Jorge Alfonso Espino Santillan

Expediente 922/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
922/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alfonso Espino Santillan

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****, quien se ostentó como defensor particular de *****, sin que la parte quejosa, lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    II.- Estado de México, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ****, quien se ostenta como defensor particular de ***, contra actos del Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, regístrese bajo el número 922/2020-II. Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En el caso, se advierte actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales, textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)". De dichos preceptos legales se puede establecer, que el juicio de amparo indirecto solo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o cosas ejecución de imposible reparación; en tanto, que afecten a los gobernados en forma inmediata e irreparable en sus derechos fundamentales, esencialmente los de carácter sustantivo. Entonces, sí el acto reclamado versa sobre la determinación pronunciada en la audiencia de dos de diciembre de dos mil veinte, en la que se declaró procedente la admisión de la técnica de investigación relativa a la prueba pericial en materia de análisis de voz de la quejosa, lo que incide en el ejercicio del derecho procesal de que se excluyan pruebas, las cuales constituyen los elementos para acreditar la participación del recurrente principal en la realización del hecho delictivo de que se trate; por lo tanto, ésta reviste el carácter intraprocesal, lo cual, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación para el impetrante de amparo, pues no se advierte privación alguna a sus derechos de defensa o alteración a los hechos materia de litis, sino que sus consecuencias son de orden eminentemente formal y procesal; en cuyo caso, de constituir una violación procesal que de trascender al resultado del fallo, puede ser combatida a través del amparo directo. Determinación que sustentó en la jurisprudencia publicada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205651, Núm. 56, Agosto de 1992, Pág. 11, de rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. .. De modo que si el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por ellos se entienden "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; por lo cual, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, siendo estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por compartirse los argumentos que la sustentan, se considera aplicable en lo conducente la tesis VII.2o.T.1 CS (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia (s) Constitucional, Común, Décima Época, página 1676, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DENTRO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL DEFINIR QUÉ SE ENTIENDE POR ELLOS, NO ES INCONSTITUCIONAL. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al señalar que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no viola el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se establece una hipótesis de procedencia del amparo indirecto, como lo es el que se promueva contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin precisar propiamente qué debe entenderse por "imposible reparación", en tanto que, precisamente, es en el primero de estos numerales en donde el legislador ordinario, en su afán reglamentario, define cuáles son esos actos de imposible reparación, y señala que son aquellos que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, no existe una antinomia entre lo preceptuado por dichos preceptos, esto es, que sus consecuencias jurídicas sean incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, impidiendo su aplicación simultánea; pues el contenido de la ley reglamentaria, al dejar puntualizado cuáles son esos actos de imposible reparación acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional, más que contravenir lo establecido por la Constitución complementa el fin esencial de reglamentar la procedencia del propio amparo. Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", .. si la parte quejosa reclama la determinación pronunciada en la audiencia de dos de diciembre de dos mil veinte, en la que se declaró procedente la admisión de la técnica de investigación relativa a la prueba pericial en materia de análisis de voz de la quejosa, es evidente que no se trata de un acto de imposible reparación, pues no afecta derechos sustantivos, de ahí que deba desecharse la demanda de amparo. Esto es así, porque el acto reclamado tiene como efecto que se lleve a cabo la toma de muestra de voz, como técnica de investigación, para ser tomada en consideración dentro de un proceso penal, lo que incide en el ejercicio de un derecho procesal, las cuales constituyen los elementos para acreditar en su caso la participación de la parte quejosa o de persona diversa en la realización del hecho delictivo, en el que, evidentemente no afecta derechos sustantivos, sino procesales. En el caso, es importante tener en consideración lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 907/2016, ya que una vez que hizo una descripción de las etapas en que se divide el juicio oral y enfatizar el objetivo que tiene la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, esto es, conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio, al contestar la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encontró la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. Lo anterior, en el entendido que la admisión de la prueba pericial en materia de análisis de voz decretada en el acto reclamado, no implica un acto de imposible reparación; por lo tanto, será hasta amparo directo cuando se esté en posibilidad de determinar si la misma tiene el carácter de ilícita o no, así tal determinación no es de imposible reparación, dado que de considerar que fue ilícita, para reponer en sus derechos al gobernado bastaría con excluir su análisis, con lo cual no se dejaría una consecuencia de imposible reparación. Por lo anterior, es que se reitera, el acto reclamado no es de imposible reparación ya que no afecta de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que únicamente produce efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, en caso de obtener sentencia definitiva favorable, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Lo expuesto encuentra fundamento, en lo conducente, en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que se inserta a continuación: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ... En consecuencia, si el acto reclamado es de naturaleza intraprocesal, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo que conduce a desechar la demanda de amparo que se promueve. Sin que lo anterior implique una lesión a los derechos humanos de la parte quejosa, porque aun cuando señale que éstos se han contravenido, ello no significa que el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin verificar dichos requisitos, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución; de ahí que, como se dijo, la determinación que se analiza no implica infracción a derecho humano alguno, pues no sería jurídicamente factible que bajo el amparo de éstos se dejen de observar las disposiciones de orden público y estudio preferente, como son en el juicio de amparo las causas de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. ... Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 374/2018, el siete de diciembre de dos mil dieciocho. Domicilio y autorizados. De conformidad con lo señalado en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones se practiquen de forma electrónica, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Por tanto, se ordena al oficial SISE autorice la consulta y la notificación electrónica del expediente al usuario ***ue corresponde a **** Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Frank Suriel Osorio Hernández, Hugo Humberto Olivares García, Israel ***simismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a *** Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico jesaqui@hotmail.com, que señala el quejoso, para los efectos legales a que haya lugar. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Notifíquese y por vía electrónica a la parte quejosa.

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