Jorge Alfredo Silva Chávez

Expediente 611/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
611/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alfredo Silva Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes,

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: -Sobreseimiento fuera de audiencia- Agréguese para que obre como corresponda, el oficio de la Administradora de Causas del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, mediante el cual informe que en audiencia de quince de julio del año en curso, se concedió al quejoso la suspensión condicional del proceso, imponiéndosele las condiciones mencionadas en ese comunicado y que se ordenó levantar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que decretó la libertad del peticionario de amparo. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba, la que desahoga dada su especial naturaleza, el disco compacto exhibido por la autoridad responsable. Ahora, esencialmente, el quejoso reclama del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial del Estado, con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado y del Director de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio de Pabellón de Arteaga, de esta entidad federativa, que no fue citado en la carpeta de investigación, la detención y la medida cautelar que le fue impuesta consistente en prisión preventiva. Los actos reclamados se mencionan de esa manera aun cuando el quejoso señala como tal la orden de aprehensión, sin embargo, de lo expuesto en la demanda y por las autoridades responsables se advierte que el quejoso no fue detenido con motivo de una orden de aprehensión que haya sido girada por el juez responsable. En el particular sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". Para fijar el alcance de esta causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las transgresiones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido vulneradas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, conforme a la causal en análisis, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. De autos se advierte que en audiencia celebrada el seis de junio del año en curso, se calificó legal la detención del quejoso, en la carpeta digital 256/2021, por el hecho calificado como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en su variante de venta; asimismo, se le impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El once del mismo mes y anualidad se llevó a cabo la continuación de la audiencia, en la que se decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, dejándose subsistente la medida cautelar. Mediante el oficio de cuenta, el juzgado responsable informó que el quince de julio de la anualidad actual tuvo verificativo audiencia en la que se concedió al quejoso la suspensión condicional del proceso, imponiéndosele las condiciones previstas en el artículo 195, fracciones I, II, VIII, IV Y XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales; de igual manera, el juez de control ordenó la libertad del ahora peticionario de amparo; lo cual se corrobora con el archivo que contiene el dicto compacto, con valor probatorio en términos de los ordinales 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio porque, ante la autorización el juez respecto de la solicitud del quejoso sobre la suspensión condicional del proceso, para lo cual se le fijaron al quejoso diversas medidas a cumplir, así como al haber decretado la libertad del quejoso, en esta instancia no pueden examinarse válidamente los actos reclamados consistentes en la falta de citación al peticionario de amparo en la carpeta de investigación, su detención y la medida cautelar de prisión preventiva, porque, eventualmente, la decisión sobre el otorgamiento de la protección constitucional repercutiría en la autorización de la solución alterna del procedimiento consistente en la suspensión condicional del proceso, en virtud de la cual se impusieron condiciones al quejoso. De tal manera que, eventualmente, de concederse la protección constitucional respecto de los actos aquí reclamados, los efectos no podrían concretarse debido a que existe la resolución que concedió al quejoso la suspensión condicional del proceso como solución alterna del procedimiento. Como apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Partiendo de lo anterior, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las once horas con treinta minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante la secretaria Alejandra Lizeth Barraza Canales, quien autoriza y da fe, dentro del Juicio de Amparo 611/2021-IV.

  3. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, veintidós de julio de dos mil veintiuno. -Sobreseimiento fuera de audiencia- Agréguese para que obre como corresponda, el oficio de la Administradora de Causas del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, mediante el cual informe que en audiencia de quince de julio del año en curso, se concedió al quejoso la suspensión condicional del proceso, imponiéndosele las condiciones mencionadas en ese comunicado y que se ordenó levantar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que decretó la libertad del peticionario de amparo. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba, la que desahoga dada su especial naturaleza, el disco compacto exhibido por la autoridad responsable. Ahora, esencialmente, el quejoso reclama del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial del Estado, con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado y del Director de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio de Pabellón de Arteaga, de esta entidad federativa, que no fue citado en la carpeta de investigación, la detención y la medida cautelar que le fue impuesta consistente en prisión preventiva. Los actos reclamados se mencionan de esa manera aun cuando el quejoso señala como tal la orden de aprehensión, sin embargo, de lo expuesto en la demanda y por las autoridades responsables se advierte que el quejoso no fue detenido con motivo de una orden de aprehensión que haya sido girada por el juez responsable. En el particular sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". Para fijar el alcance de esta causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las transgresiones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido vulneradas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, conforme a la causal en análisis, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. De autos se advierte que en audiencia celebrada el seis de junio del año en curso, se calificó legal la detención del quejoso, en la carpeta digital 256/2021, por el hecho calificado como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en su variante de venta; asimismo, se le impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El once del mismo mes y anualidad se llevó a cabo la continuación de la audiencia, en la que se decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, dejándose subsistente la medida cautelar. Mediante el oficio de cuenta, el juzgado responsable informó que el quince de julio de la anualidad actual tuvo verificativo audiencia en la que se concedió al quejoso la suspensión condicional del proceso, imponiéndosele las condiciones previstas en el artículo 195, fracciones I, II, VIII, IV Y XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales; de igual manera, el juez de control ordenó la libertad del ahora peticionario de amparo; lo cual se corrobora con el archivo que contiene el dicto compacto, con valor probatorio en términos de los ordinales 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio porque, ante la autorización el juez respecto de la solicitud del quejoso sobre la suspensión condicional del proceso, para lo cual se le fijaron al quejoso diversas medidas a cumplir, así como al haber decretado la libertad del quejoso, en esta instancia no pueden examinarse válidamente los actos reclamados consistentes en la falta de citación al peticionario de amparo en la carpeta de investigación, su detención y la medida cautelar de prisión preventiva, porque, eventualmente, la decisión sobre el otorgamiento de la protección constitucional repercutiría en la autorización de la solución alterna del procedimiento consistente en la suspensión condicional del proceso, en virtud de la cual se impusieron condiciones al quejoso. De tal manera que, eventualmente, de concederse la protección constitucional respecto de los actos aquí reclamados, los efectos no podrían concretarse debido a que existe la resolución que concedió al quejoso la suspensión condicional del proceso como solución alterna del procedimiento. Como apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Partiendo de lo anterior, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las once horas con treinta minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante la secretaria Alejandra Lizeth Barraza Canales, quien autoriza y da fe, dentro del Juicio de Amparo 611/2021-IV.

  4. Principal

    -Difiere- Visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveído de seis de julio del presente año, se señalaron el día nueve de julio del año en curso o bien el catorce del mismo mes y año, a efecto de que el quejoso Jorge Alfredo Silva Chávez ratifique el escrito por el cual manifiesta su deseo de desistirse de la acción constitucional. De igual manera se desprende que no han surtido efectos las notificaciones a la parte quejosa respecto de los proveídos de veinticinco y treinta de junio del año en curso, a efecto de que se impongan de los informes justificados de las autoridades responsables, cuya notificación se ordenó de manera personal. Para dar oportunidad a lo anterior, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; consecuentemente se difiere la misma para las once horas con treinta minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a las demás partes

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