Jorge Alfredo García Vásquez

Expediente 1872/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1872/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alfredo García Vásquez
  • Titular de la Oficina de Representacion del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Secretario de este Juzgado, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    ...Vista la cuenta; agréguense a los autos únicamente para que obren como legalmente correspondan los oficios 2051/2022 y 2073/2022 de la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Compostela, Nayarit, toda vez que el seis de septiembre del año en curso, se resolvió en definitiva este juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma LILIA INÉS BELTRÁN QUIÑONES, SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FUNCIONES DE JUEZA, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado actual que guardan los autos, se advierte que la tercera interesada Eva Quiroz Rodríguez, no se encuentra vinculada a este juicio de derechos fundamentales, dado que no fue posible su localización en el domicilio proporcionado por la parte quejosa. Por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas "4", Gerente de Teléfonos de México, Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Director de Predial y Catastro, Instituto Nacional Electoral, Director de la Cámara de Comercio y Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informen si cuentan con algún domicilio registrado a nombre de Eva Quiroz Rodríguez, y de ser así lo proporcionen a este Juzgado de Distrito. Apercibidos que de no atender este requerimiento, se les impondrá multa por el equivalente a diez días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, en términos de los artículos 59, fracción I, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, conforme numeral 2° de este último cuerpo de leyes. En la inteligencia de que, una vez agotado el procedimiento de búsqueda de la mencionada tercera, se ordenará el emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Con independencia de ello, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, informe si cuenta con domicilio distinto de citada tercera, al que ya hubiere aportado con anterioridad en este procedimiento. Para dar oportunidad a ello, se difiere la audiencia constitucional para las diez horas con treinta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rodrigo Rodríguez Rojas, a favor de ********************, de nacionalidad hondureña, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1872/2022-2-M, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra en las instalaciones de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y como actos reclamados la orden y ejecución de la orden de deportación y/o expulsión y/o rechazo y/o devolución al país de origen, privación de la libertad y/o retención y/o detención, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente, el quejoso se encuentra interno en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que el quejoso directo en su calidad de extranjero (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales), se ubique en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogado particular. Ahora bien, este órgano de control constitucional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ". A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria" Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia Ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado Mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio del quejoso la orden y ejecución de la orden de deportación y/o expulsión y/o rechazo y/o devolución al país de origen, privación de la libertad y/o retención y/o detención; asimismo, instruya la inmediata libertad de ********************, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfaga los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materias Común y Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2016412, del rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que el quejoso pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite al agraviado circular en esta localidad. Sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si el quejoso no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenido por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este Juzgado. Si la privación de libertad del quejoso no obedeció a la comisión de flagrante delito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de la Materia, se decreta la suspensión de plano en favor de ********************, para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad. Y en caso de existir flagrancia o urgencia respecto de su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que el justiciable fue puesto a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerlo a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por las autoridades competentes, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas, precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrán hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 899-926-51-63, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíeseles copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo, además, hacer del conocimiento del quejoso, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, y se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 170578, del título: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, o en lugar diverso destinado por esa dependencia como albergue de extranjeros, con el propósito de que verifique si en alguno de esos sitios permanece ********************; de ser así, le notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que el directo quejoso no sea localizado como recluido o albergado en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que el quejoso hubiese sido puesto a disposición de una autoridad distinta a las señaladas como responsables, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentre; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios Judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que el quejoso no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que el mismo entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. Asimismo, por cuestiones de seguridad debido a la violencia que impera en la actualidad en esta ciudad, se faculta a la Actuaria de la adscripción que corresponda, para que cuando amerite realizar pluralidad considerable de notificaciones a diversos quejosos y ello sea en horario nocturno, las efectúe a primera hora del día siguiente, con excepción de la relativa a la autoridad responsable, la cual deberá llevarse a cabo de manera inmediata. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a la autoridad responsable, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional. De conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, atento a la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto que el directo quejoso no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor, según sea el caso, a una multa equivalente a treinta o cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 240, en relación con el 11, y 259, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados en los términos que señala, a los citados en la demanda de amparo; respecto a la petición de accesar al tribunal electrónico, una vez que proporcione el nombre de usuario, se acordará lo conducente. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante el oficio que se gire, deberá verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado a firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento al Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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