechos tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución. Tomando en consideración la naturaleza de tercero extraño a juicio que detenta la parte quejosa, la cual se corrobora en razón de que de las constancias que la autoridad responsable remitió al rendir su informe justificado , se advierte que no es parte en dicho procedimiento, habida cuenta que en ese juicio la parte actora es Hipotecaria Nacional, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto limitado, grupo financiero BBVA Bancomer, con la denominación actual de Hipotecaria Nacional, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, grupo financiero BBVA Bancomer y el demandado es Adolfo Villalpando Sánchez; entonces, resulta indispensable que el solicitante acredite fehacientemente el interés jurídico por el cual dice tener derecho de posesión, en atención a que ese es el supuesto básico en que descansa su reclamo. Conviene precisar que, el promovente de amparo hace derivar su derecho de posesión, al ser arrendatario de la finca marcada con el número 1734 de la calle Avilés, fraccionamiento Urbi Paseos de Santiago, etapa 1, en Tonalá, Jalisco. En ese orden, la parte quejosa queda obligado a demostrar que cuenta con un título jurídico como causa generadora de esa posesión, es decir, de la finca controvertida. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la tesis: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos" Precisado lo anterior, o sea, que la acción constitucional tiene como presupuesto la comprobación plena del derecho de propiedad y posesión que dice el quejoso le asiste, lo que sigue es determinar si éste acreditó dicha posesión o no, ya que de lo contrario, la consecuencia necesariamente deberá ser que carece de interés jurídico para acudir en demanda de amparo. En ese contexto, el accionante del presente procedimiento de amparo a efecto de acreditar su interés jurídico, esto es, ser poseedor a título de arrendatario del aludido inmueble, ofertó como elemento de prueba, el siguiente: Documental privada, consistente en la copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado el diez de diciembre de dos mil nueve, entre Adolfo Villalpando Sánchez (arrendador) y Jorge Alonso Escudero Carvajal (arrendatario) respecto de la finca marcada con el número 1734 de la calle Avilés, fraccionamiento Urbi Paseos de Santiago, etapa 1, en Tonalá, Jalisco, documento que obra a folios 10 a 12 de autos. La certificación que ostenta dicho contrato es del tenor siguiente: "EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO, A LOS 16 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, YO SALVADOR GARCÍA RODRÍGUEZ, NOTARIO PÚBLICO TTITULAR NÚMERO 32 TREINTA Y DOS, DE ESTA CIUDAD CAPITAL Y ZONA METRROPOLITANA,--- CERTIFICO:--- QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL; LA CUAL TUVE A LA VISTA Y DE DONDE SE COMPULSÓ; VA EN (3) TRES FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR UN SOLO LADO; QUE EXPIDO A SOLICITUD DEL SEÑOR JORGE ALONSO ESCUDERO CARBAJAL; QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 1653619829 UNO, SEIS, CINCO, TRES, SEIS, UNO, NUEVE, OCHO, DOS, NUEVE EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE LE CONVENGAN.- DOY FE. ----" (folio 12 vuelta). Sin embargo, el anterior elemento de prueba no adquiere eficacia probatoria plena para acreditar el interés requerido para la procedencia del presente juicio constitucional. Esto es así, porque, adquirió fecha cierta con posterioridad a la emisión del acto reclamado, ya que en el juicio civil sumario hipotecario 388/2010, se ordenó la desocupación y entrega del inmueble controvertido el diez de enero de dos mil dieciocho, en tanto que el contrato privado de arrendamiento adquirió fecha cierta, a partir de la certificación realizada por el Notario Público treinta y dos de Guadalajara, Jalisco, esto es, hasta el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Sustenta lo anterior, la tesis: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él" Por tanto, se estima que el acto reclamado se efectuó con anterioridad a la data en que el contrato de arrendamiento adquirió fecha cierta; característica que es importante, porque sólo de esa forma se puede obtener la certeza jurídica de la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió. Al caso es aplicable la Jurisprudencia: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades" Por tanto, se itera, el aludido contrato no es apto para justificar el interés jurídico del quejoso, pues sólo lo sería, si aquella característica la hubiera alcanzado con anticipación a los mencionados actos, como lo establece el criterio jurisprudencial transcrito. Por ende, no puede sostenerse con certeza y sin género de duda, que el quejoso ya era arrendatario del inmueble cuya privación reclama, desde la fecha en que aparentemente se celebró, sino a partir de cuando adquirió fecha cierta, que lo fue, se repite, hasta el dieciséis de enero del año en curso; de ahí que, si ésta es posterior a la en que se sucedieron los actos que impugna, no puede afirmarse que se ve afectado en su interés jurídico. Concluyentemente, ante la mencionada causal de improcedencia, se impone sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Jorge Alonso Escudero Carvajal, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable, precisada ésta y aquél en el considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, asistido del secretario Alejandro Torres Ángel, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta de abril dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. PARTE FINAL DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL treinta de abril de dos mil dieciocho, EN EL JUICIO DE AMPARO 84/2018; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. CONSTE.

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