Jorge Alonso Castillo Rutiaga
Expediente 384/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/08/2019
Partes del expediente
- Jorge Alonso Castillo Rutiaga
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EL VEINTIDÓS DE AGOSTO ACTUAL, EN EL DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: ".Ensenada, Baja California, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo concedido a la parte promovente del amparo, para que en su caso, diera cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dos de agosto del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por no presentada la demanda promovida por Jorge Alonso Castillo Rutiaga, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL SIETE DE AGOSTO ACTUAL, EN EL DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA JORGE ALONSO CASTILLO RUTIAGA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "..Ensenada, Baja California, dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista; la demanda de amparo promovida por Jorge Alonso Castillo Rutiaga, por propio derecho contra los actos que reclama del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 384/2018-IV. Sin que sea el caso decretar la suspensión de oficio, toda vez que si bien el quejoso manifiesta que en caso de ser detenido probablemente sea objeto de agresiones a su integridad física; no se está en presencia real y actual de alguno de esos supuestos o de cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, ya que actualmente goza de su libertad personal. No obstante la alegación que al respecto se realice en vía de conceptos de violación, será materia de análisis en el fondo del asunto. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial número .3o.A.J/7 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Página 951, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." En ese tenor, previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3o., 108 fracciones III y V y 114 fracción II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente de la demanda aludida para que por escrito y con las copias necesarias del escrito aclaratorio para el completo traslado a las partes, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que le surtan efectos legales la notificación de este proveído: Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al juez penal que emitió el acto reclamado; lo anterior es así, al contravenirse una orden de aprehensión o reaprehensión las cuales son emitidas por dichas autoridades jurisdiccionales de acuerdo al artículo 16 de la Constitución Federal. En caso de señalar como responsable a dicha autoridad, exprese bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados y demás requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, debiendo adjuntar a su escrito aclaratorio una copia de la demanda para dicha autoridad. La jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Lo anterior, a fin de evitar alguna posible irregularidad en el procedimiento, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo y forma propuesta, se tendrá por no presentada dicha demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 penúltimo párrafo, en relación con las fracciones I y II del mismo numeral, de la Ley de Amparo. Asimismo, dígase al promovente, que el referido requerimiento deberá ser desahogado por él y no por conducto de sus autorizados, ya que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo. Lo cual tiene sustento, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, visible a página 348, materia común, con número de registro 174745, cuyo rubro y contenido a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." En otro aspecto, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Rubén Arenivar Garza, Guillermo Sam Rodríguez, Emanuel Bastida Esttrada y Eduardo Herbé Ortega Méndez, ya que del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Paola Alejandra Sam Aguirre ya que su cedula no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente solo para oír y recibir notificaciones a Dayan Ivette García Santacruz y Blanca Julieta López López, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Por otra parte, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de este órgano jurisdiccional, para que realice las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este juicio de amparo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3ro de la Ley de Amparo, se ordena a digitalizar la demanda, el presente proveído, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior se integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al Secretario que da fe proceda a realizar la certificación exigida por el propio dispositivo legal.
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