Jorge Alfonso Sanchez Herrera

Expediente 1251/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1251/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alfonso Sanchez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General citado; por tanto, ambos son susceptibles de destrucción. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de que se dictó el presente acuerdo, destrúyase este expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace notar que en el presente juicio de amparo no se aperturó incidente de suspensión, ni obran constancias originales ofrecidas por la parte quejosa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA.- I Visto lo de cuenta; se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. A lo anterior se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos. Asimismo, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Además, hacen valer causales de improcedencia, mismas que de ser procedentes serán tomadas en consideración en la resolución que se dicte en el presente asunto. Igualmente, respecto a las personas que se señalan como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. De igual forma, se toma conocimiento de las manifestaciones relativas a la inexistencia de diverso juicio de amparo relacionado con el acto que se reclama en la presente instancia constitucional. Ahora bien, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado en esencia la omisión de las autoridades responsables para emplazar a la parte demandada Fomento de Servicios y Mantenimiento Asociación Civil, al juicio laboral ****. Sin embargo, de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, se aprecia que el trece de octubre de dos mil veintiuno, las partes en el juicio laboral de origen celebraron convenio, con el cual la autoridad responsable dio por concluido el expediente de origen, ordenando el archivo del mismo. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". Al respecto, debe decirse que existe cambio de situación jurídica cuando la resolución que constituye el acto reclamado ha sido substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación. Por regla general, para que opere un cambio de situación jurídica, deben ocurrir los siguientes supuestos: a) Acto reclamado emane de procedimiento judicial, o administrativo seguido en forma de juicio, b) Se pronuncie resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, dentro del juicio laboral **** del cual emanan los actos reclamados, se desprende que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el trece de octubre de dos mil veintiuno, tuvieron por presentadas a las partes del juicio laboral de origen celebrando convenio, con el cual la se dio por concluido el expediente de origen, ordenando el archivo del mismo. En el caso, es indudable que ha sobrevenido un cambio de situación jurídica en la esfera de la parte quejosa, pues la situación actual del juicio laboral está sentada en el acuerdo dictado el trece de octubre de dos mil veintiuno. Así las cosas, en virtud del cambio de situación jurídica, debe considerarse consumada de modo irreparable la violación alegada respecto de la omisión de la junta responsable de realizar el emplazamiento de la parte demandada, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. IRV

  3. Principal

    CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU SINTESIS DICE: Visto lo de cuenta; se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. A lo anterior se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos. Asimismo, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Además, hacen valer causales de improcedencia, mismas que de ser procedentes serán tomadas en consideración en la resolución que se dicte en el presente asunto. Igualmente, respecto a las personas que se señalan como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. De igual forma, se toma conocimiento de las manifestaciones relativas a la inexistencia de diverso juicio de amparo relacionado con el acto que se reclama en la presente instancia constitucional. Ahora bien, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado en esencia la omisión de las autoridades responsables para emplazar a la parte demandada Fomento de Servicios y Mantenimiento Asociación Civil, al juicio laboral ****. Sin embargo, de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, se aprecia que el trece de octubre de dos mil veintiuno, las partes en el juicio laboral de origen celebraron convenio, con el cual la autoridad responsable dio por concluido el expediente de origen, ordenando el archivo del mismo. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". Al respecto, debe decirse que existe cambio de situación jurídica cuando la resolución que constituye el acto reclamado ha sido substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación. Por regla general, para que opere un cambio de situación jurídica, deben ocurrir los siguientes supuestos: a) Acto reclamado emane de procedimiento judicial, o administrativo seguido en forma de juicio, b) Se pronuncie resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, dentro del juicio laboral **** del cual emanan los actos reclamados, se desprende que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el trece de octubre de dos mil veintiuno, tuvieron por presentadas a las partes del juicio laboral de origen celebrando convenio, con el cual la se dio por concluido el expediente de origen, ordenando el archivo del mismo. En el caso, es indudable que ha sobrevenido un cambio de situación jurídica en la esfera de la parte quejosa, pues la situación actual del juicio laboral está sentada en el acuerdo dictado el trece de octubre de dos mil veintiuno. Así las cosas, en virtud del cambio de situación jurídica, debe considerarse consumada de modo irreparable la violación alegada respecto de la omisión de la junta responsable de realizar el emplazamiento de la parte demandada, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno

  4. Principal

    CITATORIO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL ASESOR JURIDICO DEL QUEJOSO EL ACUERDO DICTADO EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "MESA XVisto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que en proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se reservó acordar lo procedente respecto al escrito presentado por el quejoso ***, mediante el cual ofreció diversas pruebas; por tanto, se levantan la reserva aludida y, al efecto, se provee lo siguiente: Como cuestión preliminar conviene señalar que este órgano jurisdiccional dio trámite al juicio de amparo promovido por el quejoso, en virtud de que reclamó actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivados de los hechos acaecidos el veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos. Ahora, del escrito de demanda suscrito por la parte quejosa, con el objeto de acreditar la existencia de los actos reclamados ofreció como pruebas de su parte, las que a continuación se enlistan: [...] Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a proveer sobre las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. Respecto del elemento probatorio contenido en el punto [1] consistente en las videograbaciones de veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, de las tres cámaras situadas en el comedor del módulo VII, del Centro Federal de Readaptación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, en el horario comprendido de las once a las catorce horas de ese día, admítase tal elemento de convicción y por tanto, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo, así como el diverso, 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Director del Centro Federal de Readaptación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, para que en el término de tres días remita a este órgano jurisdiccional las videograbaciones de la data, horario y lugar referidos previamente. Lo anterior, dada la naturaleza de los actos que por esta vía se reclaman, entre los cuales se encuentran los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que pudiera encontrarse el quejoso; por lo que resultan necesarias a efecto de este juzgado se encuentre en condiciones de valorar la idoneidad de las mismas, en su caso, como información indispensable para la adecuada defensa de las partes. Sin que pase inadvertida la posible clasificación de la información solicitada, pues como se ha dicho es necesaria para la resolución del presente asunto... En tales circunstancias, hágase del conocimiento a la autoridad requerida que la información proporcionada será resguardada con las reservas debidas de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Por otro lado, apercíbase a la autoridad penitenciaria de que en caso de no remitir los videos aludidos se generará la presunción de ser ciertos los hechos que la parte quejosa pretende acreditar con tales videograbaciones. Lo anterior es así, ya que tratándose de personas privadas de la libertad, la seguridad e integridad de los internos corre a cargo del Estado y de los Centros Penitenciarios en los que se encuentran recluidos, por tanto, la carga procesal probatoria para desvirtuar lo dicho por los internos corresponde al Estado. De igual forma, dentro el plazo señalado con antelación requiérase al Director del Centro Federal de Readaptación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, para que remita copia certificada las documentales siguientes: [...] En el entendido que, la documental indicada en el punto [8] consistente en la copia certificada de las bitácoras de novedades del módulo VII, relativas al día veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se trata de la misma ofrecida en el punto [3], de ahí que sea innecesario solicitar nuevamente su remisión dado que son las mismas probanzas... Por otra parte, no ha lugar a admitir el elemento de prueba ofrecido por la parte quejosa, consistente en [2] copia certificada e integra de su expediente médico, toda vez que la presente demanda de amparo únicamente se admitió respecto de los actos reclamados consistentes en el segregamiento, confinamiento y/o traslado en contra del quejoso, no así para darle seguimiento al tratamiento médico del quejoso, como lo pretende hacer valer, de ahí que, dicha documental no guarda relación con la litis del presente juicio. Por tanto, para dar margen a que lo anterior suceda, se difiere la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo.

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