Jorge Alonso Castillo Rutiaga
Expediente 223/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 16/07/2019
Partes del expediente
- Jorge Alonso Castillo Rutiaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido.
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PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ****, en contra del acto reclamado y las autoridades precisadas en el tercer considerando de esta resolución, por los motivos y fundamentos ahí expuestos. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos cuarto y quinto de este fallo.
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Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *** con el que pretende ampliar su demanda de amparo al desahogar el requerimiento que se le formuló en proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, para que en el plazo de quince días, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juzgado Único de Primera Instancia Penal en esta ciudad. Sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que el plazo otorgado feneció el siete de junio del año en curso y, por tanto, resulta improcedente su pretensión, en atención a las siguientes consideraciones. A criterio de quien esto resuelve en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, que establece Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." (Lo subrayado es propio). Igualmente, es necesario señalar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que disponen Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo en vigor, precisa que el plazo para la interposición de la demanda se contará, entre otros casos, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, conforme a la Ley que rige el propio acto, cuando haya tenido conocimiento del mismo o se ostente sabedor. De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo promovido fuera de ese plazo será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Como se anticipó en el presente caso, la ampliación de la demanda de amparo el quejoso la hace consistir en la orden de reaprehensión dictada en su contra por el Juez Único de Primera Instancia Penal en esta ciudad, en el oficio 132-I, de treinta de enero de dos mil diecinueve, en la causa penal 697/2017, lo que se advirtió del informe justificado rendido por el Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial de Zona Ensenada. Determinación que fue notificada a la parte quejosa el dieciséis de mayo siguiente, al darle vista con el informe rendido por dicha autoridad, y requerirlo para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda, según se advierte de la cédula de notificación que obra glosada en autos (fojas 36 a 38), la cual que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia *** Ahora bien, atendiendo a la normatividad procesal que rige el acto de la materia, siendo en este caso el Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Baja California, específicamente en su artículo 53 establece Artículo 53.- Cómputo de plazos procesales.- Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en éstos los sábados, los domingos ni los días que sean inhábiles por cualquier causa, a no ser que se trate de poner a disposición de la autoridad judicial al detenido, de tomarle la declaración preparatoria o de resolver su situación jurídica constitucional". De lo anterior, se advierte que en los asuntos de carácter penal los términos comenzarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiera hecho la notificación relativa, como el que nos ocupa en el caso. Entendiéndose lo anterior que para el legislador local las notificaciones surten efectos en el momento mismo en que se realicen. Apoya al anterior razonamiento, por igualdad de razón la jurisprudencia*** Por tanto, el plazo del quejoso respecto de la notificación del acto reclamado empezó a contarse desde el día siguiente hábil al que le fue practicada la notificación, esto es, desde el veinte de mayo del año en curso. De ahí, es inconcuso que a partir de esa fecha fue que el quejoso conoció el contenido del acto reclamado, el cual pretende ampliar y se encontró en aptitud de combatirlo en juicio constitucional. Bajo esa óptica, debe señalarse que el plazo de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, empezó a transcurrir del veinte de mayo al siete de junio de esta anualidad, sin contar los días veinticinco y veintiséis de mayo y uno y dos de junio del año que transcurre, por ser inhábiles. Brinda apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia *** Por consiguiente, si la petición de ampliación de demanda de amparo, respecto un nuevo acto reclamado fue presentada hasta el día trece de junio de esta anualidad, según se observa del sello de recepción de la oficialía de partes de este juzgado; es evidente que dicha ampliación resulta extemporánea, y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente la ampliación en comento. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis visible en la página*** Sin que sea óbice para lo anterior, que el acto reclamado y por el que el quejoso pretende ampliar su demanda respecto del Juez Único de Primera Instancia Penal en esta ciudad, sea una orden de reaprehensión dictada en su contra en el oficio 132-I, de treinta de enero de dos mil diecinueve, en la causa penal 697/2017, según se advirtió del informe justificado rendido por el Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial de Zona Ensenada. Esto en virtud de que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, lo que encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia*** En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de la demanda de amparo respecto de la Juez Único de Primera Instancia Penal en esta ciudad, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable. En esa tesitura, el solicitante del amparo deberá estarse a lo acordado el once del mes y año en curso, cuando se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, y se ordenó seguir el trámite del presente juicio únicamente por las autoridades responsables y actos reclamados que señaló en su escrito inicial.
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