Jorge Alfredo Montaudon Blancarte

Expediente 1042/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1042/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
05/12/2017

Partes del expediente

  • Jorge Alfredo Montaudon Blancarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se ordenó acordar lo relativo. Al efecto, se acuerda. ARCHIVO De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos, se ordena el archivo de los cuadernos incidentales. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar, se determina que el original de dicho incidente es susceptible de depuración, ya que se ubica en la fracción III, último párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión y se destruirá el resto de las mismas, por considerarse que no tienen relevancia. Por otro lado, el duplicado del incidente, podrá ser destruido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción II, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciar en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal de los cuadernos incidentales se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. E. APERCIBIMIENTO En consideración de que en el presente caso, no acontece el supuesto que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, se omite proveer del apartado E), del presente auto. F. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales conducentes. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable y tercero interesado, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente se formó el duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Se hace constar que las partes no exhibieron pruebas documentales que deban devolvérseles, por lo que se deja de proveer lo relativo. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo, a las autoridades responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio, por ende este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar".

  3. Principal

    Visto, el pedimento 371/2017 del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual formula alegatos, y solicita se le expida copia simple de la resolución que se dicte. Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el quince de noviembre del año en curso, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia, por cesación del acto reclamado. Asimismo con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, a contrario sensu, expídasele a su costa la copia simple que solicita, previa toma de razón y de recibo que se deje en autos para constancia.

  4. Principal

    Visto; el estado de autos y las constancias que anexó a su informe justificado, de los que se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en la resolución reclamada declinó la competencia de la causa penal 284/2016-II al Centro de Justicia Penal Federal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, misma que fue aceptada el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Mediante oficio 2902/2017, el Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó que en audiencia de veintinueve de septiembre del año en curso, el Juez de Control, determinó al existir violación de derechos fundamentales del quejoso, declarar la nulidad del auto de formal prisión reclamado en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Ahora bien, de las constancias que obran en autos, así como lo informado por la autoridad responsable y el Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo Vigente. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: ".El auto constitucional de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 284/2016; así como la orden de la responsable de identificar administrativamente al quejoso y su ejecución.". Es necesario precisar que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fue sustituida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, al haber declinado la competencia de la causa penal referida, y al haberse aceptado dicha competencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable y por lo informado por el Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a las cuales se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues en audiencia de veintinueve de septiembre del año en curso, el Juez de Control, determinó declarar la nulidad del auto de formal prisión y al suceder ello cesaron los efectos del acto reclamado. En ese tenor, es innegable que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo, dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados, acto que es de conocimiento de la parte quejosa, pues de la reproducción del audio y video de la diligencia referida se advierte que fueron presentes. Dicha situación se equipara a la restitución al peticionario de amparo, en el goce de sus derechos humanos que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, ya que la actuación, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y epígrafe señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Director del Centro Estatal de Prevención y Readaptación Social número 14, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, pues se advierte que fue reclamado en vía de consecuencia. Máxime que de la resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, al emitir el auto de formal prisión de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en su considerando sexto se reservó de proveer lo relativo a la ficha signalética e informe de previos ingresos a prisión que haya tenido el quejoso, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

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